El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Seccional Distrito Capital, alertó este lunes sobre la ejecución de una estrategia sistémica de hostigamiento destinada a extinguir el periodismo independiente. Según el gremio, el decreto de «Estado de Conmoción Exterior» está siendo utilizado como un cheque en blanco para criminalizar la información y perseguir a los comunicadores.
La semana negra del periodismo (Balance del 3 al 11 de enero)
El Observatorio de Agresiones del CNP documentó una escalada de violencia institucional sin precedentes en apenas ocho días de 2026:
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Detenciones y Expulsiones: 16 detenciones arbitrarias, de las cuales 13 corresponden a corresponsales extranjeros arrestados durante la instalación de la Asamblea Nacional el 5 de enero. 15 de ellos ya han sido deportados.
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Censura Radial: Cierre forzado de la emisora Impacto 105.5 FM en el estado Táchira.
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Violación de Dispositivos: 16 revisiones de equipos sin orden judicial y 10 casos documentados de borrado de material audiovisual bajo coacción.
«Estamos ante una imposición del silencio ejecutada a través de controles judiciales que criminalizan la verdad», sentenció Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Caracas.
El Artículo 337: Un derecho «intangible» bajo asedio
El CNP recordó que, según la Constitución Nacional, el derecho a la información es intangible, lo que significa que no puede ser suspendido ni siquiera en estados de excepción o conmoción.
Sin embargo, la realidad en la calle es distinta: los cuerpos de seguridad están prohibiendo coberturas sobre el despliegue militar y la crisis institucional alegando supuestas razones de «Seguridad de Estado», ignorando el mandato constitucional.
Rostros de la represión: 21 trabajadores de la prensa en prisión
El gremio exige la libertad inmediata de los comunicadores que enfrentan cargos de «terrorismo» o «traición a la patria». La lista refleja tanto la reciente ola represiva como casos de larga data:
Detenidos en la crisis reciente (2025-2026):
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Omario Castellanos, Yorbin García, Juan Francisco Alvarado, Juan Pablo Guanipa, Carlos Marcano, Rory Branker, Nakary Mena Ramos, Gianni González, Carlos Lesma, Leandro Palmar, Belises Cubillán, Mario Chávez, Julio César Balza, Ángel Godoy y Nicmer Evans.
Presos políticos de larga data:
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Ramón Centeno: 47 meses detenido.
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Carlos Julio Rojas: Directivo del CNP DC (21 meses).
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Luis López y Gabriel González: 19 meses.
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Roland Carreño: 18 meses.
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Víctor Ugas: 17 meses.
«Informar no es un delito; es un servicio público esencial. Mientras un comunicador esté tras las rejas por su trabajo, la democracia en Venezuela estará en peligro de extinción», concluyó Cárdenas.
