Maduro confía en que el asueto de Semana Santa y su reciente disposición al diálogo le quite combustible a las manifestaciones

Se cumplen dos meses desde que un sector de la población venezolana optó por demostrar que la situación no era normal en el país. Pasadas las elecciones municipales, en las que el gobierno de Nicolás Maduro obtuvo el respaldo suficiente para consolidarse, el intenso calendario electoral entró en un paréntesis de casi dos años –los próximos comicios parlamentarios deberán realizarse en diciembre de 2015-. Las circunstancias invitaban a una tregua.

Sin embargo, el 12 de febrero estallaron las protestas. Un mes antes, el asesinato de la actriz y exreina de belleza, Mónica Spear, junto con su esposo, en una oscura autopista del centro de Venezuela, había soliviantado los ánimos. A las evidencias de la inseguridad se agregaron los rigores cotidianos por los que los ciudadanos deben pasar para conseguir leche, aceite, harina y otros bienes de consumo básicos. Así que una simple chispa bastaba para encender la pradera. En este caso, se trató de la captura de tres dirigentes estudiantiles del estado de Táchira (Andes venezolanos, frontera con Colombia) y su reclusión en una lejana cárcel de delincuentes comunes en el estado de Falcón.

La convocatoria partió de la dirigencia estudiantil de las principales universidades autónomas del Estado, así como de las privadas. La asistencia a las marchas en Caracas y otras ciudades de Venezuela fue masiva, mucho mayor de la esperaba. A la movilización se incorporaron los integrantes de La Salida, un sector disidente de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que el 23 de enero anterior –liderados por la entonces diputada María Corina, y por Leopoldo López, hoy preso- había llamado a buscar vías constitucionales para desalojar pronto a Maduro del poder.

La protesta de ese día pudo ser anecdótica, una más entre las 5.000 que al año se reportan en Venezuela. Pero hubo tres muertes a disparos. Como se comprobó poco después, las dos primeras víctimas de la jornada, el manifestante opositor Bassil Da Costa y Juan Montoya, un reconocido dirigente de los colectivos chavistas, fueron asesinados por agentes de la policía política, Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia).

Para conmemorar la fecha, los grupos estudiantiles convocaron este sábado a una marcha bajo la consigna de El futuro que queremos. El recorrido callejero debía partir de tres puntos del este de Caracas para coincidir en la Plaza Venezuela. El gobierno, que todavía trata de sofocar los disturbios y ha prohibido en los hechos las manifestaciones al oeste de esa plaza, cerró estaciones de Metro para desalentar la llegada de opositores. También obligó a desmontar la tarima que los organizadores habían instalado en el punto de encuentro. Piquetes antimotín de la Guardia Nacional esperaban a los manifestantes.

Es una muestra más de la dialéctica que se ha hecho rutina desde hace dos meses: un gobierno que quiere imponer la normalidad y una oposición que, en la calle, intenta refutarla por todos los medios. El éxito ha acompañado a la segunda que, al precio de mostrar sus propias fisuras y de 41 muertes, puso en evidencia una crisis que la comunidad internacional venía pasando por alto. Ahora, el Gobierno de Maduro confía en que el asueto de Semana Santa y su reciente disposición al diálogo le quite combustible a las protestas. Los días venideros lo dirán.

Fuente: El País

EWALD SCHARFENBERG

La ola de linchamientos ha puesto la inseguridad en el foco de la política

La inseguridad es para la mayoría de los argentinos el mayor problema del país, por delante de la inflación

Un grupo de personas saquea un supermercado en las afueras de Tucumán, en el norte de

Algo marcha mal en una sociedad cuando el vecino solidario, altruista y desinteresado que intenta ayudar a la víctima de un atraco en la calle se convierte al instante en un asesino que apalea hasta a la muerte a una persona y la deja inconsciente en el suelo. Eso ocurrió en la ciudad argentina de Rosario el sábado 22 de marzo cuando dos jóvenes en moto arrebataron el bolso a una mujer de 21 años que caminaba junto a su hija pequeña. Los vecinos capturaron a David Moreira, de 18 años, le produjeron varias lesiones en el cráneo y murió tres días después en el hospital. Su madre Lorena Torres, quien no posee ningún doctorado en leyes, ofreció una lección de civismo y derecho penal con una frase muy sencilla: “Si creyeron que mi hijo cometió un robo, lo tendrían que haber llevado a una comisaría”.

