Abundan las metáforas para describir lo que significa, material y simbólicamente, el doble sismo que asoló el norte costero de Venezuela. Dos semanas después, las cifras oficiales reportan miles de muertos. Pero las historias que emergen desde el terreno revelan un llanto sobre otro llanto: la ineficacia del Estado en La Guaira, dos gobiernos y un solo gran desastre. Frente al horror surge una pregunta inevitable: ¿Cómo reconstruir el país?
Sin embargo, la diferencia no parece responder únicamente a la condición económica. En Caracas, un municipio de clase media alta administrado por el opositor Gustavo Duque respondió de otra manera. Allí se activaron protocolos de emergencia, evacuación y atención temprana.
Las primeras 48 horas dejaron al descubierto la parálisis del Estado chavista. Mientras los cadáveres permanecían en las aceras, los llamados desesperados para rescatar sobrevivientes inundaban las redes sociales y los micrófonos de los medios independientes.
Después llegaron otros ruegos. Con las heridas aún abiertas, muchos piden una retroexcavadora para remover toneladas de concreto y hierro “sin que me cobren un billete” —al menos 500 dólares diarios— y recuperar los cuerpos que se descomponen ante la impotencia de sus familiares. Bajo temperaturas superiores a los 30 grados, el olor de la muerte se instala sobre un paisaje que necesitará mucho más que infraestructura: requerirá una política pública de duelo, consuelo y reparación.
El doblete sísmico también hizo más visible la compleja trama del poder real en el país. Allí se sitúa el drama del protectorado de facto en que se ha convertido Venezuela desde el pasado 3 de enero.
Las delegaciones internacionales que llegaron para colaborar en las labores de emergencia recibieron una advertencia: en Venezuela operan dos gobiernos. El encabezado formalmente por Delcy Rodríguez y el que ejerce la tutela efectiva desde Estados Unidos.
Voceros estadounidenses, entre ellos el encargado de negocios John Barrett y el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, han informado sobre la ayuda internacional. Cerca de dos mil militares estadounidenses permanecen en territorio venezolano y asumieron, además, el control del tráfico aéreo en Maiquetía, principal aeropuerto del país que quedó inhabilitado por los sismos.
Distintas fotografías muestran a Barrett y a oficiales estadounidenses compartiendo cordialmente con el ministro del Interior, Diosdado Cabello, principal rostro del aparato represivo venezolano y sobre quien Estados Unidos mantiene una recompensa de 25 millones de dólares. Hasta hace poco parecían enemigos irreconciliables.
El terremoto confirmó, una vez más, el carácter profundamente pragmático del autoritarismo venezolano. Así como logró adaptarse a las sanciones internacionales, ahora parece acomodarse a una condición de tutela externa. Mientras Delcy Rodríguez insiste en que ella ejerce la autoridad, su hermano Jorge concentra buena parte de la gestión pública visible. La troika gobernante ?Cabello es la tercera pata? se reacomoda internamente.
En contraste, María Corina Machado —la líder política artífice del triunfo opositor del 28 de julio de 2024— permanece varada en Panamá en un intento frustrado por viajar a Venezuela. Según declaró el 7 de julio al periodista César Batiz, aún se construyen las condiciones para un regreso seguro al país.
En momentos como este, la acción política suele ser vista con desconfianza. Sin embargo, quizá nunca haya sido tan necesaria. Hace falta para denunciar la negligencia, proteger los derechos humanos, vigilar el destino de los recursos públicos, darle estructura a la protesta ciudadana y defender una República que atraviesa uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad.
Por elpais.com
