La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional inició desde Maracaibo, estado Zulia, la investigación sobre las denuncias presentadas el pasado 15 de mayo contra el exgobernador Pablo Pérez por presuntas irregularidades administrativas durante su gestión.
Las denuncias fueron presentadas ante la comisión por la presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia y el legislador Eduardo Labrador y consisten en irregularidades en el programa de Becas Jesús Enrique Lossada, programa de Alimentación Escolar, nómina de la Gobernación y Construcción del Parque La Marina y Circunvalación 3 de Maracaibo.
El presidente de la Comisión de Contraloría, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño aseguró al inicio de la investigación que las denuncias son contundentes y les permite determinar que «estamos en presencia de ilícitos ante el patrimonio publico».
Carreño aseguró que al concluir el informe será entregado al Poder Ciudadano para que imponga la responsabilidad penal, principalmente la medida privativa de libertad y medidas cautelares relativas al congelamiento de cuentas.
El también diputado del PSUV, Erick Mago, señaló que la investigación no tiene carácter político. «Tengan la plena seguridad que los responsables que salgan de acuerdo a los resultados de esta investigación, le va a caer el mayor peso de la Ley, porque aquí nosotros no estamos jugando. Tenemos una lucha contra la corrupción y los corruptos tienen que estar en su sitio, con los ganchos puestos», precisó.
Por su parte, diputados de la bancada de la Unidad que conforman la Comisión, calificaron dicha investigación como persecución política en contra de los líderes de la oposición.
«No encontramos elementos que puedan dar pie a lo que están alegando diputados del Psuv que es ese ataque inmisericorde que tienen contra gobernadores de unidad Democrática» señaló Rodolfo Rodríguez, diputado de la Unidad, quien además dijo que la Comisión Permanente de Contraloría del Parlamento Nacional se ha convertido en una especie de tribunal de inquisición donde se trata de penalizar sin investigar.
Así mismo, la diputada Deyalitza Array denunció que el Parlamento está encargado de investigar a lideres opositores, olvidándose de otros temas trascendentales que no han querido ser tratados. «Se perdieron 30 mil toneladas de leche por el caso de pudreval y no hay decisión al respecto», puntualizó. /JM
Fuente: GV
