El país ve con buenos ojos que el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, enfrente y no le saque el cuerpo a los señalamientos que la ahora llamada “Contraloría Familiar de la República”, ha lanzado al aire con la finalidad de enredar al mandatario regional en la izquierdosa trama de sobornos que hoy recorre todo el continente americano luego de conocerse, apenas en una mínima parte, la existencia de lo que algunos expertos no han dudado en señalar como la más ambiciosa red de corrupción que alguien haya podido soñar.
Para quienes llegaron tarde a la función, les recordamos que todo empezó cuando al gobernador Capriles le llegó una citación para que acudiera hoy a la sede de la Contraloría con la finalidad de que, aparentemente, aportara informaciones relacionadas con los manejos de los recursos presupuestarios ejecutados por su gobernación. Y decimos aparentemente porque desde que el señor Maduro está en Miraflores no hay forma ni manera de que un ciudadano sepa si lo están citando en serio o le están montando una trampa para llevárselo luego directamente a las celdas del Sebin, de donde no saldrá ni con boleta de excarcelación debidamente sellada y firmada por el juez de la causa.
De manera que Capriles no se lo tomó a broma y revisó con lupa y en compañía de sus abogados lo que podía resultar peligroso. En efecto, este lunes en el diario estadounidense The Wall Street Journal un funcionario no identificado decía que “Odebrecht supuestamente habría tenido contrataciones con la Gobernación de Miranda”.
Sin embargo, Capriles lo negó enfáticamente y contraatacó diciendo que esas “supuestas contrataciones con Odebrecht no se dieron durante su mandato sino antes de que él entrara en la gobernación”. Y para buen entendedor las palabras sobran. Lo que Capriles dejó a la libre interpretación fue que antes de su llegada al gobierno regional la anterior gestión no era calva, sino que tenía cabello.
Esto cuadra más con la realidad porque los clientes preferidos de Odebrecht en Venezuela eran siempre del entorno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Que se cite a Capriles y no al anterior gobernador nos dice mucho de como funciona la Contraloría Familiar de la República.
Para el gobernador Capriles, lo que persigue el gobierno de Maduro a través de la Contraloría no es otra cosa que inhabilitarlo políticamente. Así lo declaró a las agencias de noticias AP y AFP y dio sensatamente sus razones: “No tengo problema en que me investiguen, pero en estos tiempos si usted es hampón y milita en el PSUV no lo investigan”.
El gobernador de Miranda piensa que hoy la Contraloría Familiar de la República: “Intentará declararme culpable, me pondrá una multa y después cuando al contralor le dé la gana, decidirá si me inhabilita o no. Desde ya lo digo: eso es completamente inconstitucional”.
En cuanto a lo que afirma Capriles sobre su inhabilitación política no hay que darle muchas vueltas: a María Corina la inhabilitó el PSUV porque era la más votada en Venezuela, a Ledezma porque les ha dado dos palizas electorales, a Leopoldo López porque es un ganador nato en cualquier campaña, y no pare usted de contar.
Editorial de El Nacional
