El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) emitió un laudo que obliga al gobierno de Venezuela a pagar la suma de 629 millones de dólares como indemnización por la expropiación de los activos de la red de comercialización de insumos agropecuarios Agroisleña junto con otras compañías, propiedades del conglomerado español Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos.
El laudo fue emitido el 23 de marzo como resultado del «proceso arbitral iniciado por el Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en julio de 2016 contra la República Bolivariana de Venezuela (“Venezuela”), bajo el Acuerdo entre el Reino de España y Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (“Acuerdo España-Venezuela”)».
A la suma estipulada como indemnización se suman los «intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses más 4 puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente».
«El Tribunal CIADI determinó que la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre de 2010 de las inversiones del Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en las sociedades venezolanas Agroisleña C.A., Insecticidas Internacionales C.A., Proyefa C.A. y Venezolana de Riego C.A., constituyó una violación del Acuerdo España-Venezuela«, señaló la información reportada por el grupo empresarial favorecido por el laudo.
Además del la indemnización, el Estado venezolano también debe pagar 1.108.819,24 dólares por costos del procedimiento y 16.308.725,30 dólares como resarcimiento al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos por los gastos en los que tuvo que incurrir para defender sus derechos vulnerados.
La organización señala que «la misión del Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos es contribuir con el desarrollo de la producción agrícola en los países en los que opera, ofreciendo apoyo integral a los agricultores, mediante la oferta oportuna y suficiente de insumos, maquinarias y equipos agrícolas, la recepción y almacenamiento de cosecha, asistencia técnica e incorporación de nuevas tecnologías».
De acuerdo con el registro que lleva el Observatorio de Gasto Público de Cedice-Libertad, la deuda consolidada del país como resultado de procesos de arbitraje supera los 30.000 millones de dólares, según cifras de 2021.
Al cierre de 2020, el gobierno venezolano había efectuado más de 5.500 expropiaciones y confiscaciones directas. El reporte de Cedice-Libertad situó la deuda externa consolidada de la República y Pdvsa, incluyendo los procesos de arbitraje concluidos y en litigio, en alrededor de 162.000 millones de dólares.
Fuente: Banca y Negocio