A Lorena Torres le preguntaron qué les diría a quienes mataron a su hijo y respondió: “No les deseo el mal, lo único que les preguntaría es si ellos tienen hijos y si van poder levantarse todos los días y estar en paz con lo que hicieron”. Le preguntaron también, en el diario rosarino La Capital, qué pensaba cuando oye que estas cosas pasan porque los vecinos dicen que están hartos de la inseguridad y respondió: “Entiendo porque vivo la violencia en la puerta de mi casa. Lo vivo cuando tengo que salir a hacer un mandado. Pero yo por eso no salgo a matar a nadie. A mi hijo lo han robado en la calle. Un día volvió sin la campera y el celular. Y no salió a matar. Siguió trabajando hasta que junto para comprarse la campera y el celular. Para agarrar a los ladrones está la policía”.

En Argentina a los ladrones se les llama chorros. Y si van en moto son motochorros. El caso de David Moreira, en vez de frenar la barbarie, alentó la caza del motochorro. Cuatro días después de la muerte de Moreira, en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, de clase media y media alta, se produjo una escena similar.

El periodista y escritor Diego Grillo Trubba fue testigo y lo relató en su cuenta de Twitter: “Un tipo grandote con uniforme de portero estaba arriba de un pibe de unos 16/17 años, inmovilizándolo. De repente, una de las personas del tumulto se acerca corriendo y le mete una patada en la cara al pibe. Los otros que entraban y salían debían haber hecho lo mismo, porque el pibe ya estaba con la cara medio deformada. Para que se entienda: de la boca le salía un río de sangre que primero formaba un charco en las baldosas y luego un reguero hacia la calle. Cada vez que el pibe daba signos de que recuperaba la conciencia, alguien salía de la multitud y le pateaba la cara”.

“De repente”, relató el periodista “uno de los que pateaba se apartó para tomar aire. Se sentó en el cordón de la vereda. Tenía unos 30/35 años. Me le acerco y le apoyo la mano en la espalda. «Ya está, flaco, basta, ya está». El pibe alza la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dice: «Le afanó la cartera a mi mujer, el hijo de puta»”. Grillo Trubba describió cómo los curiosos que pasaban por allí se transformaban en seguida en agresores: “La gran mayoría gritaba ‘mátenlo’. Incluso amenazaron a una mujer mayor que pedía que ya no le pegaran”.

El portero “grandote” que estaba encima del muchacho era quien lo había capturado y, al mismo tiempo, el que logró salvarle la vida protegiéndolo con su cuerpo. “Hice lo que tenía que hacer. Ni a un perro se lo intenta matar así”, relató al canal TN. “No eran todos los que le querían pegar”, añadió. “Estaba dividido y yo sólo quería evitar que le siguieran pegando. Yo les decía, ´ya le pegaste una patada, listo, lo van a matar así”. Pocos días después, una escena similar se volvía a repetir en el adinerado barrio de Recoleta. Unos querían seguir golpeando y otros trataban de evitarlo. Cuando llegó una policía, el supuesto delincuente tenía la cara magullada.

En menos de tres semanas se han registrado una docena de linchamientos. No es fácil mirarse fijamente en el espejo que ofrece a la sociedad argentina las fotos y vídeos de esos linchamientos. El papa Francisco vio el vídeo de la paliza a David Moreira y le escribió a un amigo: “Me dolió la escena. Fuenteovejuna, me dije. Sentía las patadas en el alma. No era un marciano, era un muchacho de nuestro pueblo; es verdad, un delincuente. Y me acordé de Jesús.¿Qué diría si estuviera de árbitro allí? El que esté sin pecado que dé la primera patada. (…) “Me dolía todo, me dolía el cuerpo del pibe, me dolía el corazón de los que pateaban. Pensé que a ese chico lo hicimos nosotros, creció entre nosotros, se educó entre nosotros. ¿Qué cosa falló? Lo peor que nos puede pasar es olvidarnos de la escena”.

Argentina, según un informe publicado esta semana por la ONU, es el tercer país de América Latina con menor tasa de homicidios solo por detrás de Chile y Cuba. Pero aparece como el país donde más robos se perpetran en función de sus habitantes. En cualquier caso, las encuestas revelan que la inseguridad es para la mayoría de los argentinos el mayor problema del país, por delante de la inflación. Los políticos con aspiraciones para las presidenciales de octubre de 2015 no podían desaprovechar la oportunidad de referirse a ella. Ese fue el caso del opositor Sergio Massa, quien declaró que los linchamiento “aparecen porque hay un Estado ausente”. La presidenta, Cristina Fernández, apeló a la calma y a la fuerza de la palabra. Pero, anteriormente, cargo en varias ocasiones el peso de la inseguridad sobre la espalda de los jueces. En diciembre de 2012 señaló: “Hay jueces que dejan en libertad a personas que vuelven a delinquir, a matar, a violar. La gente está cansada de eso”.

