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Brasil elevará penas para políticos corruptos

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Brasil elevará penas para políticos corruptos

Los funcionarios declarados culpables de malversación o extorsión no podrán ser liberados mediante fianzas. Hubo más protestas y enfrentamientos entre indignados y policías

 

Las protestas que sacuden a Brasil desde el 10 de junio prosiguieron este miércoles, incluso con graves incidentes en Belo Horizonte durante un partido por la Copa Confederaciones.

 

Las protestas de este miércoles por mejores servicios públicos en ciudades como Belo Horizonte, Brasilia, San Pablo y Río de Janeiro coincidieron con la aprobación en el Congreso de varios proyectos de ley que eran reivindicados por los manifestantes.

 

El Senado aprobó, entre otros asuntos demandados en las protestas y que esperaban votación desde hacía años, el proyecto de ley que define la corrupción como un «crimen atroz», lo que impide que los acusados sean liberados mediante el pago de fianzas, y que aumenta la pena mínima que puede ser impuesta a responsables por delitos como el desvío de recursos públicos.

 

 

El proyecto estaba en el Senado desde 2011. Los funcionarios acusados de sobrno o extorsión deberán cumplir penas de entre 4 y 12 años de cárcel, según informaron Folha y Oglobo.

 

 

La Cámara de Diputados deberá ratificar la decisión; aunque la prensa local prevé otra unánime y simbólica aprobación del proyecto.

 

Afuera del Congreso Nacional, manifestantes siguieron con atención y de forma pacífica la jornada legislativa. Durante la noche, comenzaron los choques entre grupos de indignados y las fuerzas de seguridad. El sonido de las bombas de gas lacrimógeno se mezclaba con los gritos que pedían «¡sin violencia!»

 

La Cámara de Diputados, por su parte, aprobó un proyecto de ley que prohíbe el «voto secreto» en sufragios para despojar del mandato a algún legislador acusado de irregularidades, así como una iniciativa que reduce los impuestos sobre concesionarias de transporte público.

 

La Cámara baja ya había aprobado la víspera el proyecto de ley que destina el 75% de las regalías petroleras a la educación y el 25% a la salud, y archivada, por 430 votos contra 9, una enmienda constitucional que pretendía reducir los poderes de investigación del ministerio público y que, para los manifestantes, favorecía la impunidad de los políticos corruptos.

 

Los manifestantes también consideraron como un éxito suyo la orden de prisión dictada por el Tribunal Supremo de Brasil contra el diputado Natan Donadon, que con diferentes recursos judiciales había conseguido eludir una pena de 13 años de prisión por corrupción a la que fue condenado en 2010.

 

La mayor manifestación de este miércoles se registró en Belo Horizonte, la ciudad en la que Brasil derrotó por 2-1 a Uruguay y se clasificó a la final de ese torneo.

 

Los cerca de 50.000 manifestantes congregados en Belo Horizonte marcharon por calles próximas al estadio Mineirao a la misma hora del partido, y, pese a que la mayoría se manifestó en forma pacífica, un pequeño grupo que intentó avanzar hacia la arena deportiva se enfrentó con la Policía.

 

Los enfrentamientos generaron graves incidentes que dejaron 25 presos y siete heridos, entre ellos, dos con graves y múltiples fracturas tras caer de un viaducto.

 

Los manifestantes más violentos provocaron un incendio en una concesionaria de vehículos; le prendieron fuego a algunos automóviles y promovieron saqueos en la región de Pampulha.

 

Al mismo tiempo, unas 2.000 personas se congregaron sin incidentes frente al Congreso en Brasilia, donde los edificios públicos fueron protegidos por unos 4.000 policías tras los ataques de la semana pasada que provocaron daños en la sede de la Cancillería.

 

En San Pablo, unas 500 personas se manifestaron en la céntrica avenida Paulista contra el proyecto de ley que permite a los psicólogos ofrecer tratamiento para «curar» a los homosexuales y una centena de médicos marchó contra el proyecto del gobierno de contratar profesionales extranjeros para atender áreas rurales.

 

Un grupo de manifestantes ocupó la sede del concejo municipal de Santa María para protestar contra la impunidad por el caso del incendio de una discoteca en esta ciudad en enero pasado que dejó 242 muertos.

 

Fuente: Infobae

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