La cancillería negó este jueves que se estén violando los derechos humanos de colombianos indocumentados deportados, denuncias que calificó como «maniobras de los sectores enemigos de la paz», aunque continúan las redadas contra extranjeros.
El comunicado se difundió a la misma hora en que grupos policiales realizaban los cotidianos controles de identidad en barriadas populares de Caracas, como Petare, deteniendo indocumentados, que se dirigían a trabajos en el comercio informal o tareas de limpieza en residencias de clase media, comprobaron reporteros de la AFP.
Entre enero y mediados de abril de 2015 el ritmo de deportaciones de colombianos desde Venezuela se duplicó respecto al año anterior, llegando a casi 2.000 personas, según cifras de Bogotá. Se cuentan por decenas los casos de deportados que, al llegar a Colombia, han denunciado malos tratos, separaciones de familias y otras vejaciones.
Este jueves el comunicado de la cancillería «expresa de manera enérgica su profundo rechazo a las maniobras de sectores enemigos de la paz y de las buenas relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela que manipulan abiertamente a la opinión pública sobre infundios vinculados a derechos humanos en el ámbito migratorio».
En Venezuela se estima que residen mas de cinco millones y medio de colombianos, de ellos medio millón llegados ilegalmente desde 2012.
El texto del gobierno venezolano afirma que en Colombia hay «una crisis humanitaria que ha generado un éxodo sin precedentes en la historia de nuestros países».
Y para respaldar esto Caracas afirma tener una cifra exacta de 494.597 inmigrantes ilegales colombianos, «que se establecieron en nuestro país sin cumplir los procedimientos migratorios de ley» entre los años 2012 y 2014, aunque sin precisar como fue posible llegar a una cifra tan detallada sobre un fenómeno que, por definición, carece de estadísticas.
«Son conspiradores»
El miércoles en la noche el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo en televisión que los deportados colombianos eran todos «conspiradores», contradiciendo a los afectados que dicen haber sido deportados sin procesos judiciales y solamente por carecer de papeles en regla.
Cabello en su programa semanal «con el Mazo dando», dijo dirigiéndose a la ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, María Angela Holguín: «cada deportación está vinculada a uno o varios delitos como el bachaqueo (contrabando) y la conspiración para acentuar la guerra económica en el país».
El gobierno venezolano, en una crisis económica marcada por inflación descontrolada, recesión y desabastecimiento, acusa de la situación a una «guerra económica» en su contra por parte de sectores de lo que define como «derecha oligárquica» con apoyo de grupos de Estados Unidos y de Colombia.
El gobierno venezolano asegura que en su país «conviven más de 5,6 millones de ciudadanos colombianos que acceden sin discriminación o distingo migratorio» a programas sociales de asistencia en salud, alimentación, educación y vivienda».
Muchos cientos de miles llegaron a lo largo de dos décadas escapando del conflicto armado colombiano entre guerrillas de izquierda, bandas paramilitares de derecha y los carteles de la droga.
EL UNIVERSAL
