El Observatorio Económico Legislativo de CEDICE Libertad, expresó que Las demandas de nulidad intentadas en días recientes contra algunos de los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 6. 12 podrían considerarse como el ejercicio legítimo del derecho a la tutela judicial efectiva en sede electoral por parte de interesados en que esos resultados sean revisados por un juez independiente e imparcial.
Sin embargo, esa lectura inicial no aplica a la realidad venezolana actual, básicamente porque las demandas (recursos de nulidad) se presentaron ante la Sala Electoral del TSJ, que está actualmente integrada, como el resto de ese órgano, no por jueces independientes e imparciales sino por militantes políticos del partido de Gobierno y ex funcionarios del Ejecutivo Nacional, designados de manera inconstitucional en diciembre de 2014 y diciembre de 2015, de modo que, hasta tanto no se designen nuevos Magistrados conforme a lo establecido en la Constitución de 1999, esas demandas no pueden ser resueltas con base en el Derecho.
Prueba de lo anterior, es el doble rasero con que se han tratado estas demandas de nulidad intentadas este diciembre de 2015 por el oficialismo, las cuales han sido recibidas en plenas vacaciones judiciales y admitidas a trámite, y las intentadas por la oposición en el año 2013, contra los resultados de las elecciones presidenciales de ese año, que no sólo fueron arrebatadas por la Sala Constitucional ilegalmente a la Sala Electoral, sino declaradas inadmisibles sin motivación alguna en una única «sentencia» completamente política y carente de razonamiento jurídico aceptable.
La única sentencia válida indica el comunicado del Observatio de CEDICE es que el 6 de diciembre de 2015 la decisión de la mayoría de los ciudadanos en medio de unas condiciones electorales injustas y en modo alguno auténticas, fue respaldar una opción política contraria a la del Ejecutivo Nacional y el partido oficialista, y que dio lugar a una mayoría de 112 diputados que debe ser respetada por todas las autoridades y ciudadanos, so pena de incurrir en desacato a la voluntad ciudadana, a la Constitución y a la democracia, que es lo que se pretende a todas luces hacer con estas injustificadas demandas de nulidad, que se alinean con declaraciones violentas, insurreccionales y anti democráticas del Alto Gobierno, directiva de la saliente AN y de otros Poderes públicos ilegítimos, todos controlados por el partido de Gobierno.
El costo para la democracia venezolana de que se pretenda desconocer los resultados y la decisión de los ciudadanos del 6.12 será sumamente alto si actos que sólo tienen apariencia de sentencia son obedecidos en lugar de la voluntad de los electores, por lo que desde el Observatorio Económico Legislativo de Cedice hacemos votos porque se instale el próximo 5.01 la AN con la totalidad de los 112 diputados de oposición electos, y que dicha AN proceda a la renovación de los Poderes públicos, a fin de hacerlos independientes e imparciales tanto del oficialismo como de la oposición, y así todos los venezolanos, allí si, tengan garantizado su derecho a la tutela judicial efectiva.
Fuente: El Observatorio Económico Legislativo de CEDICE Libertad
