No es mientras ejercen su trabajo que matan a los escoltas en Venezuela: es por llevar un arma en uno de los países más violentos del mundo.
De los al menos 25 escoltas abatidos en la capital Caracas en 2014, según una revisión de prensa realizada por BBC Mundo, prácticamente ninguno murió mientras protegía a su cliente, sino porque el hampa común lo atacó para quitarle el arma (16 de ellos) o porque tuvieron una discusión con alguien que terminó en un tiroteo.
«Hoy en día un arma legal en Venezuela cuesta lo mismo que un arma ilegal», explica Juan Torres, un escolta que antes fue policía y pidió no revelar su verdadero nombre.
«Las armas están tan caras que los escoltas, en lugar de la gente con plata, se volvieron el objetivo principal de los malandros (delincuentes)», dice Torres.
A los escoltas hay que añadir los oficiales de la policía: en 2014, 268 policías fueron abatidos en Venezuela, según la organización de derechos humanos Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), con sede en Caracas.
Se trata de una faceta más de la inseguridad que se vive a Venezuela, donde el año pasado el no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia registró 25.000 homicidios.
Las cifras oficiales, las últimas de las cuales reportaron 12.000 homicidios en 2013, también reflejan un país tomado por la lógica de la violencia.
Y no queda claro si tener escoltas es una forma de evitar la muerte. O de atraerla.
La industria de los blindados no ha hecho sino crecer en la Venezuela reciente.
Bajo perfil
Torres vive en Catia, uno de los barrios populares más peligrosos de Caracas, pero trabaja en Valle Arriba, un sector acomodado.
«Yo cuando me contratan pido que me den un cuarto, un lugar donde pueda cambiarme todos los días porque cuando salgo de mi casa lo último que quiero es que me vean bien vestido», asegura.
Para sus vecinos en Catia, Torres trabaja en un restaurante al otro lado de la ciudad: nadie sabe que es escolta de un importante empresario.
«Yo todas las mañanas salgo con mi pantalón sucio, una franela sin mangas y con el almuerzo en una bolsa», relata, para explicar que su objetivo es verse corriente, a pesar de que siempre carga su arma en un lugar que la camufla.
Torres, sin embargo, admite que él es una excepción: que la mayoría de los escoltas en Venezuela «son jóvenes que quieren verse poderosos con su cuerpo, con su moto, con su arma, con sus gafas oscuras, con su parafernalia».
Y esos, según él, son los que terminan muertos.
Jovani Linares -escolta privado de un empresario- tampoco se viste de negro ni anda en una moto grande.
«Si has evolucionado, lo que tienes que hacer es pasar desapercibido para evitar que te identifiquen», dice.
«Fíjate la cantidad de casos de policías que mataron para quitarles el arma», añade. «Si no respetan a un policía, cómo van a respetar a un escolta, que es un civil».
Escoltas acompañan el féretro del fallecido Hugo Chávez.
Sin figura legal
A diferencia de otros países de la región, los escoltas en Venezuela son civiles: para ser contratado como escolta solo hay que tener la confianza del cliente y una licencia de porte de arma.
Existen escuelas públicas y privadas para escoltas y muchos de ellos son entrenados en la fuerza pública, donde la mayoría suele empezar su carrera.
Sin embargo, no hay una serie de requisitos legales (como ser técnico superior universitario o mayor de cierta edad o haber cursado determinados cursos) para ser escolta.
Según una investigación del portal Contrapunto, hay unas 8.000 personas que trabajan como escoltas pero no están amparadas por una ley que defina los límites y los alcances de su trabajo.
Y eso, según algunos escoltas independientes, no solo los deja vulnerables, sino que los pone en desventaja frente a los escoltas del gobierno.
De hecho, los que trabajan para el gobierno no son conocidos en la jerga local como «escoltas», sino como «funcionarios», como quien tiene un cargo oficial.
Un escolta de Maduro previene que un objeto le caiga encima.
«Todo el mundo de los escoltas sigue siendo muy deportivo, muy informal, y para muchos de ellos la única forma de tener estatus es trabajando para el gobierno y estar afiliado políticamente al oficialismo», dice Omar Vásquez, exdirector de la División de Protección a Personalidades de la hoy extinta Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
Una de las políticas principales del gobierno en la última década para luchar contra la violencia ha sido el desarme de la población, una medida que incluye reducir los permisos de porte de armas.
Según cifras oficiales, el plan logró destruir más de 10.000 armas solo en 2014.
Pero sus críticos dicen que esto no ha reducido los índices de criminalidad.
Mientras tanto, la Asociación de Escoltas Bolivarianos (AEB), una organización gremial, ha manifestado su preocupación por la reducción en los permisos de porte de armas, porque «nos quita nuestra herramienta de trabajo», mientras que las armas ilegales «del hampa» siguen en la calle.
Por eso, dice Torres, «es que las armas ilegales se han vuelto tan caras».
Los escoltas del gobierno son identificados como «funcionarios».
Industria en crecimiento
Si bien no hay una figura legal que defina los parámetros de trabajo de los escoltas, la industria no ha hecho sino crecer en los últimos años.
Según los expertos consultados por BBC Mundo, las empresas escoltas han aumentado en un 50% al año en promedio en el último lustro.
La AEB contabilizó 3.000 escoltas en 2012, mientras que en 2014 afilió a 7.700 hombres.
Mientras tanto, las empresas de blindaje, de tecnología en seguridad y escuelas de defensa personal solo han crecido en los últimos años.
Incluso se ha vuelto común que algunos padres de familia de clase media alta contraten carros blindados con escoltas para que lleven a sus hijos a eventos sociales nocturnos.
Muchos escoltas, dice Torres, se han vuelto parte de la familia de las personas que cuidan.
«Yo soy el mejor amigo de mi cliente; su confidente, su rival en tenis, su médico».
Recientemente se han reportado varios casos de escoltas que deciden usar la información que tienen sobre su cliente para robarlo.
Quizá el caso más llamativo sea el de Robert Serra, un diputado oficialista que, de acuerdo a la investigación policial, fue liquidado el año pasado dentro de su casa después de que su jefe de escoltas, hoy detenido, lo traicionó.
Por eso es que el jefe, concluye Torres, «quiere que su escolta sea como un miembro de familia».
