Un grupo de acreedores de la refinadora estadounidense propiedad de Venezuela Citgo, incluyendo a la petrolera ConocoPhillips y a los mineros Rusoro, Crystallex y Gold Reserve, busca obtener hasta 21.300 millones de dólares (USD) por sus reclamos al país caribeño.
La subasta de acciones, organizada en Delaware para pagar a los acreedores, ha atraído a inversores y firmas con recursos significativos, aumentando las posibilidades de un cambio en la propiedad del séptimo mayor refinador de Estados Unidos por volumen. La firma de inversión Elliott Investment Management está considerando una oferta, mientras que un grupo de acreedores representados por Centerview Partners busca convencer a Conoco para unirse a otra oferta para PDV Holding, la casa matriz de Citgo en el país norteamericano.
Citgo es el activo más grande objetivo de los acreedores que buscan compensación por las nacionalizaciones de hace dos décadas y los pagos de deuda fallidos del presidente venezolano Nicolás Maduro. El mandatario ha rechazado la subasta y ha afirmado que Washington está tratando de robar los activos extranjeros de Venezuela.
Un juez designado especialmente para el caso y la firma de inversión Evercore Group están a cargo de recibir y analizar las ofertas. El plazo para completar el proceso de ventas, incluida la asignación del ganador del primer ronda, es el 15 de julio.
Citgo, controlada por la oposición venezolano desde 2019 después de romper sus vínculos con Pdvsa, es el joya del tesoro extranjero de Venezuela, procesando hasta 807.000 barriles por día (bpd) de petróleo.
En los últimos dos años, la compañía ha generado USD 4.800 millones en ganancias netas combinadas. Representantes de Venezuela en Delaware están esperando con optimismo que las ofertas en esta segunda ronda sean mayores que las no vinculantes en la primera ronda en enero, que solo alcanzaron USD 7.300 millones, comparados con el valoración de Citgo entre USD 11.000 millones y USD 13.000 millones.
Venezuela podría pedir al tribunal una tercera ronda de ofertas si las mismas no se acercan a USD 10.000 millones, según dijeron a Reuters dos fuentes el lunes.
Mientras tanto, políticos y representantes diplomáticos venezolanos han intensificado sus esfuerzos para detener la subasta. Este mes, pidieron al Ejecutivo y al Congreso estadounidenses que pausen el proceso judicial hasta que se complete la elección presidencial en Venezuela en julio.
Con información de Reuters.