El Decreto de Emergencia Económica publicado en Gaceta Oficial el pasado 14 de enero otorga al Presidente de la República facultades similares a las que recibió en leyes habilitantes y otros instrumentos legales que han llevado al país a una de las peores crisis económicas de la historia, aseguró Andrea Rondón, directora del Comité de Derechos de Propiedad de Cedice.
Rondón agregó que “las pocas novedades” del decreto presidencial, entre ellas el establecimiento de límites de ingresos y egreso de la moneda venezolana y la restricción a ciertas operaciones comerciales y financieras, constituyen “flagrantes violaciones a la propiedad privada y a la libertad económica”.
Al respecto, recordó que el ataque a estos dos derechos (la libertad económica y la propiedad privada) afecta a cada venezolano, y no solamente a un grupo, como el gobierno insiste en señalar. “En la medida en que se respeta menos la propiedad privada, cada vez somos menos ciudadanos y más súbditos, porque tendremos menor herramientas para ejercer y defender nuestros derechos”, añadió la experta.
Régimen cambiario arbitrario
Rondón, doctora en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, enumeró algunas de las medidas contenidas en el Decreto de Emergencia Económica y las comparó con acciones del gobierno y leyes ya existentes que han empeorado la economía del país.
Por ejemplo, la directora del Comité de Derechos de Propiedad de Cedice recordó que el decreto permite al Ejecutivo Nacional “disponer de trámites para la importación y nacionalización de mercancías cumpliendo con los permisos pertinentes”, así como “dispensar de los trámites cambiarios de Cencoex y BCV a órganos del sector público y privado para garantizar las importaciones de bienes indispensables para el abastecimiento nacional”, señaló en nota de prensa. Rondón recordó que este manejo arbitrario y poco transparente de las divisas ya ha caracterizado al gobierno a lo largo de los más de diez años de inconstitucional control cambiario.
De manera similar, Rondón resaltó que el gobierno también se ha valido del régimen de control de precios para controlar la producción de las empresas del sector público y privado. Por ello, considera que es repetitivo que el nuevo Decreto permita al Ejecutivo Nacional “requerir a empresas del sector público y privado, incentivar sus niveles de producción así como el abastimiento de diversos insumos a los centros de producción y bienes esenciales”.
Discrecionalidad presupuestaria
En el ámbito financiero, Andrea Rondón también resaltó que el Decreto faculta al Ejecutivo Nacional para “disponer los recursos provenientes de la economía presupuestaria del ejercicio económico financiero 2015…”. Sin embargo, recordó que cuatro días antes de iniciarse el período legislativo se aprobaron créditos por 12,61% del presupuesto aprobado para 2016, tal como lo denunció el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad (http://www.cedice.org.ve/?p=22958).
“No es un buen comienzo tener créditos adicionales por 195 millardos apenas transcurridos cinco días del nuevo año en curso; esperemos que para diciembre, el gasto presupuestado y el gasto efectivo no discrepen como tradicionalmente lo han hecho y por mucho”, sostuvo.
De manera similar, el Decreto permite al Ejecutivo “diseñar e implementar medidas especiales, de aplicación inmediata, para la reducción de la evasión fiscal”. Sin embargo, Rondón resaltó que medidas de esta naturaleza ya están contempladas en el Código Orgánico Tributario, que fue reformado en 2014 “para hacerlo más punitivo y, entre otras cosas, evitar la evasión fiscal.
Por todas estas razones, Rondón insistió en que el decreto no plantea verdaderas medidas para paliar la crisis económica nacional, sino para continuar con un modelo estatista y controlador, que coarta la libertad económica, la cual es la única vía para generar riquezas en un país, concluyó la información de prensa de Cedice.
Nota de Prensa
