Consultado el economista Juan José Pérez sobre los recientes anuncios en materia económica hechos por el Estado, entre otros, reformar aspectos de la Ley de Costos y Precios Justos y convertirse en el único autorizado para establecer el precio a los productos de consumo, indicó que el Ejecutivo Nacional con esta serie de medidas apunta a hacer más intensos los controles que ejerce sobre los productores, comerciantes e importadores, lo que calificó de «más de lo mismo”. Señaló que esas medidas proponen atacar las causas del problema de la inflación en Venezuela, el desabastecimiento y la pérdida del poder adquisitivo, bajo un esquema ideológico simple, representado en una especie de novela económica, en la que hay un grupo de individuos perversos y otros que son funcionarios públicos en calidad de protectores.
Bajo esa óptica de satanizar a los productores locales es muy difícil que se pueda lograr uno de los objetivos de incremento de la producción nacional, expuso. En el caso de la reforma a la Ley de Precios Justos, se restringirá aún más la economía interna, ya que se pretende que la tasa de ganancia actual de 30% se reduzca a 20%, mientras para productos importados debe fijarse a dólar preferencial 6,30 o a dólar Simadi. En tanto, para bienes producidos en Venezuela la comercialización no puede pasar del 60%.
Además, se intenta acentuar el aspecto punitivo y de sanciones que restringa las disposiciones contenidas en la ley, así como incrementar la participación del poder popular para que sean vigilantes de los precios que establecerá únicamente el Gobierno, y no los comerciantes.
Determinó que con estas medidas el Gobierno solo regulará una economía importada, pero no los bienes del comercio y de prestación de servicios que constituyen dos tercios de la economía venezolana, representado en la mecánica, construcción, educación y peluquería a al que se dedica la mayoría. «En definitiva, desde el ámbito académico no se está aplicando ninguna medida en serio para resolver el problema”, sentenció.
Inflación en alza
Puntualizó que es inaplicable un margen de ganancia impuesto por el Gobierno a los comerciantes a dólar 6,30, ya que el que compra a ese precio es el propio Estado para abastecer las redes de alimentación pública, ya que al sector privado le otorga pocas divisas con la que logra adquirir algunas medicinas.
Advirtió que el nivel inflacionario actual superó el límite de cien, y recordó que desde diciembre de 2011 pasó de 12 a 20, en 2012 a 30 y luego a 60 hasta el se tiene a la fecha.
Deploró que hasta ahora no haya un diseño claro de solución las medidas económica de este Estado, sino que otro elemento que utiliza es incorporar a integrantes de consejos comunales y otros activistas afectos al Gobierno para perseguir a comerciantes y echarle la culpa al sector productivo de lo que está ocurriendo, y una suerte de exculpar al Gobierno que está imprimiendo dinero inorgánico dese hace tiempo lo que aumenta la inflación.
Fuente: El Impulso / Richard Alexander Lameda
