Tiene 17 años de edad y siempre ha estado fuera de lugar. El 29 de junio ocurrió una tragedia que ni sus familiares ni sus maestros ni alguna autoridad estatal fueron capaces de evitar. Sólo hasta que figuró en las páginas rojas de los diarios como el presunto homicida de dos niños y el intento de violación de otra menor de edad se prestó atención al adolescente que se convirtió en delincuente antes que en adulto.
El crimen ocurrió en la parte alta de El Placer, en el barrio Guacarapa, Guarenas, adonde sólo suben los que deben recorrer una resquebrajada escalinata y saltar basura y aguas negras para llegar hasta sus casas. En los tres últimos ranchos de zinc vivía el muchacho y su familia. En el más pequeño y precario, él con sus abuelos.
En el del medio y el único con piso de cemento, la madre, su marido y seis hijos. En el tercero, al borde de un barranco, la hermana mayor con su pareja y tres niños. El lugar fue arrasado por la furia de los dolientes de las víctimas que se apresuraron a tomar venganza. Antes que la policía, llegaron, identificaron al presunto homicida e incendiaron las tres viviendas. Los que allí vivían huyeron a Barlovento. Sólo quedó en pie un chamuscado árbol de mamón que el agresor habría utilizado como anzuelo.
Detrás de El Placer está la montaña que colinda con Ciudad Belén, de donde salieron los tres niños, aproximadamente a las 4:00 pm de aquel sábado. Eunice García, hermana de uno de los ultimados, se refiere a la versión de la sobreviviente: «El muchacho los interceptó en el camino y los acompañó hasta la mata de mamón. Como se estaba haciendo de noche, los niños le pidieron ayuda para regresar a Ciudad Belén. Pero, en vez de ayudarlos, él intentó abusar de la niña. Mi hermano y el otro trataron de defenderla y fue cuando sacó un cuchillo y los apuñaleó a todos. Ella cuenta que se hizo la muerta y cuando el agresor se fue, escapó hasta llegar a Ciudad Belén».
Jorge Martínez, residente de El Placer, asegura que no era la primera vez que esos tres muchachos llegaban en busca de mamones y que eran acechados por el adolescente que arremetió en su contra: «Todo ocurrió detrás del rancho donde ese tipo vivía con sus abuelos. Allí encontraron ropa ensangrentada y el cuchillo que utilizó. Él se quedó por aquí como si nada. Al día siguiente, cuando vinieron los policías, yo les dije: `El carajito que ustedes andan buscando es ese que está allí sentado».
En este caso el principio de «prioridad absoluta» establecido en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para asegurar la atención integral de niños, niñas y adolescente ha sido letra muerta. A los fracasos en la familia, la comunidad y la escuela se suman los errores y omisiones del Estado en la efectiva aplicación de la Lopnna, aprobada en 1997.
Los niños hasta los 12 años de edad son inimputables. A los que tienen entre 12 y 18 años de edad se les denomina adolescentes en conflicto con la ley penal y están sometidos a un régimen de responsabilidad diferente al de los adultos. Por más grave que sea el delito, la ley prohíbe aplicarles una sanción mayor a 5 años de reclusión.
Los informes anuales del Ministerio Público indican un incremento de 36% de adolescentes investigados por la comisión de delitos en los últimos 4 años. En 2009, fueron 13.028; en 2010, 14.537; en 2011, 16.796; y en 2012, 17.721.
Las acusaciones fiscales, que implican la demostración de la comisión de delitos, aumentaron 32,54%, mientras que 38,78% fue el incremento de los sobreseimientos, que conducen a la exoneración de responsabilidad penal.
Seis meses antes
Sus vecinos más cercanos no escatiman expresiones de odio hacia el agresor y su familia: «Hasta entre ellos mismos se caían a puñaladas por cualquier cosa», afirma Tony Romero. A menos de 10 metros vive Diana Martínez, que tiene más razones para repudiar al adolescente: «Él había apuñaleado a mis 2 hijas, de 10 y 11 años de edad», y muestra las cicatrices que tiene en medio del pecho y en el brazo una de las niñas.
«Eso ocurrió el 24 de diciembre del año pasado. Las mandé a comprar unos refrescos. En el camino, él se les acercó e intentó tocar a la mayorcita. Como no se dejó, agarró el cuchillo y se lo clavó en el pecho y en el brazo. A la más pequeña la hirió en el cuello, a la altura del riñón y varias veces en la espalda», señala.
Martínez lo denunció ante la Fiscalía: «Lo agarraron el 25 de diciembre, pero sólo estuvo preso hasta el 23 de enero. Fui a pedir que lo volvieran a encerrar, pero la fiscal me dijo que, como era un menor de edad, lo amparaba la ley y, además, tenía problemas psicológicos. Que la familia pagó 200 unidades tributarias y que tenía que salir».
La mujer conserva copia del oficio a través del cual la fiscal auxiliar 18 del Ministerio Público, Mariell Antonella Padrón, solicitó al Cicpc la experticia al cuchillo que habría utilizado el adolescente contra sus hijas.
