El Gobierno de Colombia anunció este martes que mantendrá en detención preventiva con fines de extradición al venezolano Sergio Tarache Parra, quien fue arrestado el pasado martes en Bogotá y está acusado de haber quemado viva a su expareja peruana, de 18 años, en las calles del casco histórico de Lima.
«Se concluyó que la vía de detención preventiva con fines de extradición es la mejor alternativa para iniciar el proceso conducente a garantizar una efectiva administración de justicia en este lamentable caso», detalló la Cancillería colombiana en un comunicado.
La información agregó que las autoridades de Colombia y Perú se reunieron hoy para revisar «distintas alternativas para realizar la entrega, de acuerdo con los requisitos de ley, del ciudadano venezolano».
Esto ocurrió luego de que el Gobierno peruano pidiera, precisamente, la detención con fines de extradición de Tarache Parra, que permanecerá «privado de su libertad en una institución penitenciaria de Colombia» mientras se realizan los procedimientos legales que permitan su extradición.
«El señor Sergio Tarache Parra, de nacionalidad venezolana, fue detenido en territorio colombiano el 12 de abril de 2023, con fundamento en una notificación roja de INTERPOL, a solicitud de la República del Perú», añadió la Cancillería.
Según quedó registrado en imágenes de las cámaras de seguridad del centro de Lima del pasado 18 de marzo, Tarache discutió con la peruana Katherine Gómez en la céntrica plaza Dos de Mayo, tras lo cual le roció el cuerpo con gasolina y le prendió fuego.
Los viandantes intentaron auxiliar a la víctima, a quien hicieron rodar por el asfalto para apagar las llamas y luego un taxista intervino con un extintor de incendios, pero el ataque le provocó quemaduras en el 60 % del cuerpo que le causaron la muerte tras una semana hospitalizada en un hospital de Lima.
La fiscal Carla Castro ha solicitado que Tarache sea condenado a cadena perpetua, por los agravantes de «crueldad y alevosía» y «uso de fuego» recogidos en el Código Penal peruano, mientras que el Gobierno peruano solicitó una condena similar por el delito de feminicidio.
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