La CIDH visitó al exmandatario
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, destituido y preso tras un fallido intento de autogolpe de Estado, se encuentra recluido bajo condiciones legales y sin complicaciones físicas en una cárcel de Lima, dijo el viernes la Defensoría del Pueblo.
«Nos entrevistamos con el exmandatario y su defensa técnica y verificamos que condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en el Código de Ejecución Penal», informó en Twitter la defensoría, quien entró a la prisión el jueves junto a un equipo de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
Según el Instituto Nacional Penitenciario, el encuentro entre Castillo y las delegaciones se realizó en privado el jueves por la mañana.
Sin complicaciones
El jefe del Programa de Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández, dijo a la AFP que Castillo les manifestó que se encuentra «en una situación estable (…) Sin ninguna complicación en la parte física».
Fernández detalló que la celda de Castillo tiene un área para dormir y una sala, donde puede recibir la visitas. Se trata de una celda propia, sin restricciones de salida a un patio privado, donde puede realizar actividades o un taller.
Castillo, de 53 años, está recluido en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en la capital.
La prisión cuenta con tres celdas separadas. Una de ellas ya está ocupada por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple condena por crímenes de corrupción y lesa humanidad. La tercera está vacía.
Castillo es investigado por el delito de rebelión y conspiración tras su fallido intento de dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre, y su posterior destitución por parte del Congreso.
La delegación de la CIDH está en Perú en el marco de una visita de trabajo que investiga las violentas protestas que dejaron al menos 22 muertos desde la caída de Castillo.
Castillo intentó cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto, pero no tuvo respaldo institucional.
La policía detuvo al exmandatario horas después de su destitución cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Asumió el gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte.
El jueves, a través de la cuenta de Twitter del exmandatario, su abogado, Wilfredo Robles, había escrito que «solicitó una reunión» entre su defendido y la misión CIDH que desde el lunes se encuentra en el país.
En la publicación se difundió también un mensaje de Castillo, quien aseguró estar «privado arbitrariamente» de sus derechos.
Lilia Paredes, esposa del expresidente y asilada en México desde el miércoles, pidió en Twitter «especial atención» a la salud de su esposo.
«Que haya justicia»
Los familiares de Castillo fueron recibidos la tarde del jueves por la delegación de la CIDH en un hotel de Lima.
«Se está cometiendo una injusticia. Que haya justicia y que sea muy transparente para todos», dijo al salir de la reunión Vilma Vásquez, sobrina del expresidente.
La misión de la CIDH se reunió también con autoridades de Ayacucho (sur), donde fallecieron al menos 10 personas en enfrentamientos con militares. Otro grupo visitó Lima y Cusco (sureste).
En su visita a Perú, conversaron también con «organizaciones, movimientos sociales y personas líderes de pueblos indígenas para recibir información sobre las protestas y el contexto de la crisis institucional», dijo en redes sociales la CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según la Defensoría del Pueblo, al menos 22 personas han fallecido y más de 600 resultaron heridas en enfrentamientos entre partidarios del izquierdista Castillo y las fuerzas de seguridad.
Los manifestantes pedían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. En un intento de mitigar la crisis, el Parlamento aprobó el martes avanzar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.
En un comunicado este jueves, Human Rights Watch pidió a las autoridades de Perú «realizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e independientes» sobre el «asesinato» de manifestantes.
EU
