Si los líderes de la oposición venezolana no están presos, los andan buscando.
La semana pasada cerró con el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, acusado de promover los hechos de violencia ocurridos el pasado 12 de febrero. No es el primer castigo sufrido por López, sobre quien ya pesaba una inhabilitación administrativa dictada por la Contraloría General de la República para ejercer cargos públicos. La sanción se impuso por la presunto comisión de delitos de corrupción en el financiamiento de Primero Justicia.
Entretanto, la mayoría chavista de la Asamblea Nacional sopesa la posibilidad de allanarle la inmunidad a la diputado María Corina Machado (Indp-Miranda). Esta medida abriría paso al enjuiciamiento de Machado por supuestas acciones conspirativas.
En la mira
Varios de los representantes más destacados de la oposición han sido o son actualmente perseguidos por la justicia. El exgobernador del estado Zulia y fundador de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, solicitó asilo político en Perú, mientras en el país se iniciaba un juicio en su contra por enriquecimiento ilícito.
El mandatario del estado Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, estuvo preso por el caso del «asalto» a la embajada de Cuba en Caracas, durante los sucesos de abril de 2002. Henri Falcón tampoco se salva. El Poder Legislativo le declaró responsabilidad política por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión en la Gobernación del estado Lara y la Alcaldía del municipio Iribarren (Barquisimeto).
Vieja práctica
«Uno no puede generalizar porque puede haber casos donde haya situaciones de dolo. Sin embargo, la repetición de este tipo de casos pretende hacer pensar que todo la dirigencia opositora es dolosa», advierte Daniel Varnagy, profesor de la Universidad Simón Bolívar.
Varnagy señala que los sistemas políticos que tienen legitimidad de origen, gracias a elecciones libres, y que luego la pierden en su desempeño para convertirse en sistemas autoritarios, «siguen usando muchas de las instituciones de esa democracia de origen para minar a cualquiera que se asome como posible enemigo». El doctor en Ciencias Políticas recuerda que «el Estado de Derecho se fundamenta en una investigación independiente, científica y rigurosa y, además, parte de la premisa de la inocencia, no de la culpabilidad».
Varnagy enfatiza que la diferencia entre la democracia y el autoritarismo es que la primera protege a las minorías y atiende los reclamos de quienes disienten. De lo contrario, advierte, «caemos en una deformación patológica del concepto de democracia, que se conoce como la tiranía de las mayorías. Cuando la mayoría es tiránica y no protege a la minoría, ya no es democracia».
El Universal
