En espacios destinados a pernoctas de no más de 48 horas permanecen hasta dos años los ciudadanos que son detenidos en celdas policiales. Estos calabozos, normalmente pequeños y con pocas comodidades, se convierten en sus únicos espaciospara dormir, comer, recrearse y hacer sus necesidades fisiológicas.
Fuentes del Ministerio Público aseguran que unas 13.700 personas estaban detenidas en centros de coordinación policial para mediados de este año. Sin embargo, añaden que la cifra ha presentado un aumento en los últimos meses, sin haberse desarrollado, en paralelo, algún proyecto de ampliación de los calabozos.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, declaró a Globovision.com que la estadía de los detenidos en estos sitios de carácter transitorio está plagada de irregularidades. “Se trata de lugares que no están aptos para que un ser humano pase sus días con dignidad. La mayoría de los hombres dura todo ese tiempo sin ver el sol ni recibir visitas conyugales, y hemos hallado calabozos donde no cuentan con agua potable y tienen que realizar sus necesidades en botellas de plástico”.
Esta situación, añade, se complica al encontrar que en la mayor parte de los establecimientos la capacidad de los calabozos policiales está en su tope o “superada hasta en 80%”. “Los ves muy juntos, hacinados”.
En las sedes de la Policía de Miranda, por ejemplo, se llegó esta semana al máximo de la capacidad disponible de detenidos, cifrada en 150. En una nota de prensa, el subdirector de este cuerpo de seguridad, Francisco Escalona, denunció la situación e informó que cada celda de su entidad tiene un tamaño de 2×2 metros. En ellas conviven entre 10 y 14 personas, a la espera de que se inicie su proceso judicial.
Otro caso similar se presenta en los calabozos de Polisucre donde la población supera en más del doble a la que pueden dar cabida. De acuerdo con fuentes internas, hasta este miércoles las cinco celdas albergaban a 71 detenidos, cuando cuentan con espacio para 30 personas.
Retardo y colapso
Los expertos consultados coinciden en que una de las principales causas del hacinamiento en las celdas policiales es el retardo en los procesos penales de cada detenido.
De acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, los ciudadanos deben permanecer en las policías donde fueron capturados hasta que se realice la audiencia de presentación, prevista para hasta 48 horas después de su captura para establecerse si el caso será investigado o no. Sin embargo, en la práctica, se estaría esperando actualmente hasta la audiencia preliminar, en la que se decide si el caso será llevado a juicio, para trasladar al detenido a alguna cárcel formal. Aunque este paso está establecido para un lapso de 45 días, “llega a extenderse por varios meses”.
A mediados de este año, el Tribunal Supremo de Justicia, junto con el Ministerio Público, emprendió un operativo para descongestionar los calabozos de cuatro entidades y adelantar la realización de las audiencias preliminares. Sin embargo, las celdas continúan atestadas.
El subdirector de Polimiranda, informa que de los 150 detenidos que tienen en sus calabozos, nueve ya fueron enjuiciados y siete ya recibieron sentencia. Además, comenta que otros 128 están en tribunal de control con más de 60 días. Todos ellos deberían haber ingresado ya a cárceles venezolanas.
El director de la ONG Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto, atribuye estos hechos a las dificultades para encontrar “cupos” en las cárceles por el hacinamiento que también hay en ellas, y porque cada entrada requiere de la autorización del Ministerio para los Servicios Penitenciarios. “La Ministra procura controlar el ingreso a las cárceles para evitar motines pero, en lugar de construir nuevos establecimientos, les corre la arruga a las policías y deja en sus calabozos a los detenidos el mayor tiempo posible”.
En contraste, la viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales del Ministerio de Servicios Penitenciarios, Mariely Valdez, aseguró a finales de septiembre que 70% de las cárceles se encuentran bajo el Nuevo Régimen Penitenciario y que, en ellas, fue superado el hacinamiento. Sobre la situación en las celdas de las policías de Miranda, Sucre y Chacao, la ministra Iris Varela instó este miércoles al gobernador Enrique Capriles Radonsky a resolver el problema y aseguró que “la tiene papita”.
Fuente: Globovisión
