«Estamos en un momento muy duro porque cuando juzgas lo que escriben los periódicos y demandas por ello estás inoculando censura. No es correcto», sostuvo la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Lisbeth de Cambra, al valorar le demanda que introdujo el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, contra algunos medios de comunicación.
Cabello demandó cuando unos medios de comunicación venezolanos replicaron una información del diario ABC de España, donde citaba a una fuente que involucró al presidente de la AN en algunos delitos internacionales.
«Es una ligereza. La información es autoría de un medio de España y replicarlo no es delito. Fue una información rebotada», señaló la secretaria del CNP ante ese hecho.
Recordó que cada vez que Cabello hace su programa en el canal del Estado (VTV), «se lleva por delante a cualquiera y nadie lo demanda y quien lo demande va a decir que está fuera de lugar».
«Hay que ponerse en igualdad de condiciones porque no hay súper venezolanos. Si se puede hablar de unos, se puede hablar de los otros», aseveró.
De Cambra reiteró que en ese caso no se debe actuar contra el medio sino contra la fuente porque es quien lo dice. «Se trata del principio de la tercera persona en periodismo: lo dice la fuente, no el medio».
Se mostró desesperanzada por el ámbito judicial en el país porque siente que esa demanda puede avanzar, «viendo la poca independencia que existe».
Ministra de Comunicación
En cuanto al nombramiento de Desirée Santos Amaral como ministra de Comunicación e Información, indicó que «por lo menos es periodista, aunque quiero olvidar su paso por el CNP».
Se mostró dispuesta a recibirla en el CNP en caso de que quiera debatir; sin embargo, tiene sus reservas con relación a lo que piensa Amaral del CNP y su disposición para dialogar con el gremio.
Informe Freedom House
Con relación al Informe de Freedom House, donde muestra su preocupación por la presión a la libertad de prensa en Venezuela, señaló que se debe a que el país «ha sufrido una disminución en la capacidad del ejercicio del periodismo y de opinión pública por la retaliación gubernamental en el ámbito de las leyes».
VÍCTOR LA CRUZ | EL UNIVERSAL