«Todavía estoy esperando por lo que me dijo la fiscal: `Yo te llamo cuando se vaya a realizar la audiencia», se Padrón y Ana Olivier, titular de la Fiscalía 18 del Ministerio Público, se negaron a informar sobre el caso, pero fuentes de la Fiscalía General de la República precisaron que el agresor recuperó su libertad porque le imputaron el delito de lesiones leves en vista de que las heridas no comprometieron órganos vitales y tuvieron un lapso de curación no mayor de 10 días. La Lopnna sólo admite medidas privativas de libertad cuando se trata de lesiones graves o delitos mayores.
Las fuentes consultadas precisaron que ni la Fiscalía 18 ni la jueza Primero de Control de Miranda, Ana Milena Olavaria, requirieron alguna evaluación psicológica o psiquiátrica antes de liberarlo. Habrían asumido el asunto como un caso más, en el que no hay muertes que lamentar ni trascendencia en la prensa.
Pero el riesgo se mantuvo intacto
«Ese muchacho regresó al barrio como si nada. Y en vez de hacer algo para alejarlo de mis niñas, la fiscal me decía que éramos nosotros los que debíamos mantenernos distantes de él. Llegó a decirnos que agarráramos otro camino para llegar a nuestra casa para no toparnos con ese malandro. Cómo se ve que esa fiscal no ha subido por estos cerros», reclama la madre.
Correspondía al Consejo de Protección del municipio Plaza resguardar la integridad física de esas dos menores de edad, pero ni siquiera se enteró del caso. «Si un fiscal o un juez no nos notifica que han dejado en libertad a un agresor y que existe el riesgo de que vuelva a agredir a niños, niñas o adolescentes, ¿qué podemos hacer?», explica la consejera del municipio Milbeth Muñoz.
El proceso judicial quedó en el limbo
Los efectos de la impunidad se manifestaron en poco tiempo y en forma extrema con lo ocurrido a los tres niños de Ciudad Belén.
La burocracia traba y frustra
A los 15 años y 10 meses de edad, el agresor aprobó el sexto grado en la escuela Rosendo Urpiano Armas, en la calle principal de Guacarapa. «Contamos con muy pocos recursos materiales, pero hacemos lo posible para lidiar con los problemas de los escolares que provienen de familias disfuncionales, sobreviven en pobreza extrema o son víctimas de otros tipos de violencia», afirma la psicopedagoga Reyna Romero.
«Nuestro principal objetivo es que no deserten», insiste y asegura que lo único que diferenciaba al alumno eran sus dificultades de aprendizaje y que, como la mayoría de los hermanos que estudiaron en la misma escuela, era muy retraído: «Él estuvo incorporado al sistema de Aula Integrada. A duras penas aprendió a leer y a escribir. En una oportunidad conversamos con su madre y le sugerimos que le hicieran evaluaciones psicológicas para determinar las causas de su bajo rendimiento. Pero en estas comunidades de Guacarapa las familias son extremadamente pobres y es casi imposible que puedan costear tales evaluaciones. Lo ideal es que recibieran ayuda del Consejo de Protección, pero lo real es que de ninguna manera se les presta la asistencia que necesitan».
Una psicopedagoga no es psicóloga ni psiquiatra
Es encomiable el trabajo que hacen estas maestras, pero el muchacho que agredió a las niñas debió recibir atención integral antes de que incurriera en el primer delito», subraya como otra grave omisión Gloria Perdomo, investigadora y docente de la Universidad Católica Andrés Bello.
La especialista destaca el desafío que implicaba la entrada en vigencia de la Lopnna, en 1998: «Era imprescindible que el Estado cambiara. Quince años después, lamentablemente eso no ha ocurrido y la burocracia frustra la efectiva aplicación de las normas». Perdomo sostiene que era necesario evaluar al agresor física y psicológicamente, así como un estudio exhaustivo de su grupo familiar y de su entorno.
Con un diagnóstico riguroso, se debieron activar los programas necesarios: psicopedagogía, contención de la violencia, orientación de los padres, asistencia socioeconómica. «No hay recetas preestablecidas. La idea es disponer de la mayor variedad de opciones y articularlas de acuerdo con las particularidades del caso», explica.
En relación con las dos niñas agredidas, considera que debieron ser remitidas a centros de atención especializados, pero advirtió que el único establecimiento de ese tipo en el Área Metropolitana de Caracas es la Fundación Oficina Nacional de Denuncia del Niño Maltratado. «Las donaciones no han sido suficientes para impedir su progresivo debilitamiento. No tienen con qué pagar al personal y apenas dan algunas charlas», asegura.
Idenna y Fiscalía, dos responsables. «La presidenta (Litbell Díaz Aché) manda a decir que eso no es competencia nuestra, sino del Ministerio de Relaciones Interiores», fue la respuesta oral de la oficina de prensa a las preguntas que El Nacional formuló por escrito a la máxima autoridad del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sobre la organización y funcionamiento del sistema penal de responsabilidad del adolescente.
