Caracas, 17 de junio de 2016
Excelentísimo Señor
Danilo Medina
Presidente de la República Dominicana.
Santo Domingo, R.D.
Señor Presidente,
En su discurso al instalar la VI Asamblea de la Organización de Estados Americanos, el pasado lunes 13 de los corrientes en esa ciudad, pidió usted, en nombre de los dominicanos, un desagravio por la invasión militar de 1965 a su patria, a la cual dicha organización reconoció, a posteriori, una “legalidad” internacional de la cual carecía.
Fueron sus palabras, según he leído en la prensa quisqueyana, “Nuestra patria y nuestra democracia merecen este acto de dignidad y respeto y es mi obligación, como Jefe del Estado, solicitar a esta asamblea saldar la deuda histórica con el pueblo dominicano.” Con satisfacción me he enterado de que su propuesta recibió el apoyo unánime de los representantes de los países miembros de la OEA, y así fue aprobada el día 15 una declaración, en la línea que con justicia reclamara Su Excelencia.
Comprendemos y compartimos su planteamiento, porque se trata también de una causa nuestra. Como seguramente recordará, Venezuela fue uno de los pocos países que en el seno de la OEA se opuso a la intervención extranjera en suelo dominicano. En su Mensaje Anual al Congreso, en marzo de 1966, el Presidente Raúl Leoni, ilustre demócrata, rindió cuenta al respecto a los senadores y diputados, en términos que no ameritan exégesis:
“El día 28 de abril, infantes norteamericanos desembarcaron en el territorio de la República Dominicana. Tan insólito acontecimiento motivó las comunicaciones que dirigí a los Primeros Magistrados de América, solicitando apoyo para la convocatoria de una urgente Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos con el objeto de que se consideraran y acordaran las medidas necesarias para mantener la vigencia del principio de la no intervención. En el mismo sentido, me dirigí al Presidente Johnson para expresarle la profunda consternación que había causado en Latinoamérica la noticia del desembarco, con inexplicable desconocimiento de un principio esencial para la vida del sistema interamericano. Este Soberano Congreso se solidarizó de inmediato con la actitud del Ejecutivo, con el mismo fin de velar por la dignidad y la independencia de las Naciones de la América Latina.”
La posición que entonces tuvieron el Gobierno y el Parlamento venezolanos, así como nuestro pueblo a una sola voz, no fue obra del cálculo político o fruto de la conveniencia, sino lógica consecuencia de la fidelidad a los principios, y a valores del Derecho.
En el mismo discurso suyo antes citado, sostuvo usted que “asegurar la institucionalidad democrática debe ser una prioridad absoluta en nuestra agenda”, con lo cual, como cualquier ciudadano del hemisferio, coincido absolutamente. Las recurrencias autoritarias han hecho mucho daño a nuestros pueblos y están, en medida nada despreciable, en la base del atraso y la pobreza de nuestra región latinoamericana, pues como es sabido, las instituciones fuertes y sanas son el marco del desarrollo integral.
En tal sentido, recordamos que “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.” Esto según el Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana de 2001, de la cual, tanto la República Dominicana como la República Bolivariana de Venezuela, son signatarias.
Esos elementos esenciales son precisamente los que defendemos los venezolanos, y los que están en juego hoy. Se trata de valores que nos son muy caros. La responsabilidad de defenderlos y promoverlos en nuestro país es intransferiblemente nuestra, pero en esa lucha cívica que se ha puesto cada día más dura, Señor Presidente, merecemos la compañía de la comunidad internacional, primero que todo la de nuestra región, material y formalmente comprometida con los mismos principios.
Presos políticos, procesos judiciales carentes de imparcialidad, ejercicio desenfrenado del poder, obstáculos para que el pueblo pueda ejercer derechos a la participación democrática constitucionalmente reconocidos, y desconocimiento abierto de la separación e independencia de los poderes. Eso vivimos en Venezuela hoy, en un marco económico y social crecientemente preocupante, el cual va adquiriendo aceleradamente características de verdadera emergencia humanitaria.
Inspirado por sus palabras en la VI Asamblea de la OEA, molesto su atención, Señor Presidente, para plantearle que los venezolanos no aspiramos que nadie resuelva por nosotros problemas nuestros que a nosotros y a más nadie toca resolver, pero si esperamos que nuestros hermanos nos acompañen a la hora de buscar pacífica, democrática y constitucionalmente, una solución a nuestra crisis. Es nuestro derecho, y nos lo reconocen tanto la Constitución, como los tratados suscritos por nuestro gobierno, que así lo comprometen, como a la comunidad de las naciones americanas, cuya credibilidad está en juego.
Reciba Su Excelencia el testimonio de mi respeto personal, y de mis mejores votos para con su persona, su gobierno y todo el querido pueblo dominicano.
Atentamente,
Ramón Guillermo Aveledo
C.C.: S.E. Luis Almag
Secretario General de la OEA
