La ONG Cofavic, dedicada a la protección de los derechos humanos, emitió un informe final sobre la muerte y desaparición de 28 mineros en Tumeremo, ocurrida en el mes de marzo, en la que responsabiliza al Estado venezolano por los sufrimientos físicos, morales y mentales padecidos por las víctimas.
Asimismo, destaca que las instituciones públicas deben cumplir, de manera ineludible, con su obligación de esclarecer los hechos. En este sentido, invita al Estado a apegarse a los estándares del Derecho internacional para juzgar a todos los responsables en forma efectiva.
«El Estado no asumió, con la debida diligencia, todas aquellas medidas necesarias para evitar que operaciones de esta envergadura pudiesen llevarse a cabo en una zona declarada de seguridad por su carácter fronterizo y estratégico», agrega el documento final.
El equipo multidisciplinario de Cofavic se trasladó al estado Bolívar con el objetivo de verificar los hechos y testimonios relatados, realizar la documentación y asesorar, en las áreas psicológicas y jurídicas, a las presuntas víctimas y sus familiares.
GV
