El diputado Américo de Grazia informó que el próximo 4 de abril de 2018 se darán cita en los tribunales Estadounidense el caso del desfalco a Pdvsa. En tal sentido, solicitó formalmente al diputado Omar Barboza, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y su directiva, como la comisión de Energía y Petróleo, y a la Sud Comisión conformada para tal investigación, que se haga parte de la querella judicial como Asamblea Nacional, a fin de hacer justicia y establecer responsabilidades contra quienes han afectado los intereses de Pdvsa y los venezolanos.

El parlamentario De Grazia autorizó al doctor Carlos Rodríguez para la representación:

Señores Diputados miembros de la Subcomisión especial para el caso de la demanda en la Corte del Distrito Sur de la Florida (EEUU)

Cumplo con presentarles un informe de la situación:

El 05 de marzo del 2018, una firma privada: PDVSA US LITIGATION COURT, representada por un bufete de abogados de New York ( Boies Sch Ller Flexner LLP), junto a uno de la Florida (Stephen N. Zack) presentaron una demanda (Caso No. 1: 18-cv-20818-DPG) contra un grupo de personas naturales y jurídicas: Lukoil Pan Americas LLC y 43 mas, para la celebración de un juicio con jurado.

El libelo de la demanda describe una trama delictiva dentro de Pdvsa que se habría iniciado desde el año 2004 y que consistiría en “una conspiración en curso en la cual mencionan como principal a la “Empresa Helsinge”, conspiración que se desarrollan entre compañías y comerciantes internacionales de petróleo, sus bancos y co-conspiradores, incluidos los agentes corruptos y funcionarios de PDVSA para fijar precios, forjar las plataformas y eliminar la competencia en la compra y venta de petróleo crudo y productos de hidrocarburos; apropiarse indebidamente de los datos de propiedad y propiedad intelectual de PDVSA y saquearla al hacer que funcionarios corruptos suyos no cobraran el dinero adeudado para proceder ellos a cobrarlos a escondidas. También se acusa que dichos funcionarios conspiran para pagar precios inflados por productos y servicios adquiridos y para aceptar precios artificialmente bajos para los productos vendidos por PDVSA. Igualmente por hacer pasar por alto el hecho de no entregar los productos y servicios pagados por PDVSA.

En el escrito señalan que inicialmente los involucrados corrompiendo y sobornando a funcionarios de PDVSA adquirieron información utilizada para implementar sus esquemas delictivos y que a medida que avanzaba la conspiración pudieron obtener acceso directo a los servidores de PDVSA, que los involucrados incluso instalaron un “clon” interconectado con estos y así pudieron apropiarse indebidamente de información privilegiada en tiempo real.

Las pérdidas a PDVSA y las ganancias a los demandados como resultado de los delitos cometidos por los involucrados asciende a muchos miles de millones de dólares y con una práctica constante de sobornos e intimidación los demandados lograron ocultar su esquemas por muchos años.

En la demanda dicen que como resultado de una intensa investigación por parte de abogados e investigadores en los Estados Unidos, Venezuela y Europa, la naturaleza de los ilícitos de los demandados fue descubierta, y el 27 de julio de 2017 fue constituida el Fideicomiso “US Pdvsa Litigation Trust” para el propósito específico, entre otras cosas, de perseguir la recuperación de los dineros saqueados a PDVSA. Es de advertir que legalmente ese fideicomiso podría recibir los dineros o por sentencia o por un arreglo extrajudicial al que le pueden dar un carácter confidencial con lo que nadie se podrá enterar de los detalles, y no devolverlos a Pdvsa. Ese es un alto riesgo posible de ocurrir.

Básicamente esos son los hechos relatados en el escrito

Originalmente el juez fijó una primera audiencia para el pasado 4 de marzo a las 9:30am a la que asistimos los ciudadanos venezolanos Federico Alvers, economista radicado en Tampa y el suscrito abogado venezolano, pero entonces se nos informó en la Corte que dicha audiencia había sido aplazada para el 4 de Abril siguiente a las 9:30am; sin embargo en esa oportunidad presentamos un escrito en nuestra condición de ciudadanos venezolanos preocupados porque en ese juicio se involucran importantes bienes de la Nación y en el que según nuestra legislación tiene vital importancia la participación de nuestro Parlamento por lo que pedimos que se le notificara oficialmente lo cual no ha ocurrido, razón por la cual me propuse hacerlo del conocimiento público para que así todos se enterasen lo cual sí ha ocurrido como lo demuestar el hecho de que se haya designado esa Sub comisión especial para el caso.

El pasado martes 20 de este mes de marzo se comunicó conmigo el diputado Jorge Millán para informarme de la formación de esa Sub comisión y al dia siguiente sostuvimos una conversación telefónica en la cual yo me comprometí enviarles esta información como ahora lo estoy haciendo.

Igualmente les informo que conmigo se ha comunicado también el abogado venezolano Franklin Hoet quien me dijo que también él había sido contactado por el diputado Millán y quedamos en coordinar esfuerzos para dar seguimiento al caso y hacer cuanto nos sea posible en el mismo.

