La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró que la implementación de la Providencia Administrativa No. 001-2021 sobre las ONG que impuso el régimen de Nicolás Maduro, representa una amenaza sistemática contra el trabajo de estas organizaciones en el país caribeño.
La Providencia Administrativa No. 001-2021 exige a las ONG inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) y los obliga a dar a conocer la identidad de sus donantes e identificar a las personas beneficiarias de sus labores, entre las cuales pueden existir víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La CIDH advirtió que obligar a las ONG a revelar la información de sus donantes y beneficiarios puede promover la estigmatización de estas organizaciones y de personas defensoras de derechos humanos.
Igualmente, la CIDH consideró preocupante que las ONG tengan que revelar quiénes son los beneficiarios de sus actividades, pues eso podría ponerlos en riesgo de ser víctimas de represalias.
Por ello, la Comisión reiteró que el derecho a recibir financiamiento en el marco de la cooperación internacional para la defensa y promoción de los derechos humanos está protegido por la libertad de asociación.
“Es urgente que el Estado de Venezuela restablezca el estado de derecho y la democracia mediante medidas dirigidas a garantizar la independencia y el equilibrio de los poderes públicos, la participación en asuntos públicos sin ningún tipo de discriminación, y el control ciudadano hacia la actuación de los distintos poderes del Estado”, sentenció.
En abril pasado, el dirigente «chavista» Diosdado Cabello señaló que algunas organizaciones no gubernamentales en Venezuela tienen vínculos con la desestabilización y el terrorismo.
Dicho comentario lo hizo en referencia al rechazo de las ONG a registrarse ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.
“Hay muchas de ellas vinculadas a programas de desestabilización en nuestro país, inclusive terroristas. Entonces lo que queremos es que todo quede claro. El que no la debe, no la teme“, indicó.
Acto seguido, puso como ejemplo la legislación de países como Colombia, Perú, España y Honduras, donde las ONG deben declarar ante el Estado todas sus acciones y vínculos.
“Dejen la chilladera y el escándalo. Váyanse para Colombia y no se registren, y digan de dónde sacan la plata. Venezuela lo que va es a pagar una deuda que tiene, con esta legislación”, aseguró.
