Alegando «incompatibilidad en temas claves», el Gobierno no ve posibilidad de acuerdo con los grupos que mantienen paralizada la región de Catatumbo
La suspensión vuelve a fojas cero los intentos oficiales por poner fin a un conflicto que lleva más de un mes.
El ministro consejero para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón, ha dicho que desde que empezó el ciclo de diálogos el pasado lunes hay puntos «inamovibles» para unos y otros que impiden llegar a acuerdos.
Garzón explicó que mientras los manifestantes exigen «la declaratoria de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) y suspender la erradicación manual» de hoja de coca, el Gobierno impone el fin de las protestas y los bloqueos de vías como condición para negociar, a lo que se oponen los manifestantes.
La delegación de negociadores del Gobierno en Catatumbo presentó una propuesta de acuerdo que incluye una inversión en proyectos productivos, en mil viviendas rurales y en 1.100 empleos temporales, entre otros puntos, valorada en 80.000 millones de pesos (unos 41,6 millones de dólares).
Pero según el ministro consejero, los campesinos insistieron en que esos planes estén acompañados del establecimiento de una ZRC, un modelo de desarrollo rural obligado por una Ley de 1994 que «sigue dependiendo de las negociaciones de La Habana» entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«Hay unos trámites que faltan para constituir la Zona de Reserva Campesina, como las consultas de rigor. Eso no se puede discutir a través de un paro o a través de los medios de comunicación», agregó.
De acuerdo con Garzón, tampoco es posible levantar de inmediato la campaña de erradicación manual de hoja de coca como pretenden los campesinos porque en esa decisión están comprometidas políticas de Estado.
Garzón reconoció que «este caso del Catatumbo es muy complejo», que las demandas de los campesinos hacen parte de una «discusión pertinente», que «tienen razón en temas de ausencia del Estado» y que una solución por la fuerza no es pertinente.
Pero también observó «que (los campesinos) han sido utilizados para una estrategia política que está ligada a La Habana. No estoy estigmatizando, pero hay gente que está convirtiendo en una estrategia regional, relacionada con los diálogos en Cuba».
Desde el inicio de las protestas el pasado 10 de junio, las autoridades colombianas han denunciado infiltraciones de las FARC entre los manifestantes. Al menos cuatro campesinos han muerto en los disturbios como consecuencia de la respuesta policial.
Fuente: Infobae
