Algo extraño ha comenzado a aparecer en los comercios venezolanas: comida.
Después de años de desabastecimiento de los bienes más elementales, los anaqueles nuevamente muestran productos importados como margarina brasileña o arroz colombiano. Sin embargo, esta aparente abundancia llega con un precio. La mayoría de los consumidores no pueden adquirirlos.
Sin que mediara un anuncio formal sobre un cambio de políticas, el gobierno venezolano ha dejado de imponer controles de precios a establecimientos privados, donde los encargados afirman que no han visto a inspectores desde el pasado mes de julio. En vez de regular, las autoridades han ordenado a los distribuidores que entreguen la mitad de su producción a las redes de los CLAP, que reparten bolsas de comida en los sectores populares. El resto puede ser vendido al precio que consideren.
Analistas como Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, hablan de un “ajuste sucio” llevado a cabo por el gobierno, en referencia a la falta de anuncios sobre reformas económicas.
Explica que el gobierno suministra productos a los CLAP contando con dólares a 10 bolívares, mientras los comerciantes importan a la tasa Simadi de 660 bolívares por dólar, o a la paridad aún más elevada del mercado paralelo.
El alivio de observar productos nuevamente en los puntos de venta podría resultar efímero, a medida que los precios siguen su espiral ascendente, explica José Antonio Gil Yépez, director de la firma Datanálisis.
A su juicio, esta nueva política será de corto plazo porque menos de 20% de la población puede comprar a precios internacionales, lo cual significará una mayor pérdida de popularidad, aumento de la presión para cambiar al presidente y empobrecimiento.
Carmen Hurtado, un ama de casa de la barriada de Santa Cruz del Este de 72 años, se alegró al encontrar nuevamente latas de insecticida, pero manifestó preocupación por el nuevo precio.
Igualmente, en una carnicería de lujo del este de Caracas, el propietario afirmó que sus precios se dolarizaron una vez que el gobierno suspendió sus inspecciones en el transcurso de los últimos dos meses. Solicitó no ser mencionado con su nombre para no llamar la atención.
Algunos precios han alcanzado niveles superiores a los del mercado internacional como una forma de compensar por las pérdidas acumuladas de distribuidores y comerciantes.
Una botella de Ketchup Heinz en Chacao se vende a 6.670 bolívares, lo que la deja fuera del alcance de la mayoría de la población.
Un empaque pequeño de Nescafé instantáneo se consigue a 16.000 bolívares, frente al precio regulado de 694 del café, cuando se consigue.
Estos nuevos precios no solo rigen para una pequeña élite.
Desde la aparición de los CLAP, que contienen productos como harina, pasta, azúcar y café, la distribución ha sido irregular en el mejor de los casos, y la oposición ha denunciado que quienes son adversos al régimen están excluidos del mecanismo. Las bolsas también han aparecido en el mercado negro, donde pueden ser adquiridas por varias veces su precio oficial.
Para la mayoría de los venezolanos, los precios están subiendo incluso si se calculan en dólares. En Altamira se puede comprar una hallaca por 5.200 bolívares, mientras que hace un año costaba tan sólo 1.320.
De acuerdo con estimaciones privadas, como la llevada a cabo por Cenda, los precios de los alimentos han subido más de 2.000% en el último año. Sin estadísticas oficiales de inflación, en vista de que el Banco Central de Venezuela no ha divulgado este año el comportamiento del índice de precios, las previsiones varían entre 200 y 1.500% para este año.
A juicio de Marco Ponce, director del Observatorio de Conflicitivad Social, el problema de fondo permanece intacto: No se ha encontrado ninguna solución para la falta de producción local.
Fuente: Banca y Negocio
