Colombia acude a las urnas el 27 de mayo para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos. Lo hace, por primera vez en medio siglo, sin el terror organizado de las FARC. Pero la violencia no ha desaparecido todavía de la esfera pública. Las amenazas y los intentos de agresión han marcado hasta hoy la campaña electoral. Las autoridades han reforzado los dispositivos de seguridad de varios candidatos de posiciones ideológicas distintas o antitéticas, precisamente de los que más están enfrentados entre sí como Iván Duque, Gustavo Petro o Germán Vargas Lleras.
Mientras el clima de polarización sigue dominando la contienda política, este lunes nuevos temores contribuyeron a convulsionar del debate. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, confirmó que el pasado 26 de abril la Agencia Nacional Inteligencia informó al Gobierno sobre un posible atentado contra el expresidente Álvaro Uribe. Ninguno de los dos dio pistas sobre la investigación, aunque el líder del Centro Democrático se refirió en un comunicado a “criminales locales y extranjeros” y el también exmandatario Andrés Pastrana, su aliado electoral, apuntó a Cuba y Venezuela.
Al margen de las especulaciones sobre la procedencia de los responsables de ese plan, el hecho es que Colombia afronta unas elecciones presidenciales dentro de 20 días. Y, aunque lo haga tras el fin de la guerra con las FARC, en medio de un proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en un contexto de moderado optimismo, el fantasma de la violencia mantiene en vilo a las instituciones. La votación en los comicios legislativos celebrados el pasado 11 de marzo transcurrió sin incidentes graves por primera vez en décadas. No obstante, esta circunstancia no ha bastado para disipar las alarmas y el Ejecutivo ha reforzado también la protección del expresidente ante la amenaza de un atentado.
Uribe, que fue hace dos meses el senador más votado, sigue siendo uno de los políticos más populares de Colombia. En los últimos años se ha mantenido en la primera línea en calidad de férreo opositor de los acuerdos de paz con la antigua guerrilla. Tiene una multitud de seguidores y otros tantos detractores. Duque es su candidato y, aunque resulte legítimo debatir sobre las coincidencias entre ambos y lo que los separa, es ahora quien encarna la continuidad de su proyecto. También es uno de los aspirantes más amenazados, al igual que el antiestablishment Petro, exalcalde de Bogotá, quien en marzo sufrió un ataque antes de participar en un acto en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. La semana pasada, el propio Petro salió en defensa del exmandatario, quien acababa de recibir unos abucheos y ser increpado durante un mitin. “Estamos yendo hacia un abismo. Yo no comulgo con las ideas de Uribe, pero a un expresidente de la República no se le puede dar este trato”, escribió en Twitter.
Duque, quien hace días denunció un plan para atentar con explosivos en su sede de campaña, manifestó su solidaridad con el fundador del Centro Democrático y expresó su repulsa a las acciones violentas. “Tengo un gran sentimiento de consternación por las denuncias que se han hecho hoy sobre un atentado contra la vida del expresidente Álvaro Uribe. Rechazo cualquier forma de violencia en Colombia y rechazo cualquier forma de violencia que pretenda acallar a quienes hacemos política”.
Esa violencia ha tenido en los últimos meses manifestaciones diversas, a la que no ha sido ajeno ningún aspirante, aunque ha afectado en menor medida a Sergio Fajardo y a Humberto de la Calle, que han hecho de la reconciliación un elemento esencial de su discurso. A los intentos de coacción registrados en los actos electorales se suman los insultos y las amenazas, vertidas principalmente en las redes sociales y que han golpeado a periodistas, comunicadores y figuras públicas como el caricaturista Julio César González, Matador, o Claudia Gurisatti, directora del canal de noticias RCN, por el apoyo expresado a Petro por su madre. La tensión y los temores, en definitiva, están determinando el clima de esta campaña, que constituye la primera gran prueba de madurez del país después de dejar atrás un conflicto armado de más de 50 años.