La situación jurídica es la siguiente:

El abogado jefe del bufete demandante ha dado declaraciones a medios de prensa internacional donde ha cuantificado los daños en la suma de diez mil millones de dólares y señala que PDVSA cedió los derechos de reclamación de los daños a una firma que se creó el 27 de junio de 2017 en New York especialmente para ello y que se denomina “US PDVSA LIYTIGATION TRUST” que tiene la forma de Fideicomiso. La periodista Maibort Petit desarrolló este tema en su blog y le ha dado amplia publicidad.

Es claro que esa actuación es ilícita por cuanto se trata de un contrato de interés nacional que según el artículo 187.9 debe pasar por control parlamentario lo cual no se hizo.

Hemos estado revisando el expediente y detectamos dos importantes irregularidades : 1) No está el documento por el cual PDVSA habría cedido a US PDVSA LITIGATION TRUST los derechos para cobrar los daños especificados en la demanda. 2) Tampoco está el documento constitutivo de esa firma US PDVSA LITIGATION TRUST. Ambois documentos hay que buscarlos, hay que emprender una actividad de investigación para ello.

Punto importante es que en la demanda se asienta que toda la trama delictiva fue descubierta aunque no dicen específicamente cuando tuvieron tal información y eso importa porque desde ese momento se debió hacer la denuncia en Venezuela y proceder en consecuencia. Pero dicen que en julio 2017 formaron esa firma privada para proceder al cobro de los daños lo cual nos da el dato que cuando menos en ese momento supieron de los hechos y en vez de proceder como debieron hacerlo, se dispusieron a pensar en como obtener beneficios del delito constituyendo esa firma para cobrar a través de ella y tener abierta la posibilidad de quedarse ellos con el dinero.

Considero de vital importancia que la Asamblea Nacional así se haga parte en ese juicio y para lo cual existen vias procesales que deben activarse con urgencia porque está muy cerca la fecha de la primera audiencia donde deben hacerse los alegatos correspondientes y advierto que antes de esa fecha y por escrito se debe hacer del conocimiento de la Corte la opinión que tengamos sobre el caso.

Sugiero que la Directiva de la Asamblea autorice por escrito en un acto formal a persona que haga esa actividad y para lo cual ofrezco mi colaboración.

Miami 22 de marzo 2018.

Quedo a la disposición.

Atentamente

Carlos Ramírez López

Nota de prensa.

El presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, diputado Carlos Lozano, afirmó que el retardo procesal “explotó” en Valencia, tras el motín registrado en la Comandancia General de la Policía de Carabobo que dejó un saldo de 68 personas fallecidos, según cifras del Ministerio Público.

“Cómo es posible que Nicolás Maduro no le da la cara a los familiares, ¿dónde está el ministro de Interior, Justicia y Paz? responsable del retardo procesal en el país (…) ¿dónde está la ministra Iris Varela? que tantas veces ha negado la situación de hacinamiento en cárceles y comandancias?, cuestionó Lozano.

En ese sentido, informó que en la sesión del próximo martes pedirá un derecho de palabra ante la plenaria, para dar inicio a una investigación en conjunto con la Comisión de Política Interior, a fin de determinar las responsabilidades por los hechos ocurridos durante el pasado miércoles.

“Esto no es más que una situación provocada por el propio caos en que la revolución de los rojos nos hunde cada vez más, al ver dantescas pérdidas de vidas (…) desde hace varios años en conjunto con el diputado Richard Blanco hemos denunciando el hacinamiento en los centros de detención preventiva del país, es imperdonable como este Gobierno se ha negado a mejorar las condiciones de los privados de libertad”, expresó contundentemente el parlamentario.

Asimismo, alertó que los hechos ocurridos en la entidad carabobeña podrían ocurrir en otras comandancias del interior del país, debido a que la situación de hacinamiento en Venezuela es alarmante y “se le escapó de las manos al Gobierno”.

Finalmente, el diputado Lozano se solidarizó con los familiares de las victimas y con los periodistas que resultaron agredidos por funcionarios de la Policía de Carabobo durante la cobertura en los alrededores de la Comandancia General.

Nota de prensa

Las autoridades deportaron a su país a 50 venezolanos que no contaban con la documentación necesaria para permanecer en Colombia, entre ellos algunos menores de edad que no lograron demostrar la relación familiar con las personas que los acompañaban.

Así lo informó hoy la Alcaldía de la caribeña ciudad de Santa Marta (norte), que explicó en un comunicado que esas personas fueron enviadas de nuevo a Venezuela para que realicen el proceso de ingreso legal a Colombia.

Los ciudadanos fueron hallados en dos autobuses de la empresa de transporte Cootragua en un puesto de control en el peaje de Neguanje, cercano a Santa Marta.

“Es un tema de advertencia también porque nos preocupa que puedan hacer algún tipo de trata de personas a través de esta modalidad, ingresando menores de edad y niños pequeños sin ningún tipo de documentación a nuestro país”, afirmó la secretaria de Seguridad y Convivencia de Santa Marta, Priscila Zúñiga, citada en la información.

La operación fue realizada en conjunto por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Santa Marta, la Policía, Migración Colombia, la Personería Distrital y el Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional.

