Chile rechazó “categóricamente” el documento emitido el lunes por Venezuela que “ataca la decisión de la nación austral” de velar por los derechos de Braulio Jatar, de quien se desconoce su paradero de detención.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores refutó “categóricamente” el escrito de la Cancillería venezolana que rebate la resolución de Chile de proteger los derechos del connacional Braulio Jatar.
Además, “anticipa juicios en relación a las imputaciones formuladas contra el señor Jatar, las que, en un sistema democrático de derecho, sólo pueden ser dirimidas en el marco de un proceso llevado a cabo ante tribunales competentes, independientes e imparciales, debiendo garantizarse al imputado la presunción de inocencia”, añade el texto.
Chile sostiene que Jatar no ha tenido la posibilidad de contactarse con su abogado y que el Ejecutivo no acepta que “la preocupación manifestada por la situación de los derechos humanos del señor Jatar constituya un supuesto ‘inadmisible injerencismo’ en los asuntos internos de Venezuela“.
Venezuela rechazó este lunes la solicitud que hizo el domingo la Cancillería chilena para conocer el paradero de Jatar, quien fue trasladado a un recinto carcelario indeterminado, tras estar una semana detenido en el cuartel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del estado de Nueva Esparta.
En un comunicado, la Cancillería venezolana habló de “inadmisible injerencismo, falsos presupuestos y falta de recato diplomático” de parte de su par chilena en la carta dada a conocer hace un día.
Así, la entidad criticó duramente al canciller chileno, Heraldo Muñoz, asegurando que “en su inamistoso accionar hacia el Gobierno venezolano y desconociendo el sistema constitucional y legal de nuestro país, obedece a presiones de los sectores más reaccionarios de la burguesía pinochetista y la élite internacional”.
La Cancillería chilena manifestó que persistirá en la exigencia contra el Gobierno de Maduro para que se dé cumplimiento “a las garantías aplicables a la detención de toda persona, a las cuales el Gobierno de ese país se encuentra obligado en virtud de los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
EFE
