El presidente Iván Duque perdió su audaz apuesta por reformar el acuerdo de paz de Colombia. Con nueve meses en el poder y las encuestas en contra, la derrota a manos de los jueces podría forzar un temprano punto de quiebre de su gobierno.
Timonazo o radicalización
Sin una mayoría consolidada en el Congreso, Duque enfrenta a ojos de los analistas el dilema de dar un giro o seguir apegado a una moribunda bandera de gobierno por la presión de su partido de derecha, el Centro Democrático, que insiste en modificar lo pactado en 2016 con la que fuera la guerrilla más poderosa de América, pese al alto costo político y las críticas internacionales.
Cualquiera sea el rumbo que tome el gobierno impactará en un país aún polarizado por el acuerdo con las FARC -involucradas en delitos atroces a lo largo de medio siglo de lucha armada- y acosado por el narcotráfico y la violencia de varias organizaciones que suman al menos 6.300 hombres en armas, poco menos de los 7.000 que tenía la disuelta guerrilla.
Una coyuntura agravada además por asesinatos de excombatientes, activistas de derechos humanos y las críticas y exigencias de Estados Unidos ante la falta de resultados en la lucha antidrogas.
Desgaste
Elegido para un único periodo de cuatro años, Duque está en el “peor de los mundos”, señala Carlos Arias, experto en comunicación política de la Universidad Externado.
El miércoles la justicia le propinó una estruendosa derrota por partida doble.
Por un lado, dejó sin piso sus objeciones al sistema de justicia de paz acordado con las FARC y, por el otro, excarceló a un excomandante rebelde pedido en extradición por Estados Unidos bajo sospecha de haber planeado un envío de cocaína después de que depuso las armas.
El Congreso rechazó los reparos planteados por Duque y la justicia, al validar la votación que era cuestionada por el oficialismo, le ordenó promulgar la ley que sustenta el sistema que juzgará los peores delitos cometidos durante el conflicto.
Quienes digan la verdad, reparen a sus víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia recibirán penas alternativas a la cárcel.
Duque se había empecinado en sacar adelante los cambios a un acuerdo que según él promueve la impunidad, pese a los llamados de fuerzas políticas a pasar la página e implementar los compromisos respaldados por la ONU.
También convirtió en una cuestión de honor la extradición de Jesús Santrich, que quedó en suspenso mientras concluye la investigación en la Corte Suprema.
“Ha sido un desgaste muy fuerte para él (…) y eso ha debilitado al gobierno ante la opinión pública”, señala Yann Basset, analista de la Universidad del Rosario. Aunque, agrega, la “derrota” podría permitirle ocuparse de otros asuntos y “dejarle a su partido la oposición al acuerdo de paz”.
Así también lo cree Álvaro Forero, de la Fundación Liderazgo y Democracia. El fracaso le serviría como “evidencia para decirle a su partido: no me presiones más con las banderas del No (al acuerdo) porque eso divide, polariza y nos frena la agenda legislativa”.
Violencia en ciernes
No obstante, es poco probable que el presidente se zafe de la camisa de fuerza que le puso el Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe, feroz crítico de los acuerdos con las FARC y quien catapultó a Duque hacia el poder.
El presidente quisiera “tomar esas distancias o por lo menos pasar a otros temas, pero la verdad es que no tiene el piso político para hacerlo”, señala Basset.
Así, coinciden analistas, lo que queda esperar es que el mandatario insista en ajustar el acuerdo en un ambiente ensombrecido por el asesinato de 128 excombatientes de las FARC desde la firma de la paz y la decisión de algunos excomandantes de apartarse de los compromisos, alegando incumplimientos estatales.
“Toda esa retórica antiproceso de paz lo que hace es generar inestabilidad y fortalecer a las disidencias (de las FARC). En unos años los temas de orden público van a ser muy delicados”, advierte Forero.
El pacto de paz redujo sensiblemente la violencia.
Duque ya deslizó la opción de “corregir las cosas que no están saliendo bien” para asegurar una “paz con legalidad y sin impunidad”, aunque aún es incierta la fórmula para conseguirlo. Líderes de su partido apoyan una Asamblea Constituyente para reformar la justicia y el acuerdo de paz.
Los intentos de reformas sacaron a flote “la falta de compromiso con la implementación de los acuerdos (…) y eso implicó una alarma a nivel de la comunidad internacional, produjo una cohesión política de los partidos que habían apoyado (el acuerdo) y mostró un talante poco democrático, porque en el fondo reformar los acuerdos es ir en contra de leyes y sentencias”, señala Forero.
