El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puso en duda la celebración de elecciones presidenciales en el país sudamericano en 2022 amparándose en el fraude electoral llevado a cabo por el Tribunal Superior Electoral (TSE) del país.
«El fraude está en el TSE, así que no hay duda. Esto se hizo en 2014», expresó Bolsonaro en relación a un posible amaño electoral en los comicios de 2014 entre Aécio Neves y Dilma Rousseff, según recoge el diario local ‘Folha de Sao Paulo’.
En este sentido, el mandatario destacó que no le tiene «miedo» a las elecciones y que dejará el cargo tras las elecciones del año que viene a quien venza a través de un voto «auditable y confiable», aunque planteó un posible nuevo amaño electoral asegurando que «está claro quien será presidente el próximo año».
Brasil emplea un sistema de voto electrónico desde 1996 que se considera fiable por las autoridades y expertos del país, y que de hecho le sirvió a Bolsonaro para hacerse con la Presidencia en 2018.
En los últimos meses el mandatario ha abogado por la implementación de un voto impreso que, según él, es más «auditable». Esta propuesta se ha llevado a votación al Congreso de Brasil, aunque cuenta con la oposición de un grupo de partidos, algunos que incluso apoyan a Bolsonaro, recuerda el diario brasileño.
EL TSE defiende el actual sistema electoral
Por su parte, y en respuesta a las acusaciones de Bolsonaro, el presidente del TSE, Luis Roberto Barroso, a quien el mandatario brasileño a tildado de «idiota e imbécil», calificó las declaraciones del presidente del país como lamentables y defendió el sistema de urnas electrónicas.
Barroso emitió un comunicado este viernes en el que ha afirmado que actuar para impedir la celebración de elecciones es un hecho que viola la Constitución de Brasil y constituye un delito de responsabilidad, de acuerdo con el diario ‘O Globo’.
«La celebración de elecciones, en la fecha prevista en la Constitución, es un requisito previo para el régimen democrático. Cualquier acción para prevenir su ocurrencia viola los principios constitucionales y constituye un delito de responsabilidad», aseveró Barroso.
