Captura de pantalla del momento del deslave en la mina
El derrumbe anunciado ocurrió. La mina de oro ilegal Bulla Loca colapsó el martes de esta semana por el extractivismo sin control desde finales del año pasado.
Un boquete de 35 metros, según reportes, se habría tragado a un centenar de mineros. Las cifras de muertos, heridos y desaparecidos varía según la fuente de procedencia. El secretario de Seguridad Ciudadana del estado Bolívar, al sureste del país, Edgar Colina Reyes, informó al diario Correo del Caroní un primer balance al final de la tarde del miércoles: 16 muertos y 16 desaparecidos. En la cuenta de X del periodista independiente Fritz Sánchez, el capitán indígena de la comunidad El Casabe, Gabriel Fernández, mostró una lista, con su respectiva fotografía, con la identidad de 22 cuerpos sin vida recuperados. Las labores de rescate, que aún continúan, las iniciaron mineros que se salvaron del deslave y usaron lo que tenían a mano, palas, hierros y maderas, para socorrer a los atrapados.
Las imágenes del terrible suceso le dan la vuelta al mundo y aparecen en los noticiarios de países de la región, europeos y de Estados Unidos. El régimen que pretende recuperar el territorio Esequibo ni siquiera puede garantizar la seguridad y la protección del ambiente en la zona de desarrollo estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO), creada por decreto el 24 de febrero de 2016.
En el Arco Minero no se cumple con ninguna de las disposiciones para las que fue concebido: no hay inclusión social, se violan los derechos humanos y se ampara un ecocidio en toda la regla. Tampoco se hizo la consulta previa a los pueblos indígenas que habitan estos territorios, como lo establece la ley.
La mina Bulla Loca está ubicada en el municipio Amazonas (antes Raúl Leoni) del estado Bolívar. Es un municipio muy extenso, 56.000 kilómetros cuadrados y un habitante por kilómetro, el más grande de Venezuela, mayor, incluso, que un país como Costa Rica. Lo cruza el río Paragua, que nace en los límites con Brasil, y surte aguas a la represa hidroeléctrica del Guri, la de más volumen en la nación. En fin, un área de interés primordial para el país por sus variadas riquezas. Pero, como casi todo el territorio del Arco Minero, está bajo control de grupos armados irregulares que actúan con la complicidad de las autoridades.
Un reporte del periodista Fritz Sánchez indica que la mina Bulla Loca consume 100 tambores, de 200 litros cada uno, de combustible al día, lo que da idea de la actividad aurífera que allí se desarrolla. El Ejército venezolano es el que tiene entre sus funciones la distribución, control y venta del combustible. Sánchez se pregunta cómo es posible que se desvíen 20.000 litros de combustible hacia una mina sin permisología, ni alianza explícita con el Estado o la Corporación Venezolana de Minería (CVM).
La organización no gubernamental SOS Orinoco ha denunciado que en toda la zona del Arco Minero operan mafias que trabajan para el Estado, pues el oro que se extrae llega a manos de jerarcas del régimen y altos oficiales militares, que controlan el acceso a esos lugares y la dotación de combustible y mercurio ilegal que utilizan los mineros.
Bajo la codicia se sepultan vidas y se comete un crimen ambiental. Donde pone la mano el régimen venezolano en el poder, solo prospera la destrucción y el dolor.
Editorial de El Nacional
