La Superintendencia de Sociedades, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, levantó la medida de “supervisión de control” que mantenía desde el año pasado sobre la empresa venezolana Monómeros.
El gerente general de la compañía de fertilizantes, Guillermo Rodríguez Laprea, confirmó la información a la Voz de América: “Se levanta y se exonera a Monómeros de la medida de control”, dijo el funcionario, designado por la oposición al Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Rodríguez Laprea dijo que la resolución envía un mensaje positivo a los proveedores y permitirá recuperar líneas de crédito “perdidas en su momento”.
También dijo que demuestra el trabajo “con transparencia” que realizan y echaría por tierra las denuncias de corrupción contra sus administradores. “Esta resolución envía un excelente mensaje a los proveedores de que hemos hecho un trabajo con transparencia, que las cosas están funcionando y que la empresa tiene más futuro que presente y que pasado. Esto nos fortalece con los proveedores”, insistió.
La decisión se conoce dos días después de la ascensión al poder del nuevo presidente del país, Gustavo Petro, pero la resolución del organismo gubernamental tiene fecha del 5 de agosto, es decir, que se tomó 48 horas antes de la juramentación del líder izquierdista.
“Superintendencia de Sociedades exonera a nuestra empresa de medida de control. La veracidad, transparencia y cumplimiento de nuestros procesos en Monómeros nos dan un nuevo logro. Estamos agradecidos por la confianza depositada en nosotros”, publicó Monómeros en su cuenta de Twitter.
Según la resolución número 301-012155 de la Dirección de Supervisión Empresarial de la Superintendencia de Sociedades, resolvió “exonerar del grado de supervisión de control ejercido a la sociedad Monómeros Colombo Venezolanos” y ordena notificarlo a la Cámara de Comercio de Barranquilla, donde tiene sede la empresa de fertilizantes.
Desde ahora, el Gobierno colombiano designa a Monómeros como una compañía bajo el grado de “supervisión de vigilancia” mediante el acto administrativo del pasado viernes.
La Superintendencia reivindica así su facultad de “supervisión de vigilancia” para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional información relativa a las situaciones jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad comercial. Asimismo, insiste en que velará porque honre su objeto social y se ajuste a leyes y estatutos nacionales.
El artículo quinto propone “recordar a los administradores de la Sociedad Monómeros que deberán dar estricto cumplimiento a sus deberes previstos” en las leyes colombianas.
Diatribas políticas
Monómeros es epicentro de una diatriba política de corte internacional. La oposición venezolana, representada por Juan Guaidó, a quien el Gobierno saliente de Iván Duque y los de otros 50 países del mundo reconocen como presidente encargado de Venezuela, administra la empresa desde 2019, bajo el argumento de que Nicolás Maduro usurpó la primera magistratura de esa nación suramericana tras ganar elecciones por “fraude”.
La Superintendencia de Sociedades ejerció una medida de control sobre Monómeros desde finales del año pasado por reportes de posible riesgo de liquidez y supuesta corrupción.
El nuevo mandatario colombiano, sin embargo, sugirió pocos días luego de ganar las elecciones que podría regresar la administración de Monómeros al Gobierno chavista para poder recibir materia prima que le permita reducir los precios de los fertilizantes en su país.
Los cancilleres de Petro y Maduro adelantaron hace dos semanas que Bogotá y Caracas reanudarán sus relaciones al más alto nivel, el de embajadores, de forma progresiva.
Este martes, Petro desmintió los reportes extraoficiales de una inminente reunión con Maduro y advirtió a la prensa que la reanudación de relaciones será parte de “un proceso”.
El Gobierno de Estados Unidos renovó en junio pasado la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros que permite al llamado gobierno interino de Juan Guaidó operar Monómeros. Ese permiso tiene una vigencia de 12 meses, hasta mediados de 2023.
La gestión de activos republicanos en el exterior, como Monómeros y Citgo, ha sido causa de disputas públicas entre partidos de la oposición venezolana. La polémica derivó incluso en la renuncia del delegado de asuntos exteriores del gobierno interino, Julio Borges.
Una comisión de contraloría de la oposición propuso hace semanas que se declare la responsabilidad política del gerente general de Monómeros en presuntos hechos irregulares en su administración. El asunto se prevé discutir este próximo jueves en reunión de una comisión delegada, donde participan diputados representantes de todos los partidos.
El Gobierno de Maduro acusa a la oposición y a gobiernos como el estadounidense de “robarse” los activos de Venezuela y exige su inmediata devolución para avanzar en temas como la negociación política de Ciudad de México, suspendida desde octubre pasado.
Con información de VOA.
