En apenas unas semanas alertó de una ruptura del orden constitucional, rechazó la Asamblea Constituyente, admitió el descontento social por la escasez de productos básicos y confirmó que al menos un manifestante murió por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por las fuerzas de seguridad.
Quien hizo todo ello no fue un líder opositor contrario al gobierno de Venezuela, sino la fiscal general, Luisa Ortega, casi la única voz disidente frente al discurso del oficialismo desde dentro del Estado.
La fiscal, de 59 años, se ha convertido en una suerte de ídolo de la oposición, que desde hace más de 50 días celebra manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro, al que acusan de una deriva autoritaria.
En ese tiempo se han registrado ya 55 muertos, según dijo este miércoles la fiscal, que con las investigaciones que ha liderado y los datos suministrados ha contradicho el discurso del gobierno en medio del actual escenario de confrontación.
A tenor de sus palabras y de la independencia que ha mostrado, Ortega forma parte del chavismo crítico con el gobierno de Nicolás Maduro.
Llegó al puesto de fiscal con el aval de Hugo Chávez en 2007 y vivió el funeral del fallecido presidente en 2013 desde primera fila.
«Estuvo muy comprometida con el presidente Chávez. Por su formación de izquierdas nadie desde el gobierno puede juzgarle como una traidora ni decir que está pagada por la CIA», dijo a BBC Mundo el politólogo Nícmer Evans, también crítico con el gobierno desde la izquierda.
El giro actual no responde a una viraje ideológico por parte de una persona de firme convicción de izquierdas, casada con un diputado oficialista, leal al proceso revolucionario, pero también firme defensora de la Constitución de 1999. Esa es la Carta Magna de Chávez que ahora el gobierno de Maduro desea cambiar con una Asamblea Constituyente.
«Es una combinación de activista política y mujer de leyes», dijo Evans, que conoce a la fiscal y también formó parte del gobierno de Chávez.
«Una válvula de escape»
Sus posturas han sido elogiadas por ser independientes.
«Es una posición muy valiente y demuestra su nivel de compromiso con el país, con la Constitución, y permite generar un debate y una válvula de escape», dijo a BBC Mundo Olly Millán, quien fue ministra de Economía Popular con Chávez y ahora es crítica con el gobierno.
Millán se refiere a las declaraciones de Ortega desde que a final de marzo considerara como una «ruptura del orden Constitucional» las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían poderes al Parlamento, controlado por la oposición.
Poco después se rectificaron parcialmente las sentencias que fueron el detonante de la actual ola de protestas.
En ese momento pasaron desapercibidos otros números comunicados por Ortega. La fiscal aseguró que el Ministerio Público constató una tasa de 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, 21.752 homicidios intencionales o dolosos, confirmando así uno de los grandes problemas de Venezuela: la violencia.
Meses antes había criticado las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), el plan de seguridad del Estado contra el crimen que ha generado denuncias de asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.
Pero Ortega no se quedó allí. En una poco habitual entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal calificó la Constitución actual como «insuperable» y en medio del enfrentamiento entre gobierno y oposición, afirmó: «No podemos pedir un comportamiento legal y pacífico a los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo a la ley».
También mostró su «preocupación» por que haya civiles que estén siendo juzgados por tribunales militares.
«Incluso en los estados de excepción, el debido proceso es uno de los pocos derechos que no se puede suspender», dijo Ortega el 25 de abril citando el artículo 337 de la Constitución venezolana.
La pasada semana, en una carta al presidente de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente mostró su desacuerdo con esta y su lealtad a la actual Carta Magna.
«Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución», escribió.
Este miércoles admitió que hay un descontento por culpa de la escasez de productos básicos, algo que no ha reconocido el gobierno pese a la grave crisis económica que sufre el país.
«Represión»
Y con el simple gesto de leer este miércoles las instrucciones de una bomba lacrimógena dejó claro que las fuerzas del orden no las pueden usar para disparar directamente sobre manifestantes, tal y como ha denunciado la oposición.
Usó la palabra «represión», criticada por el gobierno, y anunció que la investigación sobre la muerte del joven manifestante Juan Pernalete confirmó que la causa del deceso fue el impacto de una bomba lacrimógena.
El gobierno defiende la tesis de que murió por el disparo de una pistola de perno, algo que supuestamente quedaba claro en un video mostrado a los medios.
También señaló que hay 29 policías y guardias imputados por homicidio y trato cruel en un momento en el que el gobierno defiende la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y atribuye la violencia a los sectores radicales de la ultraderecha opositora.
BBC Mundo ha solicitado en las últimas semanas una entrevista con la fiscal, pero de momento no hubo una respuesta positiva.
«Cayó en las redes de los antirrevolucionarios»
Los miembros más altos del gobierno eluden de momento una crítica formal, aunque este miércoles el ministro del Interior, Néstor Reverol, criticó el proceder de la fiscalía.
«No ha garantizado la aplicación de la justicia», dijo y citó la liberación de unos implicados en el ataque a un domicilio en Mérida, en el oeste del país.
La destitución sólo sería posible a través de la Asamblea Nacional, controlada ahora por una mayoría de la oposición. Su mandato expira en 2021.
El desacuerdo oficialista llega sobre todo a través de otras voces. Este mismo miércoles, su mentor y antecesor como fiscal general, Isaías Rodríguez, aseguró que la vio «nerviosa» durante la comparecencia ante los medios.
«Lo que profundiza la crisis política son posiciones como la de ella», dijo Rodríguez en una entrevista con la televisión estatal, en la que no se transmitió el discurso de la fiscal.
«Le tengo mucho afecto, pero cayó en las redes de los antirrevolucionarios», aseguró Rodríguez. «La fiscalía está ardiendo por dentro. La fiscalía no es una institución para jugar a la candelita», dijo el exfiscal y exvicepresidente.
El diputado oficialista Pedro Carreño también la atacó en twitter. «Pena ajena da ver a Luisa Ortega nerviosa, dubitativa y llena de contradicciones, leyendo libreto no hecho por ella. JUSTIFICANDO VIOLENCIA», escribió en mayúsculas.
Esperanza para la oposición
Mientras sucede todo esto, la oposición jalea su postura institucional e independiente del resto de los poderes del Estados, todos afines al oficialismo excepto el Parlamento.
«Con las declaraciones de la fiscal el gobierno debe salir a pedir perdón», dijo este miércoles el líder opositor Henrique Capriles.
Pero Ortega no siempre fue objeto de devoción por parte de la oposición.
Ella estaba al mando de la fiscalía que lideró las controvertidas acusaciones en 2014 -tras una oleada de fuertes protestas- contra estudiantes y contra el líder opositor Leopoldo López, condenado a 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir.
Ahora la esperanza que tienen muchos es que no sea la única voz disidente dentro del monolítico oficialismo.
«El papel de ella es sacar al país del bochinche de ‘estás conmigo o contra mí’ en un momento en el que se necesita que las instituciones respondan a sus objetivos», dijo Nícmer Evans sobre Ortega, convertida en una importante actriz política en la crisis de Venezuela.
BBC
Por Confirmado: Gabriella Garcés
