Una nueva forma de censura se activa a través de los tribunales, de acuerdo a la evidencia que recoge el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS). Alertan que a través del “uso desproporcionado” de instancias judiciales se busca criminalizar a periodistas y medios de comunicación independientes en distintos estados del país. “Se aplican medidas punitivas por ejercer una libertad fundamental, como lo es la libertad de expresión”, dice Héctor Faúndez, abogado especialista en la materia.
La cronología de casos que se han producido, con mayor insistencia en lo que va de 2013, violenta lo establecido en el artículo 57 de la Constitución, donde se garantiza la libertad de expresión y se prohíbe “cualquier tipo de censura que intente inhibir el debate plural de ideas”. Faúndez considera, además, que estas prácticas coartan el trabajo libre de los comunicadores y pretende distraerlos de su función informativa principal.
A IPYS le resulta “preocupante” la proliferación de estos casos, pues estiman que podrían ser considerados como censura previa y, en algunos de los casos, estiman que viola el artículo 49 de la Constitución donde se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
La cesura se ha llegado a imponer en medios de comunicación por la vía de órdenes de tribunales. En 2011 en el estado Bolívar se impidió que se avanzara en una averiguación periodística por supuesta corrupción del gobernador oficialista Francisco Rangel Gómez; mientras que ya en los años 2005 y 2006 se había promovido un veto similar que impidió que los medios dieran información sobre los avances en torno al caso del fiscal asesinado Danilo Anderson.
Censura por investigar
El seguimiento de una denuncia sobre corrupción en la Ferrominera del Orinoco le trajo consecuencias al diario el Correo del Caroní. La triangulación que hicieron los periodistas, a través de fuentes públicas, vinculaba a trabajadores de la empresa, efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado y empresarios de la región. De este último grupo el nombre más resaltante fue el de Yamal Mustafá, dueño del diario Primicia y a quien se le vincula como testaferro del gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
Inicialmente el propio Mustafá solicitó a los tribunales prohibir a todos los medios de la región informar sobre el caso, y demandó directamente al director del diario, David Natera, por supuesta difamación solicitando que se acordara una multa que podría costarle el cierre del medio.
Aunque el procedimiento nunca prosperó tal como lo exigió, en julio el Tribunal Primero de Juicio sí ordenó una medida de censura contra el Correo del Caroní, al que se le impidió publicar informaciones “subjetivas o prejuiciosas” relacionadas con el empresario. Mustafá, sin embargo, está ahora detenido. Fue imputado por la Fiscalía por considerar que tenía relación con los hechos de corrupción en la Ferrominera del Orinoco.
Niños como excusa
Amparados en la protección de niños y adolescentes, tribunales han ordenado la censura en medios impresos. En julio de este año un juzgado en el estado Falcón prohibió al diario La Mañana la publicación de fotografías de hechos violentos. La medida se extiende hasta que finalice un juicio que se inició en contra del diario por parte de la Defensoría del Pueblo, organismo que consideró que se violentaba la integridad de este sector de la población al difundir gráficas referentes a homicidios y accidentes de tránsito en la región.
Semanas atrás también fueron sancionados los diarios Tal Cual y El Nacional, por un procedimiento que se inició en 2010. Ese año ambos rotativos publicaron una fotografía donde se observaban cuerpos apilados en la principal morgue de Caracas, lo que fue considerado por el Circuito Judicial de Protección de Niños y Adolescentes, como un atentado a la integridad de los menores. La multa, que será apelada, representa el uno por ciento de los ingresos brutos de cada medio hace tres años.
Silencio electoral
Tras las elecciones presidenciales de abril, donde Nicolás Maduro resultó electo por estrecho margen, tres periodistas fueron acusados de propiciar los hechos violentos que siguieron a los comicios. El Ministerio Público citó a Nelson Bocaranda luego que el diputado oficialista Pedro Carreño lo responsabilizara como “autor intelectual” de los incidentes, pues había informado a través de su cuenta en Twitter sobre supuestas cajas de votación escondidas en Centros de Diagnóstico Integral.
En Mérida fueron demandados los locutores Horacio Contreras y Leonardo León, bajo una acción promovida por el gobernador oficialista Alexis Ramírez. Resultaron acusados penalmente por supuesta difamación y desestabilizadores, también después de difundir por sus emisoras noticias sobre las revueltas callejeras producto del descontento popular que se generó por la reñida victoria presidencial.
Por la cabeza
Directamente contra dueños de medios han actuado en los casos de Leocenis García, del Grupo 6to Poder, y Miguel Henrique Otero, director de El Nacional. Al primero la Fiscalía ordenó congelarle las cuentas bancarias –incluidas las vinculadas a sus periódicos– luego de ser imputado por delito de legitimación de capitales, tras una denuncia presentada por el diputado del PSUV Julio Chávez por supuesto enriquecimiento ilícito. La mayor repercusión fue el cierre de toda la compañía, lo que impidió la circulación de sus medios y obligó a la liquidación del personal.
A Otero el Ministerio Público le activó un procedimiento por una demanda civil que hace más de una década había realizado el entonces alcalde metropolitano Alfredo Peña, a razón de un préstamo que se le realizó. Sin embargo, la orden de la Fiscalía también causó la congelación de las cuentas bancarias del director de El Nacional, aunque en este caso no afectó el funcionamiento del periódico.
Fuente: La Verdad