El artículo 137 de la Lopnna establece que es deber del Consejo Nacional de Derechos coordinar las instancias del sistema. «El Idenna no se puede desentender del asunto», reclama Perdomo.
Durante mucho tiempo nadie quiso asumir la coordinación del sistema penal de responsabilidad del adolescente, explica Carla Serrano, también investigadora de la UCAB. Hace año y medio se atribuyó al Ministerio para el Servicio Penitenciario lo relativo a medidas de reclusión y medidas alternativas a la privación de libertad. «La duda es si el nuevo ministerio, que no ha podido con las cárceles de adultos, podría administrar con éxito los centros de reclusión de adolescentes y las medidas alternativas», advierte. Anahí Arismendi, viceministra de Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, tampoco estuvo disponible para informar cómo ha afrontado el reto.
Serrano advierte que el sistema está condenado al fracaso si todas sus instancias no funcionan coordinadas: «Todo comienza por la inexistencia de cuerpos de investigación y servicios forenses especializados en niñez y adolescencia. Una niña víctima de abuso nos decía que lo que más recordaba del Cicpc es el mal olor. Se refería al vaho que emiten los cadáveres de la morgue de Bello Monte, donde tuvo que esperar varias horas para ser evaluada y obtener la certificación médica de los daños sufridos».
De la agresión contra las dos niñas de El Placer, la académica reprocha al Ministerio Público: ¿cómo las fiscales subestimaron el asunto como un simple caso de lesiones leves sin considerar que las víctimas eran menores de edad y una de ellas fue herida en el pecho con un cuchillo?, ¿cómo permitieron que el agresor volviera a estar cerca de sus víctimas? «Es sencillamente una mala praxis judicial. El problema no está en la ley ni en el sistema penal de responsabilidad del adolescente sino en las personas que la ejecutan», denuncia.
Como un preso común
El 27 de julio su hijo cumplía casi un mes de reclusión en el calabozo de la subdelegación del Cicpc de Guarenas, junto con aproximadamente 30 adultos. Los reclusos pueden hablar con sus familiares una vez a la semana, a 2 metros de distancia, sin tocarse, separados por una reja, sin privacidad alguna y por no más de 10 minutos.
«Llegué tarde porque le estaba comprando un cuaderno
Allí también está preso un profesor que lo va a poner a hacer tareas», explica la mujer que comparte con su hija mayor el trabajo de trasladarse de Barlovento a Guarenas todos los días para llevarle comida y ropa al agresor. Repetidamente manifiesta otra angustia: «Lo peor que me puede pasar es que me boten del trabajo que tengo como obrera de la Policía de Plaza. He tenido que guapear sola, a mí nadie me ha ayudado nunca, ni siquiera el papá de mis hijos. Humildemente, les doy lo que puedo, pero a veces no tenemos ni para comer». Ni los familiares ni el detenido entienden el proceso judicial en el que están involucrados.
La hermana asegura que no les han dicho exactamente de qué lo acusan, ni en qué estado está el proceso, y que lo último que supieron es que hubo un relevo del defensor público que lo estaba asistiendo.
Destino incierto
Mary Carmen Rondón, ex coordinadora del área penal de la Dirección de Familia del Ministerio Público, explica que, en la mayoría de los casos, es imposible que la Fiscalía recabe suficientes elementos de convicción que le permitan fundamentar un acto conclusivo en los reducidos lapsos que establece la Lopnna. «El riesgo es que se produzca una excesiva prolongación de la detención preventiva del adolescente y, como en este caso, en un lugar inadecuado y junto con adultos. Esta historia revela que el Estado nunca ha sabido qué hacer con este muchacho. No lo hizo cuando se le imputó por la agresión de dos niñas que eran sus vecinas. No lo está haciendo ahora que lo mantiene en el calabozo de una sede judicial. Y probablemente no sabrá qué hacer cuando el juez de control decida su destino», señala.
El adolescente podría ser eximido de toda responsabilidad penal si se verifica que pade- ce perturbación mental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 619 de la Lopnna. Fuentes del Ministerio Público informaron que sería sometido a una segunda evaluación psiquiátrica. Zenaida Ortega, profesora de Protección Jurídica a la Niñez y la Adolescencia en la Universidad Central de Venezuela, resume otra falencia del sistema: «En todo el país no existe una institución con los recursos y el personal adecuado para albergar a un muchacho con estas características, y eso no se construye de la noche a la mañana».
Hace dos meses está detenido; este mes cumple 18 años de edad y para entonces quizás permanezca en el mismo calabozo policial. No podría ir a un centro de reclusión para adolescentes ni a una prisión para adultos. «En el país no se ha creado un programa para jóvenes adultos en conflicto con la ley penal que dé respuesta adecuada a esta circunstancia.
En definitiva, de comienzo a fin, este caso deja en evidencia los fracasos del Estado y de toda la sociedad venezolana en el intento de proteger a nuestros niños y adolescente», concluyó Perdomo.
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