El Gobierno nacional tiene previsto que los afectados por la estafa en el Concesionario La Venezolana que desean la devolución del dinero aportado recibirán intereses sobre el monto aportado, según informó Ulises Medina, vocero del grupo de afectados que, de acuerdo con el último conteo, ya suman 6.196 personas.
Durante una asamblea celebrada este fin de semana en la sala plenaria de Parque Central, en Caracas, Medina dijo que aún no se ha precisado el mecanismo de devolución del dinero, pero aclaró que desde siempre se ha dejado claro que quienes opten por esta medida deben recibir intereses sobre la cantidad entregada.
Sin embargo, aclaró que las autoridades estiman que el cálculo de esos intereses se haga por el lapso comprendido entre el 17 de mayo (día de la intervención) y el momento de la entrega del monto a los clientes que así lo deseen.
Sobre la cantidad de personas que prefieren esta opción, Kysbel Blanco, también integrante de la comisión de afectados, señaló que estos representan menos de 1% de los clientes.
Durante la asamblea, la primera que convocó a todos los clientes embaucados, los voceros destacaron que entre las peticiones que han formulado a la junta administradora creada tras la intervención, figura el listado cronológico de solicitudes de compra, a fin de garantizar que al momento de resarcir el daño se haga con base en la antigüedad de cada contrato.
Del mismo modo, exigen a la junta información sobre el balance de haberes y de las cuentas en el exterior de La Venezolana, así como el plan de trabajo que regirá la devolución de dinero y la entrega de bienes, según el caso.
Al reiterar que unas 240 personas se han sumado a la lista inicial de víctimas de la estafa, Medina señaló que entre los afectados figura una asociación de taxistas que pretendía adquirir vehículos para sus socios.
“Son personas que hoy no tienen ni carro, ni dinero ni sustento para sus familias. Fueron engañadas y necesitan una rápida solución a su problema”, dijo Medina, quien pese a reconocer la labor realizada por la junta administradora, ratificó que los 180 días otorgados para realizar las investigaciones del caso son mucho tiempo, en especial para aquellos que esperaban contar con el auto como medio de trabajo.
Asimismo, se conoció que al menos 1.500 afiliados a cajas de ahorro de organismos del Estados se encuentran entre los más de 6.000 afectados. No obstante, se dijo que los fondos de ahorro no se vieron afectados, pues se trató de aportes que cada afiliado realizó de forma individual.
A su vez, María Teresa Camargo, quien funge como representante de los afectados del estado Carabobo, señaló que solo en esa entidad fueron timadas unas 550 personas durante poco más de un mes que estuvo abierta la sucursal valenciana de la venta de autos asiáticos.
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