El nuevo año escolar no debe iniciarse en septiembre con clases presenciales, hasta tanto no existan las condiciones mínimas de operatividad en los planteles de estudio, sean ajustadas las reivindicaciones salariales al sector educativo y se tomen las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19, para proteger a los maestros, profesores, alumnos y padres y representantes de contagios por el coronavirus.
Así lo indicó la presidenta de la Sub Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, la diputada por el estado Lara Bolivia Suárez, durante el encuentro, vía online, de la Comisión de Desarrollo Social, la Sub Comisión de Educación y representantes del sector educativo.
Recordó que el sector educativo presentó un manifiesto al pueblo de Venezuela y a la Asamblea Nacional como única institución democrática electa por el pueblo, documento suscrito por más de 50 organizaciones del sector educativo.
“En este manifiesto se hace un diagnóstico de la catástrofe que se vive en el sector, así como el apoyo a la Asamblea Nacional, al presidente (e) Juan Guaido y la propuesta de impulsar un Gobierno de Emergencia Nacional. Además, allí plantean la necesidad de articular y organizar acciones en conjunto que nos permita atender la emergencia humanitaria compleja en salud y en la educación, rescatar la producción nacional, el salario, el trabajo y los derechos humanos”, explicó la parlamentaria larense.
Agregó que la Asamblea Nacional apoya las acciones plasmadas en este manifiesto por lo que la Sub Comisión de Educación presentará en los próximos días un acuerdo de apoyo al manifiesto y acciones concretas de protestas y apoyo al sector educativo del país.
“Consideramos desde la Asamblea Nacional que es importante que nos organicemos y articulemos acciones en conjunto que estén presentes los gremios, las federaciones, los sindicatos, los padres, representantes y los estudiantes para que esas acciones tengan efectos en el colectivo y logremos remar hacia lo que queremos los venezolanos, salir de esta pesadilla que estamos viviendo”, precisó la diputada Suárez.
Reveló que una de las estrategias a seguir es planificar un plan de agitación en lo que resta del mes de agosto y las dos primeras semanas de septiembre, que pueden ser protestas presenciales, pero tomando en cuenta el protocolo de protección por la pandemia del COVID-19.
Informó que varios sindicatos del sector educativo realizaron una encuesta para ver si estaban de acuerdo con iniciar el año escolar en septiembre como lo planteó el régimen a través de Aristóbulo Isturiz, “el verdugo de la educación”.
“El 80 por ciento de los gremios, sindicatos y padres y representantes que participaron manifestaron que no están de acuerdo. Es lógico porque los planteles no tienen las condiciones de operatividad, sobre todo en las regiones donde la mayoría de las escuelas y liceos no cuentan con servicios públicos, como agua, electricidad, transporte y menos internet, destacó la diputada Suárez.
Agregó así mismo que si no hay insumos de protección o bioseguridad para los médicos y trabajadores del sector salud, para que no se contagien de COVID-19, “menos se tendrán para las escuelas y liceos que es un universo mayor de personas entre profesores, empleados, obreros, alumnos y padres y representantes”.
En todo caso advirtió la diputada Bolivia que esta propuesta de no asistir al llamado a clases presenciales a partir del 15 de septiembre debe tener el consenso de todo el sector educativo federaciones, sindicatos y gremios desde preescolar hasta universitario.
“De esta manera la protesta tendrá contundencia, sobre todo en las regiones. Además, no se corre el riesgo que se tomen represalias contra los profesores que no asistan a los planteles, sean retirados de sus cargos por el régimen, si todos cumplen con esta protesta el régimen no podrá ejecutar su amenaza”, aseguró la parlamentaria larense.
Informó así mismo que se va a nombrar un frente nacional de Educación para que se realicen reuniones en conjunto la Asamblea Nacional y el sector educativo para articular las acciones de protestas en defensa y reconstrucción de la educación en Venezuela, una vez que se produzca el cambio político en el país.
“Debemos organizarnos todos nacional y regionalmente, por lo que hay que hacer un llamado a todos los gremios magisteriales y universitarios, llamar a los sectores de movimiento de base del magisterio, a las organizaciones de profesores jubilados, sector estudiantil, sector de padres y representantes y construir un pliego de exigencias económicas, sociales, derecho de la educación gratuita y obligatoria, presupuesto para las universidades, entre otros derechos. Un pliego de exigencia sobre el cambio político”.
Por último, planteó que el 25 de septiembre del 2018 la Asamblea Nacional declaró la emergencia humanitaria compleja del sector educativo, por lo que consideró que este año se debe realizar en esta misma fecha una protesta nacional, donde participen todo el sector educativo para que tenga impacto y poner el tema educativo en la palestra.
“Que no sea solo el sector educativo el que se preocupe por la educación, sino que todo el pueblo venezolano está consciente que es necesaria la educación de nuestros hijos, para poder lograr el progreso y la reconstrucción de nuestro país”, concluyó la diputada Bolivia Suárez
