La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el pasado sábado medidas cautelares a favor del ciudadano francés Camilo Castro, tras considerar que su vida e integridad personal se encuentran en una situación de «gravedad y urgencia» con “riesgo de daño irreparable” en Venezuela.
La decisión de la CIDH se fundamenta en la desaparición de Castro, un profesor de yoga, quien viajó a la frontera entre Colombia y Venezuela el pasado 26 de junio de 2025 para hacer un trámite migratorio. Desde la fecha, el europeo está “desaparecido”.
Según la solicitud presentada ante la Comisión, los familiares de Castro no han podido activar recursos judiciales en Venezuela debido a que las autoridades exigen la presencia física de un allegado para presentar cualquier solicitud. Sumado a esto, se señaló que “no ha sido posible ejercer su defensa” legal ni acceder a asistencia consular.
El Estado venezolano, por su parte, no proporcionó información a la CIDH.
La Comisión analizó las alegaciones y concluyó que, ante el transcurso del tiempo y el desconocimiento del paradero del beneficiario, aumenta la posibilidad de afectación de sus derechos.
Solicitud de información
Bajo estas circunstancias, solicitó formalmente al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Camilo Castro.
En particular, la Comisión requiere información sobre si el beneficiario se encuentra bajo custodia del Estado y, de ser afirmativo, indicar el motivo, las circunstancias de su detención y si se le han imputado delitos.
Además, pidió facilitar la comunicación de Castro con su familia, sus representantes legales y las autoridades consulares de Francia, aclarar si se le ha proporcionado acceso a un traductor o intérprete para que pueda ejercer sus derechos de manera precisa e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que pertenecen al caso.
La CIDH enfatizó que, al no contar con información del Estado sobre acciones concretas para mitigar la situación de riesgo, la intervención se hace necesaria para garantizar los derechos fundamentales del ciudadano francés.
