Las protestas contra la construcción de una las dos cárceles de máxima seguridad que busca erigir en Ecuador el presidente Daniel Noboa con un modelo comparado al de Nayib Bukele en El Salvador crecieron y se intensificaron el jueves (12.12.2024), tras conocerse que el Gobierno ya ha adjudicado la obra proyectada en Archidona, una población de la Amazonía ecuatoriana.
«No a la cárcel, no a la cárcel», se escuchaba en esta localidad de la amazónica provincia de Napo durante una multitudinaria asamblea celebrada este jueves por las organizaciones que desde hace diez días impulsan las movilizaciones con bloqueos en torno a la urbe, y a las que ahora se han sumado también oficialmente el movimiento indígena.
Allí, con unas 3.000 personas concentradas según los promotores de las manifestaciones, acordaron continuar con las manifestaciones, y acto seguido se dirigieron hacia la plaza principal de Archidona para protestar frente a la Gobernación (Delegación del Gobierno de Napo), tras romper el cerco de vallas que había dispuesto la Policía.
«Esta es una lucha del pueblo y de la ciudadanía porque no queremos la cárcel, queremos la vida y la paz», señaló durante la asamblea la alcaldesa de Archidona, Amanda Grefa.
Potenciar el turismo en la región
Una de las participantes en la protesta, Mélida Aguinda, aseguró que existe miedo ante lo que pueda traer la cárcel para las comunidades locales y para los jóvenes. «No queremos una cárcel, queremos repotenciar el turismo, infraestructura, escuela, carreteras y hospitales. Eso no se ha visto en los gobiernos que apoyen a la Amazonía», dijo la mujer.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), a través de su líder y candidato presidencial Leonidas Iza, ya había advertido a inicios de semana que radicalizaría las protestas si la administración de Noboa insistía en llevar adelante una obra sin consulta previa a los pueblos originarios de este lugar.
La otra cárcel de máxima seguridad promovida por Noboa ya está en obras en la costera provincia de Santa Elena, aislada en torno a un bosque seco donde una comunidad cercana ha presentado una acción de protección a la Justicia para que paralice la construcción, al alegar que correspondía que se les hubiese realizado una consulta previa sobre este proyecto carcelario.
De acuerdo a lo anunciado por el Gobierno, cada una de estas dos cárceles tendrá capacidad para 736 presos, un tamaño mucho menor al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel insignia de Bukele en El Salvador, donde según las cifras oficiales tiene capacidad para 40.000 pandilleros.
Ambas cárceles han sido presupuestadas por cerca de 52 millones de dólares.
