La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció este jueves a través de su cuenta en la red social Twitter que fue declarada con lugar la solicitud del Ministerio Público de radicar en Caracas el proceso penal que se sigue pro el caso de CVG Ferrominera del Orinoco.
Con ponencia del magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Paúl Aponte Rueda, se aceptó la solicitud planteada por los fiscales nacionales auxiliares 56° y 57°, Frank Bolívar y Laura Romano, respectivamente, de que el caso se ventilara fuera de la referida jurisdicción, dice una nota de prensa del Ministerio Público.
La decisión del TSJ, de fecha 31 de julio, justifica la petición del Ministerio Público basada en el artículo 64º del Código Orgánico Procesal Penal. La norma establece que «procederá la radicación a solicitud de las partes, en los siguientes casos: 1. Cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público; 2. Cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el o la fiscal (…)».
Corresponde ahora al Máximo Tribunal de la República ordenar la remisión del expediente al Circuito Judicial Penal del AMC, para que continúe el proceso.
María Rodríguez (ex-gerente general de Administración y Finanzas) y el empresario Yamal Mustafá fueron aprehendidos en el estado Bolívar por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el 18 de julio, tras una orden de aprehensión solicitada por el Tribunal 5º de Control de Puerto Ordaz.
Mientras que Noel Ramírez (ex- consultor jurídico) y María Acosta (ex-gerente de Finanzas) fueron aprehendidos en las instalaciones de CVG Ferrominera Orinoco C.A, ubicada en Puerto Ordaz, el pasado 19 de julio.
En junio, funcionarios del organismo militar detuvieron a Radwan Sabbagh (ex presidente de la Ferrominera) en un hotel del Este de Caracas, por su presunta responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares, cuando era presidente de la referida empresa ferrominera.
El ex presidente de la Ferrominera fue imputado por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir y privado de libertad en la sede de inteligencia militar, ubicada en Ciudad Bolívar.
Fuente: ÚN
