Comerciantes del municipio Caroní rechazan el aumento de las alícuotas de impuestos municipales y el mínimo tributable en un contexto de paralización parcial de pequeñas y medianas empresas, inflación y bajo consumo durante la pandemia por COVID-19.
Por Laura Clisánchez / correodelcaroni.com
En un comunicado reciente, Fedecámaras Bolívar manifestó que el aumento de impuestos en este contexto no solo afecta a los principales agentes económicos que se mantienen activos, sino que disminuye cada vez más los incentivos para desarrollar actividades económicas formales en el país y en este caso en Bolívar.
La voracidad fiscal es una de las estocadas más fuertes contra el ya asfixiado sector comercial, especialmente para pequeñas y medianas empresas que han perdido su capacidad de generar ingresos durante la pandemia.
Fedecámaras señala que, aunque el pago de tributos es importante para la economía, se aplica de forma impositiva sin medir el impacto económico diferenciado que tiene sobre las compañías.
La petición de alivio tributario para las empresas que no han podido laboral incluso en el esquema de flexibilización 7 + 7 que han emitido gremios como Camcaroní permanece desoída por la Alcaldía pese a que no considera la condición precaria en la que muchos establecimientos comerciales, industriales o de prestación de servicios se encuentran por el efecto de la pandemia.
El presidente ejecutivo de Fedecámaras Bolívar informó que hasta ahora no ha sido posible llegar a un acuerdo entre las alcaldías y los gremios empresariales de cada municipio.
Señaló que es importante que la Ordenanza Municipal del Impuesto Sobre Actividades Económicas (ISAE) se aplique de forma diferenciada tomando en cuenta las características y necesidades específicas de cada municipalidad, además de permitir una mayor flexibilización laboral que permita a los contribuyentes recuperar dentro de lo posible su capacidad de generar ingresos en un contexto pandémico.
“Queremos presentar ante las autoridades las dificultades y particularidades de los gremios empresariales de cada municipalidad para poder llegar a un acuerdo que nos permita trabajar”, dijo en entrevista con Correo del Caroní.
Una reforma confiscatoria
El Tribunal Supremo de Justicia había suspendido el pago de tributos municipales hasta que hubiese un régimen de armonización tributaria. Durante la alarma sanitaria, la sentencia protegía la actividad comercial de una tributación excesiva.
Pero a partir de noviembre de 2020 y de acuerdo con la Gaceta Municipal número 130/2020, se aplicó una reforma a la ordenanza del Impuesto Sobre Actividades Económicas (ISAE) en la que se aumentó el monto de las alícuotas impositivas por encima del promedio. Sobre esto, las cámaras de comercio de los municipios Piar y Caroní se pronunciaron.
Las alícuotas impositivas son el monto que cada empresa debe pagar a la Alcaldía según el rubro o la categoría económica a la que pertenece su producto o servicio. Después de la ordenanza, 65% de esas categorías sufrió un aumento por encima del 90% en promedio.
Eso también implicó el aumento del mínimo tributable, que es un monto que los negocios deben pagar al Ayuntamiento, aunque no estén activos, y ese monto se ancló al petro sin respetar la capacidad contributiva de las empresas especialmente en tiempos de contracción económica.
“Resulta una cantidad elevada sobre todo en negocios que no están operativos a lo que se suma una voracidad fiscal que elevó el monto del mínimo tributable en función de este anclaje al valor del petro”, explicó el vicepresidente de finanzas de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní, Camilo London.
El aumento de esa tasa descapitaliza a las pequeñas y medianas empresas. “Y es una realidad en muchas de las compañías que funcionaban en el municipio Caroní y que han cerrado sus puertas o han pasado al sector informal”, afirmó.
Aunque hasta ahora Camcaroní no tiene cifras exactas ni actualizadas, hasta julio de 2020 estimaba que 30% de sus agremiados habían cerrado sus puertas definitivamente o cambiado de rama.
Es lo que le sucedió al negocio de comida de Sergio Dos Santos, con 10 años de trayectoria comercial en Ciudad Guayana. El aumento de los impuestos determinó que bajara la santamaría por completo, pues llevaba meses paralizado, y ya no podía pagar el mínimo tributable para mantener su licencia de actividad comercial.
“Ya estaba pagando 15 millones por una empresa que no estaba produciendo, tuve que cerrarla por completo, ya veremos qué podremos hacer después, toca empezar de cero”, señaló.
“Es que, es saber cuánto tienes que vender por rubro mínimo para poder llegar a ese mínimo tributable… no fuese tanto si estuviésemos produciendo normal, pero nuestras ventas han bajado en al menos un 80%, hay locales cerrados al 100%”, expresó por su parte Ricardo Lobina, dueño de una cafetería en Ciudad Guayana.
Explicó que, en su caso, en promedio debe lograr vender -si abriera los cinco días a la semana, todas las semanas en horario completo-, al menos 20 dólares diarios para pagar el mínimo tributable que le corresponde por su rubro, por el que debe cancelar entre 12 y 15 dólares mensuales. “Pero es que eso ahorita no se vende, hay días en los que logro vender un dólar… sobre todo en semanas de cuarentena radical”, dijo.
A lo que se suma los 75 dólares mensuales que debe pagar por el recibo de electricidad de Corpoelec por las dos neveras, dos frízeres, máquina registradora, y la máquina de café que tiene en su negocio. Este servicio público también aumentó sus tarifas durante la pandemia, cuando hay un menor consumo eléctrico por la disminución de la actividad comercial. Junto a los precios del combustible y el aumento de los impuestos, la factura de electricidad se suma a la lista de factores que asfixian al sector comercial.
“El vendedor informal, que son muchísimos -y no los critico porque están sobreviviendo-, pueden trabajar, pero al vendedor formal lo están tirando contra las cuerdas”, acotó.
La Cámara de Comercio e Industrias del municipio Piar condenó que compradores de oro, vendedores y transportistas informales puedan desarrollar libremente sus actividades mientras el sector comercial formal que respeta las medidas de bioseguridad, genera empleos y paga impuestos municipales y nacionales permanezca atado a un esquema que reduce considerablemente su capacidad de generar ingresos.
Además, también se pronunció en contra del aumento de los impuestos y del mínimo tributable: “exhortamos a las autoridades a hacer una revisión de las tarifas de los impuestos, nos encontramos asfixiados por el incremento en los mismos (…) no parece tener en cuenta las condiciones actuales del sector”, versó el comunicado.
Los impuestos y tarifas de servicios públicos aumentan conforme disminuye la actividad económica en un contexto pandémico, lo que acorrala cada vez más a las pequeñas y medianas empresas que luchan por mantenerse activas y en la formalidad.