La gente también está cansada de que desde la Casa Rosada se eluda hablar de inseguridad o se responsabilice de ella a los gobernadores provinciales y al tratamiento sensacionalista que ofrecen algunos medios. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, ha dado por fin un giro en esa política. Esta semana impulsó la mayor operación contra el narcotráfico. Desplazó a 2.000 agentes nacionales a la ciudad de Rosario, donde se inició la ola de linchamientos, y ordenó que se instalen allí varios meses hasta liberar las zonas más afectadas por la droga. Se trata del mayor caso de colaboración contra la inseguridad entre una provincia gobernada por la oposición socialista y el Gobierno peronista de la Casa Rosada. La sangre llegó al río.

Fuente: El País

Francisco Peregil

Once personas han muerto, 5.000 han sido evacuadas y 500 casas han resultado destruidas

Bachelet decreta estado de excepción para que el Ejército ayude a controlar la tragedia

El fuego ha arrasado cinco cerros de esta ciudad portuaria, donde se ubica el Parlamento

El incendio que asedia la ciudad portuaria chilena de Valparaíso ha causado Once muertos, la destrucción de 500 viviendas y ha obligado a evacuar a 5.000 personas, según un balance parcial. Los militares han tomado el control público de la localidad, a 120 kilómetros de Santiago de Chile, después de que la presidenta, Michelle Bachelet, decretara el estado de excepción para que las Fuerzas Armadas colaboren en aplacar el fuego, que avanza sin control desde la tarde del sábado avivado por los fuertes vientos costeros. “He vivido siempre en el puerto y es la mayor catástrofe que he visto”, ha señalado al canal 24 Horas el jefe regional, el intendente Rodrigo Bravo.

El fuego comenzó a las 16.30 horas en Chile (cinco horas más en la España peninsular) en el camino La Pólvora, una de las carreteras de acceso a Valparaíso, que en 2003 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las malas condiciones climáticas y sobre todo el abundante viento ha provocado que el incendio forestal se extendiera hacia las zonas habitadas de la ciudad. Doce horas después de iniciarse, el siniestro abarcaba unas 270 hectáreas, y afectaba a las zonas pobladas de los cerros La Cruz, El Vergel, San Roque, Las Cañas y Mariposas.

Las víctimas mortales son once , según el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Las autoridades están vigilando permanentemente las condiciones meteorológicas, especialmente la fuerza y dirección del viento, y aguardan a que despunte el día para que entren en acción las aeronaves que pueden descargar agua en las zonas de más difícil acceso, informa Efe. Una decena de albergues han sido habilitados para acoger a las personas que ha perdido sus viviendas, informó Jorge Castro, el alcalde de Valparaíso. El secretario de Estado ha dicho que el jefe de la Primera Zona Naval, el contraalmirante Julio Leiva, será el encargado de liderar las labores para aplacar las llamas.

Valparaíso es una de ciudades con mayor número de habitantes de Chile y está conformada por una cuarentena de cerros a la orilla del océano Pacífico. Las calles son estrechas y empinadas, lo que ha dificultado el acceso de los bomberos, y la mayoría de las construcciones son antiguas. El mayor puerto del país, donde funciona el Congreso Nacional, en los últimos años se ha transformado en un polo de atracción turística. Miles de extranjeros llegan a observar el patrimonio cultural de la ciudad, donde el poeta Pablo Neruda tenía una de sus peculiares viviendas, La Sebastiana.

Las imágenes son desoladoras y han provocado conmoción en las redes sociales como Twitter. Las actividades nocturnas han sido suspendidas en toda la ciudad, según informó el intendente, y tres aviones y cuatro helicópteros esperan la luz del día y mejores condiciones meteorológicas para poder combatir la emergencia.

Esta es la segunda gran tragedia que ha debido enfrentar Bachelet desde que el 11 de marzo pasado asumió su segundo período en el Gobierno: el 1 de abril un terremoto de magnitud 8,2 azotó el norte de Chile. El seísmo produjo seis muertos y provocó graves daños en la infraestructura de ciudades como Iquique y la destrucción de localidades humildes, entre ellas Alto Hospicio.

Fuente: El País

Fotos HF