Es importante precisar que el ejercicio de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela que inicia el diputado Juan Guaidó no constituye una autoproclamación ni mucho menos. Se trata de la ejecución de una función que le asigna la Constitución en el segundo párrafo del articulo 233 ejusdem. Para que no haya más confusiones la presidencia de Guaidó resulta de un acto que en ejecución directa de la Constitución se cumple a partir del mismo 10 de enero del 2019 por carecer de presidente válidamente electo y desde luego constituir ello una falta absoluta. Quien lo nombra es la constitución tal como reza el artículo 233 que nos permitimos reproducir en su segundo párrafo de seguidas:

“…Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional…”

Es menester reiterar que la Constitución venezolana y probablemente ninguna constitución del mundo, regule una materia que es de suyo extraordinaria e inclusive para algunos inverosímil. Se acude entonces a la analogía y desde ella se fundamenta una dinámica de piso político y de sustancia constitucional.

En efecto, asumimos que no hay presidente electo y desde luego, no lo hay porque la elección del 20 de mayo de 2018 no reunió los requisitos para considerarla válida. Mediando una convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, írrita e ilegítima, se anticipó una elección precedida por la inhabilitación de los probables candidatos y de los partidos políticos de oposición. Se puede agregar la parcialidad manifiesta del llamado poder electoral que ha devenido en un apéndice más del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido de gobierno que además se pretende único, exclusivo y excluyente de otras organizaciones políticas.  Tales anomalías fueron denunciadas oportunamente y ello dio lugar a un impresionante ausentismo de los conciudadanos que en proporciones muy limitadas participaron de esos comicios. No votó la soberanía nacional sino alguna clientela electoral famélica pagada para ello.

La comunidad internacional que no pudo estar presente con observadores porque se impidió tan rutinaria experiencia pudo advertir los hechos señalados anteriormente y, desconoció desde el comienzo las resultas de esos amañados comicios. Cursa ante la Corte Interamericana recurso de nulidad de los resultados oficiales interpuesto por ciudadanos venezolanos siendo que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, mutado en brazo judicial del régimen, no sólo practica el derecho penal del enemigo sistemáticamente, sino que enerva toda actuación de la Asamblea Nacional declarándola en desacato y pretendiendo asumir inclusive algunas de sus competencias. En Venezuela vivimos la hora de la justicia ideologizada que se traduce a menudo en denegación de justicia.

En realidad; la fundamentación de la acción que adelanta la Asamblea Nacional venezolana presidida por Juan Guaidó se asienta en el deber de él, y de cualquier venezolano investido o no de autoridad para realizar los actos y acciones necesarias para el restablecimiento de la vigencia constitucional que, por cierto, ha venido siendo despojada de su eficacia normativa por la usurpación del Estado por el Gobierno, y por las vías de hecho con las que el Gobierno desconoce, trasgrede, viola, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Reproducimos aquí el artículo 333 ejusdem que se explica por sí solo:

Artículo 333 Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Se ha configurado entonces especialmente desde el 2007 una suerte de desconstitucionalización que ha producido también un fenómeno de desinstitucionalización. El 2 de diciembre del 2007 el cuerpo político fue llamado referéndum para decidir si reformaba la constitución y nos convertía con ello en un país socialista. El difunto presidente al frente de todos los poderes y con todos los recursos no pudo convencer a los venezolanos quienes rechazaron la propuesta. Lamentablemente el comandante y sus sucesores han obviado el mandato popular y continúan, imponiendo una secuencia de políticas que nos empujan en esa dirección.  Así pues, el manejo de las finanzas publicas se ha cumplido inobservando las reglas fiscales constitucionales y aquellas legales para permitir el uso y abuso de la hacienda pública nacional. Se alteraron principios fundamentales como el de la unidad del tesoro y se endeudó el país en términos y cantidades que comprometieron seriamente la sustentabilidad fiscal.

También se acudió a la trasgresión pura y simple de disposiciones constitucionales básicas que constituían un freno, una acción contralora tales como los artículos 311, 312, 313, 314, 315, 318, 319, 320 y 321 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en concordancia con la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y la Ley de Bancos. Venezuela se ha gobernado sin controles administrativos ni de ejecución presupuestaria, lo cual la ha conducido a la hiperinflación que deriva de la emisión de dinero inorgánico regular y periódicamente y al estado de atraso en cuanto a sus obligaciones internacionales provenientes de la deuda refiere. En paralelo se han fugado centenares de miles de millones de dólares, en cuentas de testaferros y familiares de los “dignatarios públicos”. Lo que afirmo no es maledicencia, sino que recojo las noticias de España, Andorra, Francia, Suiza y Estados Unidos, por citar solo algunos casos muy sonados

Es Venezuela un estado fallido además, siendo que, una cifra que la organización de las naciones unidas calcula aproximadamente en tres millones de compatriotas se ha regado por el continente americano y también para Europa. Son inmigrantes que huyen del fracaso de todas las políticas públicas que los conciernen, del hambre, de la desnutrición de sus niños y de sus mujeres, de la falta de atención médica elemental, de los problemas sanitarios propios de la falta de previsión y mantenimiento de los entes encargados de producir el agua potable. Escapan y en la estampida se les oye decir que no saben a quien temen más si a la antisociedad que ahora pulula como nunca o a los organismos de seguridad que incluye la fuerza armada nacional, porque actúan de consuno afligiendo y despojando a placer a quienes les parezca provechoso.

Forajido se le llama al estado que desconoce y violenta los deberes ínsitos a su condición. También tenemos un estado forajido. El medio ambiente es un asunto de la humanidad, de los estados todos, de la organización internacional y por supuesto de los gobernantes quienes, en declaraciones y acuerdos, convenciones expresan su preocupación y su compromiso para asegurar la sostenibilidad de la raza humana evidentemente amenazada por el modo de producción y de consumo que le hemos dado a la naturaleza y a los recursos. En Venezuela y basta mirar el margen derecho del Orinoco se constata a simple vista la depredación que se ha permitido y facilita incluso el gobierno con el llamado plan del arco minero que socava completamente los ecosistemas, fauna, flora y aguas elevando los niveles de mercurio y otras sustancias y químicos sin ningún control y muchísimo menos previsión o precaución al respecto. Venezuela no cumple con sus obligaciones internacionales en la materia, como tampoco honra los deberes que apuntan a perseguir y evitar el tráfico de estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas. También sobre eso la prensa nacional e internacional abunda en la denuncia y lamenta la impunidad.

La Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, único poder realmente electo por la soberanía venezolana, ha asumido el deber que la constitución, como antes dijimos, les impone y actúa para su restablecimiento en provecho de la salvaguarda de los derechos humanos desconocidos y violados y, el mundo todo es testigo de ello y de la necesaria recuperación de la institucionalidad, para servir al proyecto nacional desviado, desatendido, agredido por un gobierno ideologizado y enceguecido por el afán de poder y el gusto mórbido, concupiscente y frívolo de la administración del mismo.

No es exagerado decir que los principios republicanos quedaron en la cuneta de la vía histórica que, el llamado proceso revolucionario chavista madurista emprendió y, arrasándolo todo concretó. En medio de todos los sacrificios, del desarraigo inducido o forzado de ingentes multitudes que intentan huir del pandemónium, se observa a la Asamblea Nacional intentar, como primer paso indispensable para la recuperación y el regreso a la constitucionalidad, a la institucionalidad y a la república.

Por Confirmado.com.ve

Nelson Chitty La Roche, 

@nchittylaroche