Endurecer la pena por ocultar o adulterar información ante los organismos de fiscalización electoral y confiscar bienes, propiedades o valores que provengan de actos criminales o de improbidad administrativa son parte del paquete de medidas anticorrupción que anunció ayer la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
Las siete medidas, para atacar la corrupción en los distintos estratos de la administración pública, son adoptadas tras el estallido de un escándalo de sobornos en la estatal Petrobras que desató protestas masivas el pasado domingo.
Algunas de las propuestas ya habían comenzado a recorrer distintos niveles de tratamiento legislativo, pero no están vigentes aún. Entre ellas figura la extensión de las condenas a los donantes, tanto de naturaleza personal como jurídica, y a los partidos políticos. La multa prevista es de 5 a 10 veces el valor donado y no declarado.
Castigar la posesión, adquisición o el uso de bienes incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de los funcionarios. Pena: de 3 a 8 años.
El gobierno pidió la tramitación urgente de un proyecto de ley (ya en el Congreso) que alcanza a los bienes sobre los cuales haya indicios o pruebas de que son producto de una acción ilegal. La indisponibilidad de los bienes puede servir para reparar los daños causados, pagar multas y costos derivados o para la mera preservación de su valor. Podrá ser levantada en caso de absolución o suspensión del proceso.
Otra de las iniciativas busca que quienes ocupan cargos de confianza en el gobierno federal tengan una “ficha limpia” de antecedentes judiciales.
La mandataria no ha tenido tregua desde que inició su segundo mandato en enero con un escenario económico negativo. Es asediada por las permanentes revelaciones del megafraude en la petrolera Petrobras, que tiene a decenas de legisladores en investigación, muchos de ellos aliados de su gobierno en el Congreso o de su propio partido.
“Somos un gobierno que no transige con la corrupción y tenemos el compromiso y la obligación de enfrentar la impunidad que alimenta la corrupción”, dijo la presidenta en un acto en Brasilia, donde reconoció públicamente esa demanda de la sociedad.
Analistas apuntan que el retroceso agudo del apoyo a Rousseff, reelecta en octubre, y la falta de la tradicional “luna de miel” de los gobiernos recién ungidos obedecen a la convergencia de una economía deteriorada, al destape de la confabulación que se enquistó en la empresa que era el orgullo nacional y a un aislamiento de la mandataria.
Ayer, el sondeo mensual de Datafolha, uno de los más seguidos en Brasil, mostró que la aprobación de su gestión se desplomó 10 puntos a 13% y el rechazo a su gobierno trepó al 62%. Ese nivel de reprobación es el más alto de un mandatario desde septiembre de 1992. (I)
62 por ciento de encuestados por el Instituto Datafolha opinó que el gobierno de Rousseff era malo o pésimo.
Crisis En el interior
Renuncia ministro
Menos de tres meses de iniciado su segundo mandato, la presidenta debió aceptar ayer la primera dimisión de un ministro: el titular de Educación, Cid Gomes, quien renunció tras duros roces con la base oficialista en el Congreso.
Funcionario peruano
El presidente del Banco Central de Reserva peruano, Julio Velarde, dijo en Sao Paulo que una intensificación de la crisis en Brasil afectaría a los mercados de la región, aunque consideró improbable que se agrave la situación en ese país.
Fuente: El Universo
