Según la jurisdicción chilena, los requisitos para invocar la ley antiterrorista están asociados a que un delito tenga por finalidad «producir en la población o en una parte de ella temor justificado de ser víctima de delitos similares».
El Gobierno chileno pidió el martes a la justicia y la policía que investigue un posible delito «terrorista», tras la inusual detonación de un artefacto explosivo en un vagón vacío del tren subterráneo de la capital, que no dejó heridos y causó daños menores.
La explosión del artefacto artesanal en el carro del Metro de Santiago ocurrió la noche del domingo y destruyó algunos asientos del vagón, en un ataque que medios locales han vinculado a posibles grupos anarquistas y que no afectaba al servicio de transporte público desde hace varias décadas, señaló Reuters.
Santiago es considerada unas de las ciudades más seguras de América Latina.
El ministro chileno del Interior, Rodrigo Peñailillo, dijo que se decidió ampliar la querella presentada a la justicia mediante la invocación de la ley antiterrorista, lo que permite acelerar la investigación y coordinar a diferentes instituciones para dar con los responsables.
«Hemos decidido ampliar la querella por delito terrorista… Nosotros como Gobierno prestaremos la colaboración y los recursos necesarios para detectar lo antes posible quienes son los responsables detrás de este hecho», dijo el funcionario a periodistas.
Según la jurisdicción chilena, los requisitos para invocar la ley antiterrorista están asociados a que un delito tenga por finalidad «producir en la población o en una parte de ella temor justificado de ser víctima de delitos similares».
Lo más parecido a la explosión en el vagón del Metro son los ataques con explosivos que cada cierto tiempo realizan grupos anarquistas contra cajeros de bancos o sucursales de entidades financieras de madrugada, los que se tornan frecuentes cuando se acerca la conmemoración del golpe militar, el 11 de septiembre.
Por ello, el delito ocurrido en el Metro podría ser un giro hacia objetivos de uso más público que el Gobierno busca desactivar en el breve plazo.
EL UNIVERSAL
