Algunos manifestantes en contra del gobierno de Venezuela se enfrentaron en mayo con las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro en Caracas. CreditMeridith Kohut para The New York Times
Las conversaciones preliminares de finales de mayo entre representantes del gobierno de Venezuela y la oposición democrática, facilitadas por el gobierno de Noruega y celebradas en ese país, representan un primer paso decisivo hacia una transición democrática. Noruega está en una excelente posición para facilitar las negociaciones; cuenta con considerable experiencia y habilidades, además de gozar de respeto internacional por su enfoque meticuloso e imparcial en la resolución de conflictos.
Es posible encontrar soluciones a conflictos complejos cuando los actores clave de ambas partes están convencidas de que negociar un cambio de régimen con condiciones aceptables para los dos bandos es preferible a estancarse en un callejón sin salida. En esas circunstancias, un liderazgo local efectivo, combinado con un respaldo internacional sólido, puede materializar un acuerdo exitoso.
Las divisiones dentro de la alianza de Nicolás Maduro —que se hicieron evidentes durante el levantamiento fallido del 30 de abril—, aunadas al fracaso del llamado de Juan Guaidó a las fuerzas armadas, quizá persuadieron por fin a figuras decisivas de ambos bandos de que la única solución viable es una transición negociada.
Las lecciones de los procesos de democratización vividos en Polonia, España, Sudáfrica, Chile y Brasil pueden servir como base para orientar los pasos a seguir en Venezuela.
Las personas que quieren una transición duradera de un régimen autoritario a un gobierno democrático deben ejercitar una paciencia estratégica. Pero esta puede ser una exigencia excesiva para los venezolanos, quienes ya han padecido demasiado sufrimiento y muchos se han visto forzados a huir. Enfrentar a un régimen autoritario mientras se coordinan esfuerzos para negociar una transición pacífica requiere de disciplina, además de ejecutar de manera simultánea medidas decididas en temas diversos y en líneas del tiempo distintas.
Mucha gente se mantiene escéptica ante las posibilidades de un “diálogo”, pero la negociación y las concesiones entre los bandos en conflicto son vitales. Para explorar qué concesiones son posibles, es necesario crear espacios y otras condiciones para que sea viable sostener conversaciones en buenos términos, incluso mientras continúan las confrontaciones entre el régimen y la oposición. Los líderes de la oposición necesitan explicar por qué tiene sentido negociar con el gobierno de Maduro y confrontar las críticas predecibles de quienes se oponen a hacerlo, pero sin elevar demasiado las expectativas.
La oposición debería movilizar protestas ciudadanas para cuestionar al régimen, pero al mismo tiempo tendría que fortalecer su influencia a través de exigencias y concesiones realistas. Estas acciones, en algunos casos, requieren de más valor político que aferrarse a principios que, aunque son atractivos, no son prácticos. Si bien la secuencia en tres partes que propone Guaidó —fin de la usurpación, gobierno de transición y celebración de elecciones— es muy popular, su coalición debe ser flexible y estar dispuesta a tomar decisiones difíciles para establecer sus prioridades.
La coalición también debe crear las condiciones que convenzan a los personajes clave del régimen autoritario de respaldar la transición. Esto implica garantizar que no se dé ningún tipo de venganza generalizada en contra de los antiguos dirigentes ni de sus principales partidarios y que se respeten ciertos intereses económicos y de otro tipo, dentro del marco del Estado de derecho, de los círculos cercanos al poder establecido. No es nada fácil conciliar tales garantías con las expectativas de una oposición reprimida durante tanto tiempo; sin embargo, es necesario emprender acciones concretas para hacerlo.
En lugar de insistir en resultados específicos desde el inicio del diálogo, deben crearse procedimientos de inclusión que aseguren la participación de todos los actores importantes. Los mecanismos de distribución del poder a corto y mediano plazo deben incluir a funcionarios esenciales del régimen de Maduro y a las fuerzas armadas, así como a dirigentes cruciales de la oposición democrática, representantes del sector económico de Venezuela y la sociedad civil.
Permitir que el general Augusto Pinochet fuera senador vitalicio y comandante en jefe de las fuerzas armadas de Chile durante ocho años ayudó a negociar la transición en el país. Designar a miembros del Partido Comunista para los cargos de ministro de Defensa y del Interior facilitó la transición en Polonia. En Sudáfrica, la decisión de Nelson Mandela de nombrar a F. W. de Klerk como vicepresidente fue una de las medidas pragmáticas que hicieron posible un cambio histórico.