El comandante de la Policía de Santa Marta, coronel Gustavo Berdugo, afirmó por su parte que las autoridades continuarán con los operativos de control con el objetivo de “evitar accidentes y acciones delictivas” para que los turistas y residentes de Santa Marta puedan disfrutar de “esta Semana Santa tranquila”.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró el pasado 27 de febrero que en el país hay cerca de 700.000 migrantes venezolanos registrados. EFE

El  director del Observatorio Venezolano de Prisiones atribuyó la responsabilidad del motín ocurrido en Carababo a las autoridades del Estado

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), aseguró este miércoles que en las cárceles del país queman a los presos.

Indicó que el hecho ocurrido en la Comandancia de la Policía de Carabobo, en el cual al menos 68 personas fallecieron, es responsabilidad del Estado, del Ministerio Público, del Ministerio de Defensa, del gobernador del estado y del alcalde de la entidad.

“Lamentablemente en las cárceles de Venezuela queman a los presos. Eso es responsabilidad del Estado. Aquí no pueden evadir la responsabilidad. En casos anteriores le echaban la culpa a los medios, a organizaciones no gubernamentales. Ahí tienen lo que acaba de suceder. Hay personas calcinadas y todavía el gobernador de ese estado no ha salido responsabilizándose por lo que acaba de suceder”, dijo.

Recordó que no es primera vez que ocurre un motín en los centro penitenciarios del país bajo la responsabilidad de las autoridades.

“Pasó en el año 1993, en Sabaneta, cuando murieron 109 persona calcinadas, después murieron 25 en la cárcel de la Planta y luego 10 en el retén policial de Carúpano. Como no había cupo en los calabozos dormían en una ambulancia y los quemaron ahí”, agregó.

EN

Según fuentes hípicas, el hecho ocurrió pasadas las nueve de la noche en los alrededores de la cuadra del entrenador es Wlaimar Suárez en el hipódromo

Pasada las nueve de la noche fue asesinado el jinete zuliano, Josber Montiel, mejor conocido como «orejita», en las caballerizas del hipódromo La Rinconada, según confirmaron fuentes ligadas al hipismo venezolano.

El jockey se encontraba a los alrededores la cuadra del entrenador es Wlaimar .Suárez , cuando fue atacado presuntamente por sujetos. Según indicaron, el profesional del hipismo murió por herida de arma blanca.

Hasta ahora se desconoce el móvil del asesinato.

EU

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, abrirá una investigación por la muerte de 68 personas en un incendio este miércoles en una comisaría en el estado Carabobo (centro), informó hoy el jefe de la bancada opositora, Juan Guaidó, un suceso calificado por antichavistas como «tragedia» y «masacre».

«Lo sucedido en la Comandancia de PoliCarabobo no puede quedar impune. Desde la @AsambleaVE abriremos una investigación exhaustiva sobre este hecho, para dar a conocer a los ciudadanos el porqué de esta atrocidad», publicó Guaidó en su cuenta de Twitter.

El diputado por Voluntad Popular (VP) tildó el suceso de «inaceptable» y exigió tanto al gobernador de este estado, el oficialista Rafael Lacava, como a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, un «pronunciamiento» sobre «este hecho atroz».

El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles utilizó su cuenta de Twitter para preguntar: «¿Cuántas veces más vamos a ver las mismas escenas dantescas con los presos del país?».

«Más de 70 muertos hacinados en una sede policial muestra el fracaso de un gobierno que está obligado a garantizar la vida a los venezolanos. La pena de muerte NO existe en Venezuela! JUSTICIA», añadió.

La exdiputada opositora Maria Corina Machado calificó el hecho de «masacre confesada» y «un crimen brutal que pretendieron ocultar mientras ocurría».

«Venezuela entera está conmovida e indignada. Nuestras oraciones con los venezolanos fallecidos y sus familias», afirmó en Twitter.

El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma aseguró también a través de esta red social que el incendio en el edificio policial «es una tragedia que se llevó por delante la vida de más de 60 seres humanos y merece una explicación e investigación responsable».

El mismo miércoles la también diputada por VP Adriana Pichardo fue de los primeros políticos en informar sobre la muerte de los 66 hombres y 2 mujeres en el centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo, como confirmó el fiscal general, Tarek Saab en horas de la noche.

«Reiteramos el llamado a la ministra de Asuntos Penitenciarios a resolver esta crisis penitenciaria que vulnera los Derechos Humanos de quienes se encuentran bajo su custodia, personal administrativo, custodios y familiares de los detenidos. Es inaceptable lo ocurrido en Policarabobo», tuiteó.

«Se ha iniciado una investigación seria y profunda para dar con las causas y los responsables de estos lamentables sucesos. Estamos al lado de familiares en su dolor y necesidades», afirmó posteriormente el gobernador Lacava.

Según denunciaron a Efe familiares de los internos en los alrededores de la comisaría de policía, los reos perecieron por asfixia y quemaduras.

Todavía se desconoce el motivo del incendio que, según comentaron lugareños a Efe, comenzó pasadas las 04.00 horas locales (08.00 GMT), aunque medios locales apuntan a un motín.

EFE