En fecha 13 de marzo de 2020, el gobierno de facto decretó estado de alarma en virtud de la pandemia del COVID-19. Desde esa fecha distintas ONG’s han denunciado la presencia de casos de 49 casos de covid-19 en las prisiones del país. Asimismo, Organizaciones humanitarias y voceros parlamentarios han mostrado su preocupación, dado que existe información extraoficial sobre presuntos casos de presos políticos con COVID-19 dentro de los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el Helicoide, Cárcel de Ramo Verde y en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Caracas.
Debido a todo lo antes expuesto el Comisionado Humberto Prado pide la libertad de todos los presos políticos, como lo ha expresado la Alta comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay que tomar medidas urgentes para evitar que el COVID- 19 “Cause estragos”, “Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.
La situación de las cárceles y Calabozos Policiales venezolanas es crítica, los presos no cuentan con servicio médico, agua potable, servicios higiénicos y servicios de recolección de basura; además el poder de facto suspendió las visitas de familiares a personas detenidas en calabozos policiales, la cual posteriormente se extendió a las cárceles, desde la declaratoria del estado de alarma.
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