En un hito significativo para Colombia, el Estado y el ELN, la insurgencia más longeva de la región, rubricaron un convenio histórico este fin de semana. Este pacto, que representa el progreso más notable en los 18 meses de conversaciones intermitentes, establece la inclusión activa de la sociedad en la búsqueda de la paz.
“Sabemos que la paz no se construye con olvido e impunidad, y que la voz de las víctimas es fundamental en este proceso y la legitimidad de los acuerdos”, expresaron los representantes del gobierno y del ELN en una declaración bipartita, aludiendo al acuerdo alcanzado sobre la implicación comunitaria.
“Nos comprometemos a preparar y llevar a cabo un encuentro donde las víctimas del conflicto armado, de la violencia sociopolítica y estructural, de los territorios y poblaciones, presenten propuestas” para contribuir al diálogo de paz, se añadió en el comunicado, que también mencionó una junta reciente con entidades representativas de las víctimas.
Pablo Beltrán, líder de la facción insurgente, enfatizó en la ceremonia que la primera cláusula “busca que haya una gran alianza social y política, que vamos hacia un gran acuerdo nacional”.
El consenso sobre este primer tema de la agenda es un avance primordial en el ciclo completo de negociaciones, que se retomó a inicios de abril en suelo venezolano y ha atravesado etapas de considerable inestabilidad.
En mayo del año pasado, el mando del ELN, influenciado por ideales cubanos, suspendió temporalmente las conversaciones, acusando a Bogotá de fomentar un diálogo paralelo con un sector que no acata las directrices del Comando Central del ELN en Nariño.
Tras una “reunión extraordinaria” en Caracas a mediados de abril, las conversaciones se reactivaron.
No obstante, el 6 de mayo, el ELN declaró que reanudaría la práctica de secuestros, argumentando que el ejecutivo de Gustavo Petro no cumplió con su promesa de gestionar contribuciones internacionales.
A pesar de los avances logrados este sábado, la continuación de los secuestros permanece como un asunto delicado en las tratativas de paz, que se llevan a cabo desde finales de 2022 en Caracas, Ciudad de México y La Habana, alternando las sedes.
Ambas partes sostienen el alto al fuego bilateral, reactivado en febrero en La Habana y en vigor desde agosto del año pasado.
El trayecto de estas negociaciones ha enfrentado diversas adversidades, como los “paros armados” donde los insurgentes obligan a multitudes a confinarse en sus hogares, el rapto del progenitor del futbolista Luis Díaz del Liverpool, y choques entre facciones irregulares.
La administración de Petro sigue comprometida con una resolución pacífica tras seis décadas de enfrentamientos armados y violencia, continuando el legado del trascendental pacto de paz de 2016 que llevó al desarme de la mayoría de las Farc.
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