Es alentador que los bandos en disputa en Venezuela hayan enviado a representantes un tanto moderados para abrir el diálogo en Noruega. Ahora, si pretenden avanzar, los dirigentes de la oposición deben arreglar sus diferencias y rivalidades. Para lograrlo, quizá sea necesario rechazar la participación de quienes fomentan la violencia o la intervención extranjera. El régimen de Maduro también debe contener a quienes respaldan la represión violenta, como se hizo, entre otros países, en Chile, España, Sudáfrica y Brasil.
Quienes buscan una transición democrática deben proyectar una visión atractiva, optimista, inclusiva y creíble del futuro que ayude a los venezolanos de a pie a superar la frustración y el miedo paralizante que padecen y permitirles adoptar la idea de un cambio. Así que las negociaciones deben concentrarse en identificar y trabajar por los intereses que tienen en común todas las partes antes de intentar resolver lo que los divide.
Es necesario diseñar con minuciosidad mecanismos de justicia transicional que puedan lidiar con violaciones a los derechos humanos, pero que no incentiven venganza ni corran el riesgo de fomentar un regreso a la represión. Debe ser una prioridad encontrar un enfoque que reconozca a las víctimas y restablezca la justicia sin volver a la intolerancia recíproca y la exclusión.
Un reto decisivo en las transiciones democráticas es lograr que las fuerzas armadas, la policía y otras instituciones de seguridad obedezcan a una autoridad civil democrática, pero que no se desconozcan ni su papel legítimo en el cambio ni sus derechos a cierto nivel de recursos y se garantice su protección en contra de posibles represalias. Intentar remplazar a las fuerzas de seguridad por completo podría resultar desastroso, como ocurrió en el caso de Irak.
Quienes afirman que la mayoría de los militares de Venezuela son profundamente corruptos pasan por alto que algunos de ellos quizá todavía honran los códigos y la vocación de las fuerzas armadas profesionales. Imponer a las fuerzas de seguridad e inteligencia a un control civil estricto requerirá de vigilancia constante para crear, gradualmente, un ambiente de confianza. No bastan referencias vagas a amnistías y reconciliaciones eventuales; deben elaborarse planes detallados en consulta con las partes afectadas.
Aunque las transiciones democráticas se logran en buena medida gracias a fuerzas y procesos internos, pueden recibir ayuda estratégica del exterior. Es evidente que los actores extranjeros tienen sus propios intereses y prioridades. Nadie debe esperar ni pedir que la comunidad internacional resuelva los problemas internos de Venezuela y de ninguna manera deben intentar desplazar a los participantes del país, pues son estos últimos quienes deben tomar las riendas y mantener el control. Una intervención militar solo propiciará más violencia, destrucción y hostilidad. También podría exacerbar la actual crisis migratoria regional. A menudo, las amenazas de recurrir a la fuerza militar provocan que los moderados sean silenciados y que los inflexibles se aferren a sus posturas.
Este es el momento en el que la comunidad internacional debe ejercer con destreza la diplomacia y mostrar su voluntad de ayudar a Venezuela a salir adelante. Noruega puede proveer a los bandos en disputa de un espacio de diálogo y de mecanismos de negociación, pero también será necesario contar con el compromiso de muchos otros países de proporcionar ayuda internacional para reconstruir la economía venezolana y reincorporar el país al comercio y la inversión internacional, además de facilitar y monitorear las negociaciones y procesos para lograr la justicia transicional y, de así solicitarse, ofrecer asesoría técnica y de observación para que se celebren elecciones libres, justas y creíbles.
El gobierno de Estados Unidos debería ayudar a reforzar los intereses que comparte con otras potencias mundiales —como China, Rusia y Cuba— en una Venezuela estable, con una economía en recuperación, una industria petrolera sana, niveles reducidos de violencia y una gobernanza efectiva. Un escenario así sería bien recibido tanto por los venezolanos como por la comunidad internacional en su conjunto.
Abraham F. Lowenthal es profesor emérito de la Universidad del Sur de California, además de fundador del Programa para América Latina del Centro Woodrow Wilson y el Diálogo Interamericano. David Smilde es profesor de Relaciones Humanas en la Universidad de Tulane e investigador de la organización Washington Office on Latin America.
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CRISIS EN VENEZUELA, JUAN GUAIDÓ, NICOLÁS MADURO, VENEZUELA
Por ABRAHAM F. LOWENTHAL y DAVID SMILDE
