La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este domingo su preocupación por la violencia que sacudió la ciudad colombiana de Cali, bajo control militar en el marco de protestas, y pidió una investigación “independiente” sobre las muertes, más de una decena.
“Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley”, dijo Bachelet en un comunicado.
El ejército reforzó el sábado la seguridad en la tercera ciudad colombiana ante la violencia que mató a 13 personas la víspera, en medio de las protestas que estallaron hace un mes contra el gobierno de Iván Duque.
El sábado por la noche apenas se veían unos pocos vehículos y personas en las calles donde la víspera se enfrentaron manifestantes, policías y civiles armados hasta con fusiles. Restos de barricadas y escombros reflejaban el caos que envolvió a esta ciudad de 2,2 millones de habitantes, bajo toque de queda nocturno.
Trece personas murieron el viernes en diferentes episodios, entre ellas un funcionario de la Fiscalía que mató con su arma a dos manifestantes que bloqueaban una vía. La turba se abalanzó sobre el hombre -que estaba fuera de servicio- y lo linchó, según el ente investigador.
“En el sur de la ciudad tuvimos (…) casi una guerra urbana donde muchas personas no solamente perdieron la vida, sino que también tuvimos una importante cantidad de lesionados”, dijo el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, a Caracol Radio.
Al menos ocho muertes fueron por arma de fuego, según la policía.
“Pido que se ponga fin a todas las formas de violencia, incluyendo el vandalismo, y que todas las partes sigan hablando, para que se garantice el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas”, declaró Bachelet.
En un mes de protestas fallecieron por lo menos 59 personas. Los heridos superan los 2.300 entre civiles y uniformados, según el Ministerio de Defensa.
La ONG Human Rights Watch asegura haber recibido “denuncias creíbles” de 63 muertes, 28 de ellas relacionadas con las manifestaciones.
Duque ordenó desde Cali el despliegue de tropas bajo la figura de la asistencia militar que faculta al ejército a apoyar a la policía en tareas de control.
Civiles “masacrando”
En total 1.141 militares asumieron la vigilancia de Cali. En un decreto firmado la noche del viernes, Duque activó un dispositivo de apoyo militar de unos 7.000 hombres para 10 departamentos afectados por bloqueos viales.
Desde el 28 de abril se movilizan a diario multitudes para protestar contra el gobierno por los abusos policiales y el manejo de la crisis económica que trajo la pandemia.
El viernes fue particularmente violento en Cali. “Nosotros estábamos en una actividad cultural con la gente porque ya estábamos celebrando un mes de paro” en el barrio de Meléndez (sur), “cuando se escucharon unos tiros”, relató a la AFP un testigo que pidió reservar su nombre por temor.
“Empezaron a masacrar a la gente”. Eran “unos cinco personajes de civil, escondiéndose detrás de los árboles”, aseguró este desempleado de 22 años. Videos que se viralizaron en las redes respaldan su versión.
La policía aseguró en un comunicado que investigará a los uniformados que fueron “permisivos con la actuación de civiles armados”.
El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, llamó en un comunicado a evitar el “escalamiento” de la violencia.
Militarización bajo críticas
Colombia vive un inédito levantamiento popular que detonó una propuesta de Duque para aumentar impuestos a la empobrecida clase media, con el fin de tapar el hueco fiscal dejado por la pandemia. El mandatario cedió a la presión de las manifestaciones y archivó la iniciativa, pero la violencia policial agravó el malestar.
Los excesos de la policía, que en Colombia depende del Ministerio de Defensa, han sido condenados por la comunidad internacional. Según la ONG Indepaz, 43 de las muertes serían de “presunta autoría de la fuerza pública”.
En los barrios deprimidos de Cali, donde se registran los peores episodios de violencia, la llegada de los militares suscita temor.
“No nos sentimos a gusto, nos sentimos amenazados, nos sentimos más en peligro. De hecho, nuestros niños tienen miedo”, lamentó Lina Gallegas, líder social de 31 años en la comuna de Siloé. “Si pasa algo no podemos llamar a la policía porque ellos son los que (…) están matando”.
El gobierno evita condenar abiertamente la represión y asegura estar enfrentando vandalismo y “terrorismo urbano de baja intensidad”. También denuncia que grupos guerrilleros financiados por el narcotráfico infiltraron el movimiento de protesta.
Luis Felipe Vega, profesor de ciencias políticas en la Universidad Javeriana, cuestionó la medida. Es como “apagar un incendio con gasolina”, ya que un soldado está formado para “neutralizar una amenaza”, no para controlar protestas, dijo a la AFP.
Rechazado por 76% de la población, Duque intenta desde hace dos semanas negociar una salida a la crisis con el frente más visible de las protestas. Pero se encuentra bajo presión de su partido, el Centro Democrático (derecha), que reclama mano dura a un año de elecciones.
AFP
