Australia estudia el impacto político del «caso Djokovic», en el que dejó la puerta abierta para que el tenista serbio pueda volver tras su deportación «si se dan las circunstancias adecuadas», sin necesidad de cumplir los tres años de prohibición para entrar en el país.
La expulsión de Djokovic de Australia anoche puso fin a un culebrón mediático que comenzó el 5 de enero cuando el serbio llegó con una exención médica que le permitía jugar el Abierto de Australia y que después dio paso a dos arduas batallas legales para recurrir sendas cancelaciones de su visado y dos detenciones en un hotel.
La derrota en este pulso con el Gobierno de Australia, que aplicó una de las políticas más duras del mundo contra la pandemia de la covid-19, supone también que la raqueta número uno del mundo no pueda entrar al país oceánico en virtud de la sección 133c(3) de la Ley de Inmigración, a menos de que existan «circunstancias excepcionales».
Tras abanderar en los últimos días el mantra «las reglas son las reglas» frente al caso de Djokovic, el primer ministro australiano, Scott Morrison, ahora le abre la puerta al tenista para que retorne al país «en las circunstancias adecuadas», según dijo en una entrevista con la emisora 2GB.
No obstante, el mandatario insistió en la fortaleza de sus fronteras, reconoció el «sacrificio de los australianos» durante la pandemia e insistió en que los extranjeros que entran a Australia tienen que estar vacunados contra la covid o tener una exención médica válida, al justificar la polémica deportación.
Coste político
Si bien, la expulsión del deportista balcánico causó indignación en Serbia, que la tachó de «escandalosa», «cacería de brujas» y de «farsa», en Australia, Morrison parece haber minimizado la desazón del país balcánico en favor de lo que pasa en casa.
Según los analistas, el coste político de dejar que Djokovic se quedara era muy alto para Morrison, que este año se enfrenta a unas elecciones generales, teniendo en cuenta que el tenista que no está vacunado, había dado información falsa sobre su viaje y acudido a una entrevista con un medio francés el mes pasado sabiendo que estaba con covid.
«En la política, como en el tenis, todo el mundo lleva la cuenta de resultados, y Novak Djokovic acaba de perder un partido con números políticos básicos», apuntó hoy el periodista David Crowe en su análisis en el diario Sydney Morning Herald (SMH).
La decisión del mandatario liberal también tomó el pulso al sentir de la población de Australia, caracterizada por creer en que todos tienen un «fair go» (igualdad de oportunidades), ya que un 71 por ciento apoyaba la expulsión del tenista de 34 años, según datos de un sondeo publicado el fin de semana por el SMH.
En Australia, en donde más de un 91 % de la población objetivo está vacunada, se viven momentos de preocupación por la irrupción de la variante ómicron que ha causado problemas en las cadenas de abastecimiento y en los servicios por unos números disparados de infecciones, así como la escasez de pruebas de antígenos.
El señalado de la COVID
Por otro lado, aunque la oposición no ha cuestionado frontalmente las razones de la deportación, sí ha arremetido contra el Gobierno por los fallos a la hora de gestionarlo.
Se le critica por no haber detectado el problema antes de la llegada de una figura de tan alto perfil, así como por las demoras en el anuncio de la segunda cancelación del visado por parte del ministro de Inmigración, Alex Hawke.
«Esto es un absoluto caos. Por no hablar de lo que nos está haciendo parecer ante el resto del mundo» espetó la semana pasada la senadora independiente Jacqui Lambie.
Por su parte, la portavoz laborista del Interior Kristina Keneally criticó la dureza con la que se ha tratado a un extranjero cuando hay miembros en el propio gobierno de Morrison que «incitan al sentimiento antivacuna y socavan el programa de inmunización».
Fuente: Meridiano
