El momento que vive Venezuela exige fijar posiciones de firme compromiso con la recuperación inmediata del bienestar de la Nación.
En los últimos seis años ha desaparecido 2/3 de nuestra economía. Los ingresos fiscales, internos y externos están en mínimos históricos. La inflación ha destruido nuestra moneda. Se ha destruido la capacidad de nuestra principal industria, el petróleo, y su producción se encuentra en niveles de hace 75 años. La cadena de valor que vincula a productores y consumidores, a la iniciativa y el emprendimiento, con el progreso y el crecimiento, está destruida.
A todo ello se suma ahora la pandemia del coronavirus Covid19, activando cuarentenas y paralizando de manera inmediata y extrema lo que quedaba activo de la capacidad productiva del país, las fallas en los servicios públicos y la severa escasez de combustible, la distribución de bienes y la prestación de servicios se hace compleja e ineficiente, el personal no puede atender debidamente sus responsabilidades, el flujo de caja como elemento clave de grandes y pequeñas empresas se ha reducido al mínimo, haciendo imposible cumplir obligaciones con el personal y acreedores, sin que existan alivios por la vía del crédito u otras fuentes.
Las consecuencias para el sector productivo y los desequilibrios sociales ya están a la vista: pérdidas recurrentes, quiebras, desempleo, desabastecimiento, pobreza. De una situación crítica, estamos ahora ante una verdadera emergencia nacional, tanto humanitaria como económico – financiera que afecta a todo el país y especialmente a los sectores más vulnerables de la población.
Lo anterior llama a una actuación pronta y eficiente de los órganos del Estado venezolano al nivel de la gravedad de la situación que ya se ha vuelto catastrófica y nos encuentra sin ingresos, con niveles mínimos históricos de reservas internacionales, excluidos del acceso a las facilidades que hoy en día están disponibles en los organismos multilaterales, sin un fondo de estabilización, ni reservas de ahorro, pero si con una muy débil y reducida relación entre producción y consumo, a las escalas a que han descendido estas magnitudes. Por lo tanto, es urgente adoptar medidas radicales en los ámbitos productivo, fiscal, monetario, financiero y comercial, así como modificar con prontitud los acuerdos arancelarios y migratorios vigentes. La caída estrepitosa de los precios petroleros, avala la necesidad de generar fuentes de ingreso fiscal distintas a la tributación petrolera. La magnitud del esfuerzo que demandan las circunstancias exige la conformación de un ambiente sinceramente cooperativo, del cual emerjan las decisiones que permitan aliviar y superar la conmoción que vive el país y que en ausencia de acciones apropiadas generará un ambiente de extrema gravedad.
La Cámara de Caracas parte de la necesidad perentoria de una definición de una amplía y bien estructurada política de recuperación económica que tienda a la estabilidad y siente las bases del crecimiento de la actividad productiva del país. Que cumpla con las características de una buena política pública como es el que sea debidamente divulgada y discutida con los sectores productivos a través de las organizaciones que los representan. Se trata de hacernos presentes y expresar nuestro firme compromiso con las acciones que reclama la situación del país, para lo cual invocamos las mejores experiencias a nivel mundial. Es el momento de transitar el camino de las acciones de efecto inmediato, que alivien la presión sobre asuntos medulares como la disponibilidad de alimentos, combustibles y servicios para las grandes mayorías, así como aliviar la incidencia de las malformaciones estructurales que impactan al sector productivo, una de las cuales es la carencia de flujos de caja suficientes de las unidades productivas.
Hoy el Estado venezolano está obligado a presentar y ejecutar planes acordes con la emergencia, mediante la inyección de fondos que generen un impulso a la producción y al consumo, ejecutar una política monetaria consistente con las necesidades reales del país. Por su parte, a los empresarios les corresponde gestionar adecuadamente sus riesgos, alcanzar los niveles de producción y eficiencia que sea posible lograr dadas las circunstancias, asegurar lo que esté a su alcance en un marco de políticas públicas adecuadas y consistentes para la continuidad de los negocios, todo ello con el fin de rescatar la economía y el empleo nacional.
Con esa firme convicción, planteamos:
1. El régimen de encaje legal que desde 2018 ha venido aplicando el BCV con énfasis creciente en la restricción del crédito bancario y en la elevación de los costos financieros de la banca y del crédito, ha sido un factor de grave perturbación, pues ha ocasionado una caída de 75% del crédito en 2019, en términos reales, y ha comprometido seriamente la solvencia y estabilidad del sistema bancario, sin que por ello se haya detenido la inflación ni la depreciación del bolívar. Las más recientes medidas adoptadas en marzo, no representan siquiera un paliativo menor a la restricción crediticia que padecemos. Responsablemente, exigimos la adopción de una política que favorezca el crédito bancario conforme a las necesidades reales de la economía, para lo cual es imprescindible retornar a un régimen basado en el encaje ordinario único sobre los depósitos captados por la banca.
2. Aplicar incentivos fiscales y crediticios temporales al sector agroalimentario, manufacturero y salud. La indexación de los créditos a las variaciones del tipo de cambio genera un nivel inmanejable de incertidumbre e introduce inconvenientes sobresaltos totalmente contraindicados cuando de recuperar los niveles de producción se trata. Así pues, planteamos la supresión de esa política que también, con las especificidades del caso, aplica a la Cartera Productiva Única Nacional.
3. Proceder de inmediato a la restitución del régimen a período mensual del IVA a los fines de permitir el ciclo normal de formación de los precios en cada una de las etapas del circuito económico. Esta medida debe estar acompañada de la derogatoria inmediata del régimen de anticipos de impuestos al valor agregado y a la renta.
4. Diferir la entrada en vigencia de las más recientes reformas del Código Orgánico Tributario, Ley de Impuesto al Valor Agregado y Ley Orgánica de Aduanas.
5. En comercio exterior exonerar temporalmente de tasas, aranceles e impuestos acompañada de la derogatoria inmediata del régimen de anticipos de impuestos al valor agregado y a la renta esto al valor agregado a la importación de las materias primas e insumos, activos productivos y determinados productos terminados, necesarios para asegurar el abastecimiento de la población; así como eliminar restricciones y agilizar los trámites administrativos, concesión de permisos y procedimientos de importación, tránsito aduanero y movilización de inventarios en el territorio nacional.
El tiempo para la acción que evite males mayores se agota y por ello exigimos que nuestros planteamientos sean escuchados proactivamente. La reactivación de nuestra economía y el combate eficaz al coronavirus Covid19 dependen en mucho de la capacidad que se le reconozca al sector privado para promover disparadores de crecimiento asociados a la inversión, producción y consumo.
Convencidos estamos que el bienestar no lo vamos a recuperar solo por la existencia de un flujo circulante. También es fundamental la cantidad de bienes disponibles para el público, por lo que se requiere estimular la oferta productiva. Estamos convencidos de que la conjunción de factores que han debilitado a extremos inéditos el aparato productivo nacional, agravados por la presencia de Covid-19, han determinado impactos masivos en la oferta y la demanda de bienes y servicios y por ello, las políticas que con urgencia deben adoptarse deben atender ambos componentes del mercado: favorecer la oferta productiva y crear condiciones universales para la reactivación del consumo.
Ante la emergencia nacional es el momento de sumar las ideas y opiniones de todos los venezolanos sin distingos de ninguna especie y comenzar a transitar un camino de prosperidad y paz para todos los habitantes del país.
Caracas, 23 de abril del 2020
