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Comisión de DDHH de la Mesa reporta 286 detenidos por protestar

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Comisión de DDHH de la Mesa reporta 286 detenidos por protestar

La Comisión de Derechos Humano de la Mesa de la Unidad Democrática, presidida por la diputada del Parlatino y abogada Delsa Solórzano, envió un balance actualizado del número de personas liberadas, detenidas y heridas en todo el país.

 

Según el balance hasta este viernes 21 de febrero hay un total de casos de detenciones en el territorio nacional de 286 personas, de las cuales en espera de audiencia están 142 y privados de libertad 15 jóvenes.

 

El libertad plena van 75 estudiantes, mientras que en libertad condicional están 48 y con medida de arresto domiciliario seis jóvenes.

 

Con respecto a los heridos, la comisión aclara en el informe que están registrados con diagnóstico médico cuatro personas en Caracas y dos en Valencia, estado Carabobo.

 

A través del informe, la organización encargada de velar por los Derechos Humanos rechazó la «represión brutal» contra los manifestantes por parte de la Guardia Nacional y los cuerpos de seguridad del Estado.

 

«A lo largo de estos días, nuestro equipo legal, aliado de las fuerzas democráticas, ha atendido cerca de 300 detenidos en todo el país y decenas de torturados. Estos graves hechos, sin duda alguna son prueba de una brutal represión que rechazamos».

 

La Comisión de la MUD aseguró que este tipo de acciones «inaceptables» solo son ejecutadas «por gobiernos no democráticos».

 

«La actuación de la Guardia Nacional y la Policía Nacional conculcan diversos derechos y garantías establecidas en nuestra Constitución, la cual, entre otros aspectos, señala que está terminantemente prohibida la utilización de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. Recordamos que los delitos que violan los Derechos Humanos no prescriben».

 

Asimismo, exigió que los grupos paramilitares que «actúan amparados desde el poder sean inmediatamente desarmados».

 

«Las fuerzas de seguridad del Estado deben apegar su actuación a las normas constitucionales. Las instituciones del sistema de justicia están obligadas a castigar a los culpables de ejecutar delitos que violan los Derechos Humanos de los venezolanos. Lo ocurrido ayer no debe repetirse y no puede quedar impune».

 

 

Fuente: EU

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