El ejercicio del periodismo en América Latina es sinónimo de riesgo y de peligro. A esta conclusión se arriba al revisar el último informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se denuncia que entre enero de 2010 y noviembre de 2013 78 comunicadores y trabajadores de los medios fueron asesinados, mientras que decenas más fueron desaparecidos o forzados a dejar sus lugares de trabajo; y otros cientos fueron amenazados y hostigados por cumplir su misión: Informar a sus conciudadanos sobre lo que ocurre a su alrededor.
Al presentar el texto sobre «Violencia contra periodistas y trabajadores de medios», en una videoconferencia desde Washington (Estados Unidos), que en Venezuela organizó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la relatora Catalina Botero, hizo votos porque los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) atiendan las recomendaciones que en él se formulan, por el bien de la democracia.
«La relación entre los periodistas y el poder nunca será fácil, porque ellos deben exponer las fallas, los casos de corrupción, etc. Los gobernantes tienen que entender que sin la libertad de expresión la democracia se disuelve», alertó la jurista colombiana.
Tras aseverar que un elemento fundamental para reducir el riesgo que se cierne sobre los periodistas es que «los funcionarios en su discurso legitimen su labor», Botero reclamó que se desarrollen protocolos sobre como tratar a los comunicadores en casos de manifestaciones o alteraciones del orden público y que se sensibilice a los funcionarios sobre la tarea que estos profesionales desempeñan.
«Hay funcionarios que no entienden que los periodistas están para velar que ellos hagan bien su trabajo», dijo.
Estas palabras de la Relatora dieron pie para que luego desde el IPYS y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) se denunciara el «alarmante» aumento de las agresiones contra periodistas registrado durante las protestas estudiantiles.
El secretario general del SNTP, Marcos Ruiz, informó que la organización contabilizó 231 ataques contra 165 comunicadores. Además informó que registraron 99 casos de hostigamiento que «incluyeron amenazas de desaparición», 55 agresiones físicas, 43 robos de equipos y 33 detenciones.
«Más del 65% de los casos tienen como victimario a cuerpos de seguridad, siendo el principal la Guardia Nacional», dijo.
Botero, por su parte, agregó que cuando las medidas preventivas fallan y se registra una amenaza o un ataque el Estado debe actuar.
«El Estado debe proteger a los periodistas y esto es costoso, pero es más costoso que lo que se roban por la corrupción que aflora cuando la prensa es silenciada», apuntó.
Sin diferencias
Botero criticó el trato especial que en algunos países se le da a los casos de comunicadores, pues «el crimen cometido contra un periodista no es más grave que contra un ciudadano, ya que toda vida es sagrada, lo que pasa es que cuando se ataca a un periodista, a un defensor de Derechos Humanos o a un sindicalista se manda el mensaje de que hay temas que no se pueden tratar».
Pese a la observación anterior, la Relatora indicó que en el informe se formulan algunas recomendaciones a las autoridades para investigar los casos en los que las víctimas sean trabajadores de los medios entre las cuales destacó: Sacar la investigación del ámbito de actuación de los sospechosos y revisar en qué estaba trabajando el afectado.
En un posterior encuentro con la prensa, el catedrático en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Héctor Faundez, aprovechó para aclarar que las amenazas a la Libertad de Expresión en el país tienen un origen distinto al de otros países de la región. «No es lo mismo que un periodista sea asesinado por el narcotráfico a que sea el Gobierno que debe protegerlo».
Por último, acusó al Ejecutivo de «desarticular el entramado constitucional» que protege el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente y a buscar y recibir información y opiniones mediante reformas legales «para castigar la crítica», amenazas contra «quienes no comulgan con la línea oficial», la negativa a entregar divisas para adquirir papel y la compra de medios.
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
